Magistrados: Plan para vender el BCR afecta organización del Poder Judicial

(CRHoy.com).-El proyecto con el que el Gobierno de la República pretende la venta del Banco de Costa Rica (BCR) "afecta el funcionamiento y la organización" de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo determinaron la mañana de este lunes 18 de los 22 magistrados, luego de conocer un informe de Luis Guillermo Rivas Loáiciga. Una amplia mayoría de los altos jueces se separó del criterio preparado por el presidente de la Sala Primera, por considerar que la iniciativa de la administración de Rodrigo Chaves Robles incide en sus funciones administrativas y jurisdiccionales.

La discrepancia con ese pronunciamiento fue liderada por la magistrada Iris Rocío Rojas Morales, quien explicó que, desde su perspectiva, el servicio de pago de deudas alimentarias y su traslado a sus beneficiarios forma parte de la ejecución de resoluciones judiciales.

"Es función del Poder Judicial no solo dictar sentencia, sino, según la Constitución Política, ejecutar lo juzgado. Esta es una ejecución material de lo juzgado al poner a disposición del acreedor alimentario o del juzgado, cuando tenga que hacerse un depósito, los recursos", destacó la alta jueza de la Sala Segunda.

Rojas Morales además calificó de "irrazonable por desproporcionado" el plazo de seis meses dado por el transitorio V del plan parlamentario 23.331 para el traslado de los depósitos y operaciones de cuenta corriente y de ahorro efectuadas con esa entidad financiera, ajustándose a lo dispuesto al artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que establece las instituciones públicas solo podrán realizar sus operaciones por medio de bancos comerciales del Estado.

"Ese es un plazo desproporcionado tomando en cuenta que el Banco de Costa Rica es un colaborador de la administración de la justicia en términos de realizar estos depósitos, que para mí son ejecución material de una resolución jurisdiccional. Desde luego que si el usuario recibe el beneficio con solo tener una cuenta abierta y no se le acredita un costo adicional, si otra entidad bancaria, que no lo sabemos, va a cobrar por estos servicios, habría que trasladárselo a los usuarios porque el Poder Judicial no podría disponer de recursos en su presupuesto para facilitarle a los acreedores alimentarios y la situación de estos está protegida por convenciones de derechos humanos", resaltó la magistrada.

Otro punto al que hizo alusión la alta jueza son las cartas de entendimiento suscritas por el Poder Judicial con la entidad financiera para permitir el uso de bienes inmuebles de su patrimonio. Lo anterior en el tanto que la Corte actualmente utiliza un edificio del Banco de Costa Rica en barrio Los Ángeles, en San José, como bodega y archivo del Departamento de Proveeduría; así como otro en Nicoya, que sirve de sede a varios despachos civiles.

De romperse ese pacto, por un cambio en la naturaleza jurídica de una de las partes, el Poder Judicial deberá aumentar su presupuesto de alquileres. Lo anterior aún y cuando, recientemente, la Corte sufrió un recorte ¢7.838 millones que podrían derivar en el cierre técnico de algunos de sus órganos, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como denunció el 10 de octubre su director general, Wálter Espinoza Espinoza (Q.E.P.D.).

El Banco de Costa Rica en la actualidad tiene a su cargo la operación del sistema automatizado de depósitos judiciales, la administración de cuentas corrientes, el sistema de depósitos judiciales y servicios bancarios, así como las cuentas corrientes administrativas.

Rojas Morales fue respaldada públicamente por los magistrados Jesús Ramírez Quirós, Hubert Fernández Argüello (suplente) y Maureen Solís Madrigal (suplente) e Ileana Sánchez Navarro (suplente).

Informe discrepa

La discusión sobre el proyecto que pretende la venta del Banco de Costa Rica se originó a raíz de un criterio solicitado por la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración del Congreso, en la que se tramita la iniciativa anunciada por el mandatario Rodrigo Chaves Robles en su discurso de los 100 días, el 16 de agosto.

Ese pronunciamiento se le encomendó al magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, quien concluyó en su informe:

"Para efectos de lo establecido en el artículo 167 de la Constitución Política, y 59, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el contenido denominado Ley de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica no incide en la organización y el funcionamiento sustantivo del Poder Judicial, siendo que no establece nuevas obligaciones para la administración de justicia ni tampoco limita las que actualmente ejerce.

"No obstante, sí tendría una serie de implicaciones operativas de todos esos servicios por los un eventual cambio del proveedor de servicios financieros que tendrán analizarse y buscarse alternativas que permitan dar continuidad a los servicios que ofrece la institución en cumplimiento de sus funciones conforme lo determinan las normas de control interno".

Fue después de escucharse el reporte de Rivas Loáiciga que empezaron los pronunciamientos en sentido opuesto de lo señalado. Finalmente, la votación acabó 18 contra 2, por lo que el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, encomendó a la Dirección Jurídica preparara el informe para que fuera luego revisado por los jueces intervinentes: Iris Rocío Rojas Morales, Jesús Ramírez Quirós, Hubert Fernández Argüello, Maureen Solís Madrigal e Ileana Sánchez Navarro.

La determinación de la cúpula del Poder Judicial obliga a que, para ser aprobada en el Parlamento, esta supere los 38 votos.