Junta de Pensiones acumula ¢7.500 millones por aportes de personal judicial

(CRHoy.com) El aporte que mes a mes hacen los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia por concepto de administración de sus pensiones generó una reserva de ¢7.500 millones en los últimos 5 años.

La cifra fue confirmada por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones (Junafo) ante consulta de CRHoy.com.

El director del órgano, Oslean Mora Valdez, explicó durante una entrevista con este medio que por ese concepto, ingresan unos ¢1.800 millones al año que, por mandato del artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se destinan a la gestión del régimen. A ese aporte se le conoce como el 5 x 1.000 y equivale a un 0,5% del salario.

"Quiero hacer dos aclaraciones con este aspecto. Número uno, los integrantes de la Junta Administradora, que es la cabeza, el cuerpo colegiado que administra; no reciben ni un colón de este 5 x 1.000. No tienen dietas, no tienen salarios de esta naturaleza. Realmente es una contribución que están haciendo ad honorem, en todo sentido.

"Número dos, salarios de las plazas nuevas que se han contratado para administrar el régimen son cubiertas en un 100% con recursos del 5 x 1.000. Entonces, por voluntad del legislador, en la reforma del 2018, se hace el traslado del erario público, que antes consumía todos los gastos del Fondo, se decide hacer un traslado y ya ahora con el 5 x 1.000 se hace la cancelación de todos estos servicios", explicó el vocero.

A ello deben sumarse otra serie de gastos, según Mora Valdez.

"Todo lo que sea necesario para la correcta gestión del régimen. Temas, por ejemplo, de acceso a los sistemas de bolsa, temas de los integrantes externos que se exigen en los componentes técnicos, temas como de desarrollo de sistemas o software específico para el Fondo… todos estos elementos adicionales que se están cancelando con el 5 x 1.000", enumeró.

También debe contemplarse el pago de horas de un actuario matemático, para la confección de un estudio anual exigido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia de Pensiones (Supén), señaló por su lado el presidente de la Junta Administradora, Juan Carlos Segura Solís.

"Además de ese actuario que tenemos que pagarlo, que es bastante caro, en algunos aspectos externos donde la Corte Plena nos manda la realización de estudios, como son las personas que se beneficiaron con la regla cuarta, vamos a tener que pagarle al actuario matemático 40 horas de profesional para que nos ayude a hacer ese estudio que se nos envió, pese a que no fue esta Junta la que otorgó esos beneficios con base en esa interpretación errada de la regla cuarta del transitorio anterior", indicó.

"Compra, asesorías, no sé si eventualmente, en algún momento, tendremos que contratar a más de un actuario matemático, sino que por alguna otra asesoría para mejorar nuestros servicios a las personas jubiladas o los beneficiarios, en este caso. Le hablo, por ejemplo, de unos trabajadores sociales que estamos supeditados a los propios de la Corte, pero que están muy llenos de trabajo, muy lenta su labor, y en consecuencia quien está sufriendo ahora es la persona usuaria, a quienes debemos dar una respuesta rápida y efectiva", agregó.

¿Y qué pasa con el sobrante? Mora Valdez apuntó que esos recursos pasan a ser parte del patrimonio del ente. Ahí es donde se acumulan los ¢7.500 millones.

La ejecución de esos dineros, no obstante, debe hacerse para proyectos específicos a desarrollar, en apego a reglas establecidas por la Superintendencia de Pensiones para portafolios como el del Fondo de Jubilaciones.

"Por ejemplo, vea dónde estamos (la sede de la Sala Constitucional, en San José). Estamos en un edificio que no es nuestro, con un espacio muy pequeño para los colaboradores. De hecho, estamos haciendo una reforma al título noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo estamos haciendo fuera de aquí, porque no hay espacio para poder reunirse el grupo de asesores jurídicos y yo, por la bulla, por la falta de espacio, porque aquí esto es parcialmente nuestro, este espacio, toda vez que cuando la Sala Constitucional así lo desee, lo utiliza.

"Entonces allá, a su espalda, ve que hay cubículos, no hay un espacio ni para sesionar, ni para reunirse en una pequeña sala de sesiones o un cubículo para poder sentarnos a reformar o a discutir un tema, sino que lo tenemos que hacer fuera de aquí. Es importante que ese dinero es para trasladarnos en un momento dado de aquí, o en su defecto, comprar un terreno y construir el edificio", mencionó Segura Solís.

Por el uso de esas instalaciones -aclaró la subdirectora de la Junta, Ingrid Moya Aguilar- se paga un alquiler proporcional a la cantidad de metros y de personas que trabajan en el órgano; monto que no fue precisado.

"Estamos aquí en este edificio por contrato hasta el 2024, pero ya estamos haciendo las gestiones referentes a un terreno que nos puede hacer en una donación de parte de la Junta de Educación de San José. Si no se da esa donación del terreno, tendríamos que comprar alguna otra propiedad cerca, ojalá, de los tribunales del I Circuito de San José, porque para la persona usuaria es más fácil llegar allá que aquí; y eventualmente construir las instalaciones. O, en su defecto, comprar algún edificio, pero sí pareciera ser que la las cotizaciones son muy altas", resaltó Segura Solís.

Dicho aporte por concepto de administración de pensiones es uno de los puntos por los que unos 237 servidores solicitaron su traslado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); una migración que no tiene sustento legal, desde el punto de vista de la Junta Administradora. Sin embargo, como parte de los intentos por lograr el cambio, existen casos en trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.