Japdeva pagó anualidades sin medir desempeño de funcionarios

(CRHoy.com) Una evaluación realizada por la Contraloría General de la República (CGR) determinó que la Junta Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no realizó la evaluación de desempeño de sus funcionarios entre 2019 y 2021, durante el gobierno Alvarado Quesada (2018-2022).

Este análisis es un requisito legal para determinar el pago por concepto de anualidad. Este beneficio, el más oneroso, está amparado en el Artículo 58 de la convención colectiva y que fue avalado por la reforma fiscal vigente desde 2018 (ley 9635), se concede a los funcionarios como reconocimiento a su permanencia de forma ininterrumpida prestando sus servicios a la Administración Pública en casos que hayan cumplido con una calificación mínima de "muy bueno" o su equivalente dato numérico en la "evaluación anual" y a título de monto nominal fijo para cada escala salarial.

Por ejemplo, para 2021 se presupuestó el pago de ₡1.200 millones por concepto de anualidad. Para entonces, 562 funcionarios recibirían ese beneficio.

La fiscalización hecha por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la CGR tiene fecha del 16 de agosto de 2023 y se publicó este lunes 21. Para realizar el estudio, el ente contralor revisó una muestra de expedientes de personal de 61 funcionarios activos al cierre de 2021, quienes se seleccionaron a través de un muestreo sistemático.

De las muestras analizadas se determinó que en 2019 la entidad portuaria pagó más de ₡42 millones por concepto de anualidad, sin que se efectuarán las evaluaciones de desempeño estipuladas por ley.

"Se determinó que Japdeva no realizó la evaluación de desempeño de sus funcionarios en los periodos comprendidos entre el año 2019 a 2021, siendo esta evaluación un requisito legal para determinar la procedencia del pago por concepto de anualidad. Esta condición impide asegurar que el proceso de otorgamiento del incentivo por concepto de anualidad se ejecute conforme a derecho. Por tanto, tampoco es posible determinar si el pago de ¢42,6 millones realizado por la Administración durante el año 2019 por concepto de este incentivo a sus funcionarios es razonable y acorde a la normativa vigente", recalcó el informe de la CGR.

Al respecto, en agosto de 2022, la jefatura de recursos humanos de la junta explicó a la CGR que para evaluar el desempeño de los funcionarios en 2019 utilizó el formulario denominado "Incentivo por Productividad y Eficiencia- Desempeño Individual – (FDI). Sin embargo, este mecanismo de evaluación es exclusivo para el Incentivo de Productividad y Eficiencia (IPE), que tenía su fundamento en el Artículo 77 de la Convención Colectiva de Japdeva, con parámetros de evaluación diferentes a los definidos por la ley 9635 para el incentivo de anualidad.

"No es de recibo por parte de la Administración indicar que este fue el control utilizado para el gasto erogado en favor de sus funcionarios en el año de cita por concepto de anualidad, por cuanto son 2 incentivos diferentes e independientes uno del otro. Incluso, cada uno con su fundamento normativo interno", detalló la CGR.

En los años 2020 y 2021, en plena pandemia por el coronavirus COVID-19, no se efectuaron las evaluaciones sobre el desempeño. Así lo reconoció la dependencia institucional de recursos humanos.

Eso sí, la autoridad contralora detectó que Japdeva cumple "razonablemente" con los lineamientos solicitados en la ley 9635 para el pago de incentivos salariales, como prohibición, dedicación exclusiva, prohibición y anualidad.

"En lo que respecta a los incentivos de dedicación exclusiva y prohibición, se evidenció que su reconocimiento y pago cumple de forma razonable con lo establecido en el título III de la ley 9635. Asimismo, con respecto al incentivo por concepto de anualidad y demás incentivos o compensaciones existentes que a la entrada en vigor de la ley en cita se encontraban expresados en términos porcentuales. Se determinó que la Administración cumple razonablemente con la nominalización de estos, pasando de ser un porcentaje sobre el salario base a definirse como un monto nominal fijo invariable", recalcó el documento fiscalizador.

La CGR también advirtió que Japdeva "actualmente no cuenta con un mecanismo o sistema tecnológico que le permita de forma sistemática y permanente gestionar los temas relacionados al manejo de recursos humanos, aspecto que conlleva que actualmente toda la administración del talento humano se ejecute de forma manual por los funcionarios encargados de la unidad de recursos humanos".

Así las cosas, la CGR pidió a la institución implementar una metodología que permita aplicar a cada uno de sus funcionarios la evaluación del desempeño, "la cual respalde y garantice el reconocimiento y pago del incentivo por concepto de anualidad" cumpliendo con los criterios establecidos en la normativa aplicable.

Además, deberá instaurar un mecanismo que permita de forma permanente, sistemática y automatizada gestionar los temas relacionados con el manejo de recursos humanos.

Según datos oficiales, entre 2019, 2020 y 2021 se tiene que la partida de remuneraciones reflejó un gasto de ₡24.935,6 millones, ₡11.551,4 millones y ₡9.084,2 millones, respectivamente. Cifras que en promedio representaron el 65,5% del gasto total reportado de esos años.

Para 2023, tras la reducción de la planilla empujada por la ley de restructuración, se presupuestaron más de ₡798 millones para el pago de anualidades.