Informe revela que beneficios carcelarios sacaron de prisión a violadores y agresores
Más de 400 delitos se cometieron contra mujeres por delincuentes que quedaron en libertad
(CRHoy.com).- Violencia contra las mujeres, abusos sexuales, femicidios y violaciones, son algunos de los delitos reportados en un informe de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cometidos por privados de libertad que volvieron a delinquir tras recibir un beneficio carcelario.
El beneficio carcelario hace referencia a la posibilidad que adquiere un privado de libertad de terminar de cumplir una condena fuera de prisión y con medidas de vigilancia. Hay dos formas de que se obtenga:
- El Ministerio de Justicia, administrador del sistema penitenciario, lo otorga tras un análisis afirmativo del Instituto de Criminalidad.
- Un juez de Ejecución de la Pena lo avala, siempre y cuando el Instituto de Criminalidad, adscrito al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo de el visto bueno, el privado de libertad haya cumplido la mitad de la pena y tenga arraigo familiar y laboral.
El análisis del OIJ citado forma parte del recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Fiscal General Carlo Díaz, ante la Sala IV, luego del asesinato de Keylor Eli Gamboa Muñoz, de 19 años, en diciembre pasado y cuyo principal sospechoso es un hombre de apellido Zepeda Rubí, de 34 años, gozaba del beneficio semi-institucional y cumplía una condena por el delito de robo agravado.
Dicho informe revela que del 2010 al 2019, en 459 ocasiones las mujeres fueron víctimas de los delitos cometidos por personas que entraron en el régimen semi-institucional (con beneficio carcelario) y que volvieron a delinquir una vez estando en libertad.
"Al analizar la información se logró determinar que en los nueve años de estudio se reportan un total de 14.770 personas con el beneficio, los años que registran más personas beneficiadas son; el año 2015 con 2879 con el 19.49% y el año 2016 con 2380 personas beneficiadas con el 16.11%", se indica en el documento.
Precisamente, en esos años es cuando empieza a incrementarse las agresiones de privados de libertad con beneficios carcelarios, en delitos vinculados a la Ley de Violencia Contra las Mujeres como: Maltrato; Incumplimiento de medida de protección; Tentativa de femicidio; Violencia doméstica y Amenazas, entre otras.
Gustavo Mata, Exministro de Seguridad y Exsubdirector a.i. del Organismo de Investigación Judicial, explicó que el tema es muy serio y él lo advirtió hace unos años cuando fue interpelado en la Asamblea Legislativa por el uso del brazalete electrónico, algo a lo que se opuso siempre, pues significaba la salida de muchos delincuentes.
"No puede ser posible que en este país, un Tribunal de Justicia sentencie a un sujeto y lo condena por 15 años, ingresa al sistema carcelario y tres o cuatro años después ya está con un beneficio que se lo otorga una entidad meramente administrativa, brincándose por encima una sentencia judicial, esto a mí me parece atroz", comentó.
El abogado y exjuez de la República, Carlos Cartín aseguró que el problema radica en el sistema, que no hace las valoraciones correctas de quiénes verdaderamente pueden aprovechar el beneficio carcelario y quienes deben permanecer en prisión.
"¿Le podemos echar la culpa al privado de libertad? No. ¿Le podemos echar la culpa al sistema? Sí. Porque yo pienso que el sistema ni está reformando, no está resocializando, ni rehabilitando a estos individuos", dijo Cartín.
Las personas que obtuvieron el beneficio carcelario, según el estudio del OIJ, lo recibieron luego de haber cometido delitos como: Robo agravado y simple con el 47.88% que se ubican el primer lugar; en segundo lugar, los que han cometido delitos de Infracción Ley Psicotrópicos con el 33.46%, en un tercer puesto se ubican, precisamente, los que reportan delitos sexuales que representan un 7.02% y en el cuarto puesto, los que cometieron homicidios calificados y simples con un 5.94%.
Cartín explicó que también apoya el recurso de amparo interpuesto por el Fiscal General, Carlo Díaz, ya que el país necesita contar con una Ley de Ejecución de la Pena. El abogado indicó que se han dado criterios al contrario, donde el Centro Penitenciario avala el beneficio carcelario, pero el Instituto Nacional de Criminología no, o viceversa.
"El que debería darle los informes directos al juez de ejecución de la pena es el centro penitenciario, porque son los técnicos que están con los privados de libertad; ver cómo se ha comportado, su desenvolvimiento a nivel penitenciario, si tiene otras pasadas (detenciones)", comentó.
El abogado penalista explicó que se debe contar con un criterio unificado de los parámetros que deben de tomar en cuenta para poder concederle la libertad a un sujeto, ya que cada centro penitenciario tiene sus propios parámetros.
El análisis efectuado por el OIJ, determinó que considerando todos los delitos que se registran posterior a la fecha del otorgamiento del beneficio y sin tomar en cuenta si es la misma persona quien comete el delito, se estableció que se registran un total de 6.118 delitos o "pasadas" cometidos por las personas después de la salida de prisión.