Diputados cuestionan: Gobierno tiene repentino interés en cambiar norma del Presupuesto

(CRHoy.com) El ministro de Hacienda Nogui Acosta confirmó en una pasada audiencia en la Comisión de Hacendarios que busca tener la autorización de los diputados para cambiar una norma del Presupuesto Ordinario del 2023, para financiar a varias instituciones del sector social con ¢31 mil millones.

Según indicó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez, esa norma indica que esos recursos deben usarse para el pago de la deuda pública, pero el Gobierno quiere modificarla.

Acosta afirma que los ¢31.059 millones, que se solicita a los legisladores para el fortalecimiento de diversos gastos sociales, no son recursos del pago de la deuda, sino que tienen su origen en una recalificación de los ingresos procedentes de la contribución del 5% sobre las planillas que recauda el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y que conforme a Ley 5662 y sus reformas, se deben distribuir conforme a lo indicado en el artículo 3 de la citada ley.

Agrega el jerarca que estos recursos fueron recalificados por la Contraloría General de la República, que emitió la respectiva certificación de razonabilidad de la efectividad fiscal para el ejercicio económico de 2023.

"Cabe destacar que los propios legisladores excluyeron los recursos del Fodesaf de la aplicación de la regla fiscal, para que pudieran ser utilizados sin restricción, dada su importancia e impacto sobre los sectores más vulnerables, pero para el ejercicio económico 2023, los diputados también incluyeron una norma presupuestaria que obliga a que toda recalificación de ingresos corrientes se utilice para atender la deuda pública, de ahí que es el propio Ministerio de Hacienda el que les solicita desaplicar esta norma presupuestaria en beneficio de los sectores más necesitados del país", insiste el ministro.

¿Por qué ahora?

La diputada Ramírez se cuestiona por qué ahora el Gobierno sí tiene interés en financiar el sector social, pero lo más extraño es que en la construcción del Presupuesto Ordinario del 2023, se aprobaron varias partidas precisamente para darle los recursos necesarios al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y otras entidades más, pero que Hacienda, a pesar de tener los recursos no los asignó.

Pero ahora al presentar un segundo presupuesto extraordinario, el Gobierno, si quiere darles los recursos cuando ya estamos en el mes de octubre y muchos de esos recursos posiblemente no se van a poder ejecutar por estas instituciones.

"Si Hacienda hubiera transferido los recursos que los diputados aprobamos hoy el BANHI estaría haciendo obra social y estarían atendiendo al adulto mayor, sin embargo, extrañamente pide autorización para que se dé recursos a estos entes, teniendo ya los fondos en el Ordinario. Son cosas que no entendemos, a veces pareciera que lo que quieren decir es que fue el Gobierno que asignó los recursos y no los diputados", se cuestionó Ramírez.

"Esto es casualmente en época electoral, esperamos que los recursos no sean usados para estos fines y tengan el sentido social que debe darse, pero sí coincide con los tiempos electorales", agregó.

El también diputado del PLN, Gilberto Jiménez, calificó de ocurrente e improvisado al Gobierno al presentar a estas alturas un segundo presupuesto extraordinario.

"Este Gobierno apuesta a sectores que tienen una clara necesidad y es lamentable que utilice la operación arroz y frijoles, donde hoy les dan una ayuda a ciertas poblaciones, pero el día de mañana con qué va a vivir y si además se hace con una visión de campaña electoral, me parece un grave error porque con los recursos no se puede jugar", señaló Jiménez.

Para el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Felipe García, apuntó como un "juego muy hábil del Gobierno al querer girar estos recursos en setiembre sabiendo que no los van a poder ejecutar las diferentes instituciones.

Agregó que esta petición pone a los diputados en una situación compleja porque podría verse hacia la ciudadanía que son ellos los que no tiene el interés en el sector social.

"Es una jugada muy hábil a la que ya estamos acostumbrados, la falta de seriedad a nivel de discusión y por más que la Asamblea Legislativa muestre un espíritu colaborativo, tenemos un Gobierno de la República que no tiene ningún reparo en achacarle la responsabilidad al Congreso", manifestó García.

El Gobierno además ha estado en campaña desde que asumió en mayo del 2022, tenemos una plaza pública todos los miércoles y cuando van de gira es un tema de realidades, yo como diputado buscaré hacer un trabajo serio y responsable, pero es evidente que estamos ante esa tónica, agregó el socialcristiano.

El diputado del Frente Amplio (FA) Jonathan Acuña señaló que si bien entiende el punto de Ramírez, recordó que la Ley del Fodesaf establece con claridad la asignación de recursos.

Para Acuña está justificada la decisión de Hacienda, porque entran en contradicción los recursos, pero al ser legislación ordinaria versus legislación presupuestarIa desde su perspectiva la primera tiene prevalencia.

Aunque el frenteamplista reconoce que hay dudas de orden político, porque antes los ¢10 mil millones al BANHVI estaban mal y ahora están bien.

La discusión de este segundo presupuesto extraordinario continúa con el análisis en la comisión.