Gobierno pidió préstamo de $600 millones a Arabia Saudita para ampliación de ruta 27

(CRHoy.com). El gobierno de Costa Rica insiste en buscar más préstamos para obras de modernización vial.

A peticiones hechas a entes como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se suman propuestas a naciones del Medio Oriente.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pidió un financiamiento a Arabia Saudita enfocado en la ampliación de la ruta 27, entre San José y Caldera.

Eso sí, debido al contrato vigente, la concesión de la carretera seguirá en manos de la compañía española Globalvía. El acuerdo actual vence en 2033.

"En la visita que hubo del gobierno de Arabia Saudita explícitamente se les hizo una petitoria verbal de si ellos tenían algún mecanismo para que ellos nos pudieran prestar $600 millones y bajo qué condiciones. Verbalmente, después la respuesta vino que había una posibilidad de que ahí hubiera recursos a una tasa bastante buena y eso es una posibilidad que está ahí", puntualizó Luis Amador, ministro del MOPT.

Khalid Al-Falih, ministro de Inversiones de Arabia Saudita, visitó el país a inicios de agosto acompañado de una misión comercial y sostuvo reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo.

Pese a la propuesta, Amador reconoció que el panorama es complejo.

"Esperamos ojalá que en los próximos años haya alguna capacidad de endeudamiento y que se pueda buscar, tal vez, una solución como esta", indicó el funcionario.

El gobierno no tiene mucho margen para desarrollar la ampliación. Solo hay 2 alternativas claras: que el Estado consiga los recursos para ampliar la carretera y que no se tenga que ampliar el vínculo con la empresa, o que la concesionaria obtenga el dinero requerido y lo recupere a través de una extensión en el plazo contractual que vence en 2033.

La Administración Chaves Robles (2022-2026) descartó, de momento, la posibilidad de buscar un rompimiento del contrato de concesión suscrito con la empresa Autopistas del Sol (Globalvía) para operar la ruta 27 entre San José y Caldera.

Desde los primeros días de gobierno, Rodrigo Chaves, presidente de la República, y el ministro Amador alzaron la voz contra las condiciones en las que se gestó el contrato suscrito entre el Estado y la empresa española en diciembre de 2001.

La carretera, de 77 kilómetros, es la principal vía de comunicación terrestre entre el Valle Central y el Pacífico Central.

Esta ruta entró en operación el 27 de enero de 2010, en los meses finales de la Administración Arias Sánchez (2006-2010). No obstante, rápidamente se reportaron problemas operativos (desprendimiento de taludes) e inconvenientes de capacidad.

Dahianna Marín, secretaria técnica del CNC, explicó a CRHoy.com en agosto pasado que las jerarquías del MOPT y de Casa Presidencial analizaron en meses recientes "todos los escenarios posibles" para romper el contrato y llegaron a la conclusión de que existía el riesgo de que el Estado tuviera que asumir indemnizaciones millonarias. Por eso, a este 22 de agosto, esta idea está descartada.

"Sí. Eso por el momento está descartado (romper el contrato) porque vimos que iba a ser, popularmente, el divorcio más caro para Costa Rica. En el sentido de todas las indemnizaciones que teníamos que pagar. También, es importante que ustedes conozcan que Costa Rica suscribe acuerdos con inversionistas, países, eso lo hace con el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y ellos (concesionaria) están protegidos por un acuerdo comercial. Entonces, eso nos llevaría a un arbitraje internacional, donde seguramente por el incumplimiento tendríamos que pagar el doble y nos quedaríamos sin la carretera", dijo Marín, ese día.

La funcionaria explicó que se hizo un análisis costo-beneficio, en el cual se pusieron sobre la mesa múltiples escenarios y se concluyó que el rompimiento del contrato podría afectar las finanzas estatales.

Además, en 2015 se firmó un acuerdo conciliatorio entre las partes para incorporar en el contrato un reajuste de precios por tareas constructivas a cargo del concesionario.

"Hay un acuerdo conciliatorio en 2015, donde se metió un acuerdo por reajuste de precios de la construcción al contrato de concesión. Por ese acuerdo conciliatorio, la carretera se pagaría en 2028. Pero, por el acuerdo conciliatorio deben ir hasta 2033. Si algo queda pendiente, el Estado deberá pagar al concesionario", recalcó la secretaria técnica, quien fue clara en que romper el contrato "no es una opción para el país".

En el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) hubo negociaciones con Globalvía para concretar una ampliación del corredor vial. En primera instancia, se estimó una propuesta preliminar de modernización vial que rondaría entre los $550 millones y los $600 millones.

Cuando la Administración actual llegó, optaron por pausar las negociaciones con la concesionaria y se concentraron en analizar alternativas para mejorar las condiciones de la ruta. La principal intención radicó en encontrar una salida para romper el contrato.

Según el CNC, a nivel técnico existen avances sobre la propuesta para ampliar el corredor vial. Esto incluye diseños, prediseños, ampliación de puentes, estimaciones de algunos costos y gestión de expropiaciones. No obstante, un aspecto clave está aún en el aire: las estimaciones futuras de tráfico, con las cuales se afinaría el costo final de las obras y el aporte económico que podría ofrecer el Estado.

Las estimaciones vigentes sobre el tránsito vehicular son de 2019 y deben ser actualizadas a 2023. A partir del estudio de tránsito actualizado, se correrá un modelo financiero para aclarar el aporte del Estado a la ampliación.