Fiscalía no descarta buscar “testigo de la corona” en caso Cochinilla

(CRHoy.com) El Ministerio Público no descarta buscar un "testigo de la corona" en el caso conocido como Cochinilla.

La fiscala Johanna Rodríguez Acosta explicó en entrevista con CRHoy.com que si bien hasta la fecha ninguno de los 82 imputados en la causa 19-000025-1218-PE, colabora con la pesquisa, esa posibilidad no está del todo cerrada.

"En este momento no tenemos a ninguna persona identificada para ello. Sin embargo, no se descarta esa posibilidad", dijo la funcionaria ante consulta de este medio.

¿Pero en qué consiste esta figura? Se trata de un criterio de oportunidad que el Código Procesal Penal concede al Ministerio Público. Está previsto en el inciso b) del artículo 22 de ese cuerpo normativo.

Allí se autoriza a los fiscales -previa autorización del superior jerárquico- a solicitar que se prescinda total o parcialmente de la persecución de alguna o varias infracciones atribuidas a una persona que participó en un delito.

En el caso del "testigo de la corona", se trata de un encartado que colabora eficazmente con la investigación al brindar información esencial para evitar la continuidad del delito o la perpetración de otros, para ayudar a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o para proporcionar evidencias útiles para probar la participación de otros. Ello solo es aplicable siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución este facilita.

La petición para aplicar el criterio de oportunidad no le será informada a la víctima y, si esta no hubiese interpuesto querella (acusación privada), no tendrá derecho a hacerlo con posterioridad, a no ser que el tribunal ordene la reanudación del procedimiento, conforme al numeral 301.

Un ejemplo de esta figura trascendió el 17 de diciembre de 2021, en la pesquisa que se sigue contra el alcalde Carlos Viales Fallas bajo la sumaria 21-000007-1775-PE, por presunto peculado. En esa causa, un funcionario involucrado en la construcción aparentemente irregular de un puente de vigas en la entrada a la finca de un presunto narcotraficante conocido como "Pancho Villa", de apellidos González Hernández, fue clave para que el Ministerio Público lograra la detención y posterior suspensión del gobernante local de Corredores.

Respecto a esta posibilidad, CRHoy.com pidió un criterio a las defensas técnicas de dos de los principales sospechosos en el escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública, los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas.

"Obviamente, tendría que ser con imputados de menor nivel. Hay imputados funcionarios públicos a los que se les están atribuyendo una serie de hechos, sobre los que creemos no procedería un criterio de oportunidad. Pero es una posibilidad abierta. Siempre en este tipo de casos complejos, el Ministerio Público busca ver con quién podría negociar a cambio de que pueda incriminar a personas de un mayor nivel o de una mayor reprochabilidad en los hechos que se le atribuyen", explicó el abogado de la dueña de la constructora H. Solís, Francisco Campos Aguilar.

¿Y esto qué implicaciones tiene?

"Es que depende. En este caso, a pesar de que se habla de crimen organizado, ya el Ministerio Público, e incluso el Juzgado Penal en una resolución reciente, se estableció que son mini grupos que lo que tienen en común en que coactuaban o tenían relaciones con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) o con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero no necesariamente a los grupos entre sí.

"Nosotros como defensa, en caso de que apareciera alguna persona que quisiera alinearse con el Ministerio Público, tendríamos que ejercer la defensa. Ya, por ejemplo, se dio en el caso Alcatel que el Ministerio Público había negociado con don José Antonio Lobo Solera y al final se les cayó, porque era una persona que no estaba en capacidad de negociar un criterio de oportunidad. Habría que verlo en su momento para decirle si afecta o no a la defensa", recalcó Campos Aguilar.

De la representación del propietario de la empresa MECO, por su lado, no fue posible obtener una respuesta.

"Un poco limitado"

Tal cual lo han hecho en el pasado otros intervinientes en el caso Cochinilla, como el exfiscal Glen Calvo Céspedes o el exdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza (Q.E.P.D.), la fiscala Johanna Rodríguez Acosta entró a hacer valoraciones sobre cuán preparado está el sistema penal de Costa Rica para afrontar un proceso con la investigación de 82 personas físicas y 17 jurídicas.

"El sistema judicial como tal a veces sí está un poco limitado. Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Judicial están totalmente comprometidos a sacar adelante el presente proceso con los recursos con los que contamos en este momento, tanto los recursos humanos como materiales. Por supuesto que sí es bastante complicado a veces poder conciliar las agendas de todos los defensores, atender las gestiones de cada uno de ellos, atender las gestiones de todas las partes intervinientes, imputados, víctimas colaterales dentro de este proceso y demás. Y todo esto, por supuesto que resulta dificultoso para que el proceso judicial pueda avanzar como se quisiera", mencionó.

Una muestra de ello es que, a la fecha, está pendiente la realización de entre 13 y 16 audiencias para conocer gestiones de la defensa, como apelaciones y actividades procesales defectuosas.

¿Pero de dónde surge entonces imputar a 82 personas en un mismo caso? "El caso se fue haciendo grande conforme la investigación fue avanzando. Es muy difícil pensar desde un inicio si el caso va a ser grande o va a ser pequeño. A través de la investigación y de todos los actos que se realizaron en su momento para recabar prueba, pues surgió esta gran cantidad de personas imputadas, tanto personas físicas como jurídicas. A partir de ello lo que nos queda es enfrentar este caso con la magnitud que tiene, con la complejidad que tiene y sacarlo adelante y con el mayor esfuerzo", respondió la representante del Ministerio Público.

El defensor Francisco Campos Aguilar calificó de "lentísimo" el avance del caso.