Fiscal de Cibercrimen asumió cargo en Micitt sin permiso del Poder Judicial

Esteban Aguilar Vargas, fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público y hermano de Gabriel Aguilar, jefe de despacho del mandatario Rodrigo Chaves, dejó su cargo para asumir un puesto en el Gobierno sin la autorización debida del Poder Judicial.

Así lo pudo constatar CR Hoy a través de documentación y consultas realizadas al Consejo Superior, a la Fiscalía General y a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, quien personalmente nombró a Aguilar como subdirector nacional de Ciberseguridad.

El pasado miércoles, en entrevista con este medio, la jerarca confirmó que el exfiscal empezó a trabajar en el Micitt el martes 1º de abril, fecha de inicio de su nombramiento temporal. "Ya él comenzó el día de ayer", replicó Bogantes ante una pregunta directa.

No obstante, hasta la fecha, el Consejo Superior, máximo órgano administrativo del Poder Judicial, no le ha otorgado el visto bueno a Aguilar para desempeñarse en otra institución. Por ley, cualquier funcionario judicial que desee trasladarse a otra rama de la función pública debe contar con un permiso previo.

El funcionario mantiene la plaza en el Poder Judicial.

El artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las licencias con o sin goce de salario, establece que el Consejo Superior debe aprobar, con el voto de al menos tres cuartas partes de sus miembros, cualquier autorización para que un servidor judicial pase a otra dependencia estatal.

"En casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin él a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales", señala la ley. 

De esta forma, Esteban Aguilar no contaba con la autorización obligatoria por ley para poder comenzar a trabajar en el Micitt.

A pesar de esto, la ministra Paula Bogantes, quien designó personalmente a este funcionario en un cargo que no existía hasta hace poco y que no había sido ocupado por nadie más, defendió en entrevista con CR Hoy que ya se habían realizado todos los trámites y permisos correspondientes.

Pregunta: ¿Usted tiene conocimiento si él tramitó un permiso ante el Consejo Superior del Poder Judicial?

Ministra: Él tramitó todos los permisos necesarios para poder hacer el traslado. 

Pregunta: ¿Específicamente el permiso del Consejo Superior, que tiene que dar una autorización para que un funcionario judicial se mueva a alguna otra rama del Estado?

Ministra: Sí, así es, él tramitó todos esos permisos, sí señor.

Pregunta: ¿Tiene usted o él le presentó documentación de que ese permiso fue aprobado? 

Ministra: Pues se lo habrá presentado al departamento de recurso humano del Micitt y nosotros hicimos las diligencias necesarias para que quedara todo en orden. 

Este funcionario salió del Ministerio Público en medio de acusaciones y polémicas con su superior jerárquico. Allí laboró sin mayores resultados operativos durante los últimos años y acumuló varias investigaciones disciplinarias, múltiples viajes y algunas controversias. 

El cargo de subdirector de Ciberseguridad en el que fue colocado Aguilar por el Gobierno chavista, no existía hasta hace poco que ocurrió una reestructuración en el Micitt, aunque la jerarca no pudo precisar la fecha de creación. Nadie lo había ocupado de previo y ella lo escogió entre diez candidatos. 

No es el Micitt el que pone el dinero para pagarle el salario a Aguilar, sino que es la Promotora de Comercio (Procomer) la entidad que otorga los recursos, para brindar "un salario competitivo", gracias a un convenio.

Sin autorización: el paso a paso

El 3 de marzo, pocos días después de que se publicara la vacante en el Micitt, Esteban Aguilar tramitó una incapacidad para ausentarse de su trabajo en la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público.

Ese mismo día, adujo persecución laboral y envió una solicitud al fiscal general para obtener un permiso sin goce de salario por el plazo de un año, a partir del 18 de marzo, el cual fue autorizado.

Sin embargo, en lugar de salir del Poder Judicial o regresar a sus funciones, Aguilar presentó una nueva incapacidad y participó en la marcha convocada por el mandatario Chaves contra Carlo Díaz, donde incluso habló públicamente en contra de su superior jerárquico.

Luego, el 24 de marzo de 2025, Aguilar remitió por correo electrónico a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia una gestión relacionada con un permiso, indicando que los requisitos correspondientes habían sido recabados por la Fiscalía General.

Ese mismo día, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia previno a Esteban Aguilar para que aportara los requisitos pendientes, entre ellos, una constancia emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial que certificara que no tenía causas pendientes.

Posteriormente, el 31 de marzo, mediante una comunicación enviada a la misma vía institucional, Aguilar dejó sin efecto dicha gestión ante el Consejo Superior y adjuntó la resolución n.º 39-2025 emitida por la Fiscalía General.

Esa resolución de la fiscal subrogante Karen Valverde no objetaba el permiso, siempre que fuera autorizado por el Consejo Superior. El Consejo Superior, en su sesión n.º 28-2025, celebrada el miércoles 2 de abril, tomó nota del oficio UCS-0273-MP-2025, suscrito por Karen Valverde Chaves, fiscal subrogante del Ministerio Público.

Al momento de dicha sesión, no existía ninguna gestión pendiente de conocimiento ante el Consejo Superior por parte de Esteban Aguilar. Por tanto, este órgano no ha conocido ni resuelto ninguna solicitud de permiso relacionada con él.

Alabado por el mandatario Rodrigo Chaves y por la ministra de Ciencia y Tecnología, el exfiscal de Cibercrimen fue nombrado en el Gobierno tras salir de forma controvertida de la Fiscalía, en medio de varios escándalos.

Pese a los halagos, los informes de labores de Esteban Aguilar muestran que durante los últimos años él únicamente destacó por participar en reuniones, viajes, talleres, charlas, capacitaciones y entrevistas, sin mayores resultados operativos.

En 2023 y el primer semestre del 2024, no se registró ni un juicio, acusación, operativo o trámite de medidas cautelares por causas penales, a pesar de que la función principal de los fiscales es precisamente la persecución penal.

Solo se reportó un allanamiento y dos acusaciones hacia la segunda mitad del año pasado.

Aguilar Vargas ha estado en el ojo público durante las últimas semanas al ser protagonista de polémicas y acusaciones contra su superior jerárquico, el fiscal general de la República Carlo Díaz.

Acumula seis expedientes disciplinarios administrativos abiertos ante la Inspección Judicial, el órgano disciplinario del Poder Judicial.

Cuatro de los expedientes administrativos-disciplinarios fueron abiertos este año. El pasado 27 de febrero, la Inspección Judicial realizó el traslado de cargos del expediente 25-00312-31-DI en su contra.

En él se le acusa de aparentes incorrecciones en el ejercicio del cargo y en su vida privada, que afectarían la imagen de la institución, además de una falta de respeto hacia sus superiores jerárquicos.

A Aguilar Vargas también se le reprochan infracciones por realizar declaraciones ante medios de comunicación utilizando su cargo, en las cuales pudo haber violado la prohibición de divulgar información que atentara contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pudiera afectar derechos de terceros.

En marzo, Aguilar también confirmó la existencia de una causa penal abierta en su contra por aparente violencia doméstica.