Figura usada para romper fideicomiso de vía a San Ramón es nula

(CRHoy.com). Un criterio legal elaborado por el abogado experto de la Unidad Ejecutora San José-San Ramón (UESR) del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) advirtió que la figura utilizada para poner punto final al contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) es nula.

Jorge Armando Calvo Robles hizo este señalamiento a través del oficio UESR-05-2023-0565, con fecha del 14 de setiembre, remitido a 3 jerarcas institucionales: Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes; Mauricio Batalla Otárola, director ejecutivo de Conavi y Efraím Zeledón Leiva, viceministro de Infraestructura.

El Conavi y el BCR acordaron en agosto pasado finiquitar el fideicomiso Ruta Uno, conformado para gestionar la ampliación de la ruta San José-San Ramón, a través de la figura del Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA). No obstante, el abogado Calvo subrayó que esta figura no está contemplada en el fideicomiso suscrito entre las partes.

Según el análisis del experto legal, el contrato de fideicomiso entre el consejo y el banco cuenta con la figura de la rescisión contractual por mutuo acuerdo sujeta a interés público o la resolución contractual (unilateral o acordada entre las partes) por causas de incumplimiento. Para el abogado, esta es la vía que tuvo que tomar la Administración.

"Dicha figura denominada ATA no es de aplicación en contratación pública debido a las reformas legales actuales. Además, en dicho ATA firmado por el BCR se está modificando el objeto del contrato y, según lo que ha indicado en reiteradas ocasiones la Contraloría General de la República (CGR), única y exclusivamente se puede modificar el objeto contractual mediante una adenda contractual. Caso contrario, se hizo incurrir en error a la Administración Pública y a los fideicomitentes (Conavi)", detalla el oficio.

Para Calvo, al no utilizar la figura legal correspondiente, se provoca nulidad en todo lo actuado y se queda igual que al inicio: sin avance en el proyecto. Incluso, recalcó que la rescisión por mutuo consentimiento está contemplada en la actual Ley General de Contratación Pública (vigente desde el 1° de diciembre de 2022) y por la antigua ley de contratación administrativa.

El análisis reitera que para romper la relación contractual entre el BCR y el Conavi se tuvo que apostar por la rescisión por mutuo consentimiento.

"Con el ATA del fideicomiso se están aplicando normas ya derogadas y desfasadas, lo cual ha hecho incurrir en un gravísimo error a la Administración Pública, que le puede costar tiempo y dinero muy valioso para Costa Rica que tanto necesita la construcción de dicha ruta nacional, que ha sufrido múltiples atrasos por el mal manejo gerencial como el que nos atañe hoy día", puntualiza la advertencia.

Tras la rescisión por mutuo acuerdo, el paso siguiente sería contar con el aval de la Contraloría General de la República (CGR) respecto a los montos por liquidar en favor del fiduciario (BCR), en caso de que existan.

De igual forma, la consulta se debe elevar al ente contralor para conocer las opiniones pertinentes y a la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda para cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Compras Públicas.

Calvo explicó que mientras la rescisión contractual se efectúa y queda válida, se efectúe un convenio interinstitucional entre Conavi y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para contratar de forma inmediata labores en la ruta y que se asuma el cobro en las estaciones de peaje que actualmente está en control de Ruta Uno.

El borrador del convenio interinstitucional fue elaborado por el abogado, en el cual también se sugiere que el CNC asuma la gestión de las expropiaciones para la ampliación vial.

Tras acordar el ATA, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está a la espera de un rediseño del plan propuesto por el fideicomiso Ruta Uno.

Según la entidad, esta optimización, a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante una cooperación no reembolsable por $1 millón, estaría concluida en enero de 2024.

Con el rediseño, uno de los objetivos es reducir la cantidad de expropiaciones que estaban requeridas según la propuesta inicial de Ruta Uno.

Meses atrás se propuso un plan para obtener financiamiento con el BCIE por entre $400 millones y $500 millones, con lo cual se contrataría una empresa que construya la obra y la opere bajo la figura de la concesión. Los peajes servirían para pagar el crédito.

El ministro Amador dijo que los ajustes del diseño estarán para enero y están preparando los términos de referencia para sacar a concesión, con el cobro de peajes, tal y como ocurre actualmente en la ruta 27.

El Gobierno prometió, desde finales de junio de 2022, cerrar el fideicomiso. Sin embargo, más de 1 año después, no se había tomado un acuerdo formal.

El ATA prevé una fase de transición que incluye la continuidad de las obras impostergables (obis) y el análisis de reingeniería sobre la propuesta de ampliación que procuró Ruta Uno. Según los planes iniciales, la intención es que el acuerdo contractual fenezca a más tardar diciembre de 2024.

Las 4 "obis" pendientes serán desarrolladas por el MOPT y el Conavi. Por ejemplo, el lote 2 (ampliación del puente sobre el río Torres y el intercambio a la altura del Monumento al Agua), cuya fase de diseño y construcción fue adjudicada al consorcio H.Solís TPF-Getinsa, se limitará únicamente a la entrega de diseño.

El lote 3 (intercambio de El Coyol) tendría el inicio de la fase de diseño para este 2023 y la fase constructiva para 2024. El lote 4 (intercambios de Grecia, Naranjo y San Ramón) podrían iniciar en 2024.

El plan de "obis" estaba estimado en un monto aproximado a los $116 millones, de los cuales $65.75 millones serían financiados por el Estado y $50 millones por un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser utilizados en los lotes 3 y 4.