Falta de reglamento atunero habría provocado denuncia contra Ministro

(CRHoy.com).— La falta del reglamento de la "Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense" habría provocado una denuncia que investiga, actualmente, la Fiscalía General de la República, contra el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal Porras.

Así se desprende del documento, al que CRHoy.com tuvo acceso, y que fue presentado en el Ministerio Público.

"Señores, Fiscalía General de la República, de forma anónima por temor a represalias y a persecución política, basado en el principio de participación ciudadana y al principio de rendición de cuentas, solicito se investiguen los hechos por la cual presentó la formal solicitud de investigación para que se determine si existe el delito de incumplimiento de deberes", señala la denuncia.

CRHoy.com consultó al Ministerio Público, el 6 de marzo del 2023 pasado, si en la Fiscalía General de la República se había recibido una denuncia contra Carvajal Porras y la Oficina de Prensa, mediante un correo electrónico, enviado el 10 de marzo del 2023 indicó que:

"En respuesta a su consulta, la Fiscalía General confirmó que, el 03 de marzo, recibió una denuncia en contra del señor Carvajal, por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Al caso se le asignó el número de expediente 23-000019-0033-PE".

Este medio consultó al ministro del MAG sobre la acusación en su contra y dijo que todavía no había sido notificado y que prefería informarse sobre el proceso para emitir una opinión.

Aprobación de ley

En el documento anónimo, presentado ante la Fiscalía General, se indica que la "Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense" fue aprobada y publicada el alcance N.º 184 del Diario Oficial La Gaceta N.º 165 del miércoles 31 de agosto del año 2022.

En la denuncia se indica que dicha ley estableció un transitorio único en el cual establecía que el Poder Ejecutivo tenía un plazo de 6 meses, que se contaban a partir de la entrada en vigencia de la ley para emitir la reglamentación respectiva.

"… Que ya pasaron los seis (6) meses que estableció el artículo transitorio único de la Ley N.º 10304 denominada: "Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense", para la publicación del reglamento a dicha ley. Por lo anterior, hay un claro y evidente delito de incumplimiento de funciones por parte de quien ocupe el cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG)…".

Como fundamento de derecho se indica que el Código Penal establece en el artículo 339 el incumplimiento de deberes: "Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo".

La denuncia solicita que se determine dicho delito y que se establezcan las eventuales responsabilidades contra Carvajal Porras como jerarca del MAG.

Recurso estratégico

La propuesta atunera fue presentada por el Partido Frente Amplio y tras 12 años de espera, la Asamblea Legislativa le dio el segundo debate a la propuesta en el 11 de agosto del 2022 pasado.

En ese momento, tanto Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, como el legislador de Nueva República, David Segura, señalaron en sus exposiciones en el directorio que el país regalaba el recurso atunero a barcos extranjeros.

¿Qué establece la ley?

• Declara el recurso atunero como recurso estratégico para el desarrollo nacional y su obtención por embarcaciones nacionales para el mercado local.
• Se prohíbe a los barcos industriales de red de cerco ejercer actividades de pesca dentro de las primeras 80 millas náuticas de la Zona Económica Especial para que esta área sea aprovechada por pequeños y medianos pescadores costarricenses.
• El artículo 2 del proyecto le otorga potestades al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para que recomiende y revise cada año el plan de gestión de la actividad pesquera, orientando al desarrollo competitivo de la pesca según las modalidades autorizadas.
• Incopesca podrá desarrollar un programa especial para el desarrollo del tejido empresarial que permita comercializar el atún fresco y asegurar las condiciones de desarrollo de la industria asociada al recurso atunero, fresco, congelado, cocido y enlatado, bajo los principios de desarrollo sostenible democrático, promoviendo el desarrollo de empresas que salvaguarden los intereses de las personas adscritas a la actividad pesquera.
• El artículo 3 de la ley, crea una flota atunera nacional con declaratoria de interés público mediante un fideicomiso (por 4 mil millones de colones en su primera etapa) que permitirá inyección de capital del Estado para poder adquirir embarcaciones aptas para la pesca de atún y podrá darla en arrendamiento o leasing.