Estas son las prioridades del Gobierno para las sesiones extraordinarias en el Congreso
También se incluyeron planes para postergar colocación de eurobonos y crear electrolineras para carros eléctricos
La Casa Presidencial convocó a la Asamblea Legislativa un primer grupo de 90 proyectos de ley para que los diputados los discutan y avancen en su tramitación durante los próximos tres meses.
Entre el 1.º de mayo y el 31 de julio, el Congreso estará en sesiones extraordinarias, un período en el cual el Gobierno define los proyectos que los legisladores discuten tanto en comisiones como en el plenario.
Dentro de los primeros 90 proyectos convocados por el Ejecutivo se encuentran distintas prioridades para el Gobierno.
Jornadas 4/3
El proyecto de ley que pretende autorizar las jornadas laborales excepcionales, más conocido como plan 4/3, figura entre las prioridades del Gobierno para los próximos tres meses.
Ya fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso y ahora se encamina al plenario legislativo.
El proyecto busca autorizar jornadas laborales diurnas de 12 horas durante cuatro días a la semana, con tres días libres; así como jornadas nocturnas de 12 horas durante tres días, con cuatro días libres.
El texto actualmente en discusión es el segundo intento de impulsar este tipo de esquema laboral, luego de que en noviembre de 2023 la primera propuesta fuera declarada inconstitucional por la Sala IV.
Esta segunda versión del proyecto de ley es de autoría del Partido Unidad Social Cristiana.
De aprobarse, no significaría una autorización automática para que las empresas de industria y manufactura apliquen esta modalidad, sino que deberán solicitar una autorización al Ministerio de Trabajo para implementar las jornadas de 12 horas.
Tope a pensiones
En enero, el Poder Ejecutivo presentó una reforma de ley para modificar las llamadas "pensiones de lujo".
El Ejecutivo propone que todos los regímenes de jubilación con cargo al presupuesto —incluido el del Poder Judicial— tengan un tope de ¢1,7 millones, es decir, el monto máximo establecido para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El plan se encuentra en su etapa inicial de discusión en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso.
El pasado 29 de abril, la Corte Plena del Poder Judicial determinó que la propuesta denominada "Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público" afecta no solo la organización y funcionamiento, sino también la autonomía e independencia del Poder Judicial. En consecuencia, el plan requeriría 38 votos para su aprobación en el Congreso.
Actualización de cánones de radio
Otra de las prioridades es el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para que los concesionarios de frecuencias del Estado paguen un canon anual equivalente al 7,73 % de los ingresos brutos de las empresas de radiodifusión televisiva y al 3,13 % de los ingresos de las emisoras de radio en AM y FM.
El texto, dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, propone una actualización al Impuesto Anual de Radiodifusión (IAR), es decir, los recursos que recauda el Estado por la utilización del espectro radioeléctrico asignado a las redes de servicios de radiodifusión sonora y televisiva.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que los montos establecidos en la Ley de Radio vigente están obsoletos y afectan negativamente la recaudación y las finanzas públicas.
El texto también establece la exoneración del pago del canon para aquellas emisoras que sean exclusivamente de difusión cultural, siempre y cuando no generen ingresos brutos anuales por actividades comerciales.
Proyecto para postergar emisiones de eurobonos
Entre las prioridades está también el proyecto de ley para postergar las dos últimas emisiones de eurobonos, de $1.000 millones cada una.
Este plan ya fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La ley de eurobonos, aprobada en 2022, permitió al Gobierno endeudarse en el mercado internacional por $5.000 millones en cuatro emisiones, de las cuales Hacienda ya ejecutó dos, por $1.500 millones cada una, en 2023.
Las siguientes colocaciones estaban previstas para 2024 y 2025, pero ahora el Gobierno podrá realizarlas en 2025 y 2026, respectivamente.
A su vez, la reforma flexibiliza las metas fiscales que se habían exigido al Poder Ejecutivo como condición para endeudarse en el exterior, específicamente en cuanto a superávit primario y pago de intereses de la deuda pública.
El proyecto (expediente 24.462) propone reducir el superávit primario del 1,85 % del producto interno bruto (PIB) al 1,3 % para este año, y del 2,25 % al 1,85 % para 2025. Este indicador representa el saldo positivo al comparar ingresos y gastos, excluyendo los intereses de la deuda.
En cuanto al pago de intereses, el Gobierno busca elevar el límite proyectado para 2024 del 4,9 % del PIB al 5,1 %, y para 2025, del 4,6 % al 5 %.
Creación de electrolineras privadas
El Gobierno también incluyó en la agenda el proyecto de ley para impulsar una red de electrolineras privadas en el país.
La iniciativa permitiría al sector privado vender el servicio de recarga para vehículos eléctricos, que hoy está reservado a las empresas estatales distribuidoras de electricidad. El objetivo es ampliar la red nacional de carga eléctrica para dar soporte a la transición hacia el transporte eléctrico.
Este plan ha recibido más de un centenar de mociones por parte de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Katherine Moreira Brown.