¿Elimina bono de vivienda la reforma que propone el gobierno de Chaves?

(CRHoy.com) El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para unificar las instituciones encargadas del sector vivienda y crear una sola rectoría a su alrededor generó otro choque entre el gobierno de Rodrigo Chaves y la oposición en el Congreso.

La propuesta de ley es motivo de discordia porque mientras el gobierno defiende que con la reforma se lograría una mayor eficiencia y equidad en la distribución de los recursos para el acceso a la vivienda, por otro lado, sus detractores aseguran que el texto impulsa la eliminación del histórico bono de vivienda, desaparece las mutuales, crea más impuesto para el sector construcción y concentra el poder en una sola entidad.

La propuesta del gobierno

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a finales del año pasado es el 23.450. Esa propuesta plantea la desaparición del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu) y del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para dar paso a la creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat). El plan se encuentra en discusión en la Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, de la Asamblea Legislativa.

El Mihabitat ejercería la rectoría del Sistema Nacional del Hábitat, que incluye el Subsistema de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, el Subsistema de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Subsistema de Financiamiento para el Hábitat y el Territorio.

Una de sus principales funciones sería promover la generación y fortalecimiento de instrumentos financieros, de política pública y recursos técnicos que permitan atender de manera efectiva las necesidades en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y asentamientos humanos.

El nuevo ministerio se financiaría con las transferencias ordinarias procedentes de la Caja Única del Estado, incluidas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

También contaría con los siguientes aportes:

• El 1% de lo que cada municipalidad recaude por el impuesto sobre bienes inmuebles.
• El monto por concepto del impuesto solidario que recauden las municipalidades.
• El 20% de las utilidades derivadas de la gestión de crédito promovida por el ministerio, a través de los mecanismos financieros de propósito especial que la entidad podría crear.

Las preocupaciones de la oposición en el Congreso

Desde enero, al arranque de su trabajo de este año, los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional(PLN) y el Frente Amplio cerraron filas en contra de la propuesta del gobierno.

Las 3 fracciones opositoras coincidieron en que el plan más allá de crear el nuevo ministerio promueve otros cambios de fondo que atentarían en contra del acceso a vivienda digna de los sectores más vulnerables.

Las preocupaciones de los congresistas se concentran en los siguientes aspectos:

• Desaparecería el Bono Familiar de Vivienda y otros programas sociales como el de la vivienda para la persona joven, construcción en territorios insulares, bono diferido, bono para personas adultas mayores, y el de vivienda comunitaria para personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.
• Concentraría exceso de poder en el nuevo ministerio Mihabitad
• Eliminaría el Banco Hipotecario de la Vivienda y se le otorgaría a un ministerio funciones financieras propias de un banco
• Cerraría las mutuales:
• Generaría inseguridad jurídica en el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, Fondo de Subsidio de Vivienda y el Sistema de Ahorro y Préstamo

Banhvi y Cámara de Construcción se sumaron a cuestionamientos

Las críticas hacia el proyecto de ley no solo emanaron desde el Congreso, sino también desde otros sectores como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). 

Recientemente, en una audiencia con los diputados que integran la Comisión de Reforma del Estado -que analiza esta iniciativa- el  gerente general del Banhvi, Dagoberto Hidalgo Cortés, coincidió con los diputados acerca de que este proyecto eliminaría el bono familiar de vivienda.

El jerarca explicó que en todas las leyes que hoy dan vida al sector vivienda existe conexidad y vinculación con normas existentes. Agregó que si bien el proyecto habla en "manera general" del subsidio, en materia de leyes no se puede hablar de generalidades y con el texto presentado "deja de existir (el bono) en la vía jurídica".

También indicó que el plan tendría roces de inconstitucionalidad debido a que para eliminar instituciones como el Banhvi o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) se deben hacer por leyes específicas. Hidalgo mencionó además que estas entidades tienen una autonomía administrativa y existe una separación de funciones.

Otro aspecto que mencionó es que si se deroga la ley, las mutuales quedarían sin marco jurídico. Insistió que para ellos, como ente técnico, que un ministerio asuma actividades de intermediación financiera es incompatible.

"El proyecto de ley deja perdidas esas conexiones y si se deroga la ley se pierden los programas y el Bono Familiar de Vivienda. No estamos en contra de ser más eficientes y adelgazar el Estado, pero hay que hacer un análisis más profundo para evitar concentración de roles y funciones", comentó.

Desde la CCC, donde anteriormente se habían pronunciado en la conveniencia de la unificación de las 3 entidades que propone el texto, también se cuestionó el texto.

Carlos Trejos Rivera, presidente de la entidad, dijo que con la aprobación de la propuesta dejan de existir todas las modalidades del Bono Familiar de Vivienda, pues quedan sin sustento legal. También mencionó que se derogaría el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, sin que la nueva regulación indique la manera en la que se atenderán las problemáticas de vivienda en el país.

A su vez, desde la CCC se cuestionó que el texto genera vacíos normativos, pues "muchos de los contenidos a los que hace referencia la ley quedan sin regulación por las derogatorias de otras normas: mutuales, entidades autorizadas, el Sistema de Ahorro y Préstamo o el Fondo Nacional de Vivienda quedan sin normas legales de referencia, por lo que se genera inseguridad jurídica sobre su funcionamiento".

También coincidieron con los legisladores que se crearía un nuevo ministerio sin competencias claras, que se violarían autonomías constitucionales, pues tanto las municipalidades como las instituciones descentralizadas verían afectada su autonomía, debido a que las disposiciones del Ministerio serían de consideración obligatoria o aplicación para las demás instituciones, lo cual es inconstitucional.

Añadieron que, además, se generaría un cambio tributario que afectaría a más propietarios. "La derogatoria del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda (o impuesto a las casas de lujo) actualmente solo grava el valor de la vivienda, pero con la propuesta del proyecto de ley se eliminaría este impuesto y se sustituiría por una modificación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que al considerar no solo el valor de la vivienda, sino también del lote, haría que más propietarios tuvieran que pagar el impuesto", dijo Trejos.

La defensa del Poder Ejecutivo

A finales de la semana pasada, el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Vivienda, Jessica Martínez, salieron a defender el proyecto de ley que impulsa el gobierno.

En un acto protocolario de un condominio de ayuda social, que desde hace 2 meses estaba habitado, el mandatario y la ministra descartaron la intención del Poder Ejecutivo de eliminar el bono de vivienda, quizá el aspecto más cuestionado por parte de la oposición.

El Ejecutivo desmintió la intención de eliminar el subsidio del bono de la vivienda y alega que busca mejorar la equidad en su entrega.