Director financiero de CCSS relató a fiscales amenaza de represalias por advertir sobreprecios

Andrey Sánchez Duarte, director de la Dirección Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró recibir presiones y amenazas de represalias por advertir mediante análisis técnicos los aparentes sobreprecios que pagaría la entidad con la adjudicación a 5 cooperativas para la administración de 138 Ebáis de 10 áreas de salud.

El testimonio del funcionario fue parte de la prueba testimonial aportada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en la investigación penal abierta contra Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, y otros 7 jerarcas de la institución por presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública en el trámite de la adjudicación a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco).

Sánchez Duarte realizó un análisis en el que confirmó la existencia de excesos, rubros innecesarios o alquileres excesivos dentro de las ofertas planteadas por las cooperativas. Esa dependencia efectuó el estudio a partir del informe elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la Dirección Financiera, la cual advirtió que con las ofertas presentadas por las cooperativas la entidad pasaría a pagar un 65% más de lo que ya paga en la contratación vigente para la gestión de los Ebais.

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que la cúpula de la CCSS, encabezada por la abogada Marta Eugenia Esquivel, habría contratado a las cooperativas en detrimento de otra licitación que estaba en curso desde 2021. Con la decisión, avalaron contrataciones por un plazo de 10 años y un monto total inicial de ₡471.555 millones, los cuales representarían sobreprecios de hasta ₡12.400 millones anuales.

Sánchez Duarte rindió testimonio el 17 de setiembre ante fiscales de la Fapta y reveló que el día 23 de agosto de 2024 fue informado por parte de los directivos de la CCSS que existían molestias hacia él debido al rol como director financiero.

El testigo señaló que uno de los directivos, Johnny Gómez Pana, representante del sector patronal, le indicó que estaba "muy molesto con él" y con Ólger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS.

En el caso de Sánchez, la molestia recaería debido a que fue el informe de Auditoría Interna elevado al Ministerio Público el que representó el insumo principal para abrir la investigación por las presuntas anomalías en la contratación con sobreprecios.

Además, sobre Sánchez, la molestia de los directivos se habría centrado en haberlos denunciado y "por no haber informado nada a la junta directiva".

Tras esto, en la sesión de junta directiva celebrada del 12 de setiembre del 2024 se solicitó a la Auditoría Interna informar sobre "temas sensibles" de previo de que sean conocidos por la prensa.

En el caso del Sánchez Duarte se aludió que los jerarcas estaban molestos por no haber incidido en su equipo de trabajo para que abstuviera de pronunciarse sobre eventos subsecuentes de la compra.

El funcionario también se desligó de la participación en el informe, presuntamente irregular, que realizó la funcionaria María de los Ángeles Gutiérrez (entonces directora de Proyección de Servicios de Salud) a solicitud de la junta directiva para avalar -pese a todas las advertencias técnicas existentes- las ofertas planteadas por las cooperativas.

El informe de Gutiérrez fue el insumo principal que usó la junta directiva para adjudicar el contrato a las 5 cooperativas.

Según el testimonio brindado ante los fiscales, existió molestia de los directivos por haberse desligado del documento efectuado por Gutiérrez.

¿Amenaza implícita?

Los directores también señalaron a Sánchez Duarte que "se cuidara" con el tema de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, pues era un tema que se discutió en 2023 (cuando aún no estaba en el cargo) y que la Auditoría Interna hizo una relación de hechos contra el gerente financiero y el director financiero nombrado en ese entonces.

Este tema es un pendiente que ronda los 14 años y que, debido a la alta complejidad (hay incidencia en la metodología de costos y en cómo se muestran los análisis financieros), no ha sido posible de implementar durante la gestión de Sánchez Duarte (en el cargo desde el 10 de abril de 2024).

Según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se fijó un plazo de implementación para el 31 de diciembre del 2023 y se amplió al 31 de diciembre del 2024. Sin embargo, existe un criterio que excluía a la CCSS de ese plazo. Para diciembre de 2024 sería una proyección no realista de cumplir, de acuerdo con el relato de Sánchez.

Presuntamente, la sugerencia expuesta por los directivos tendría algún interés en revisar la gestión más detalladamente para "generar algún tipo de responsabilidad, tras su descontento con el tema de las cooperativas".

La resolución de medidas cautelares contra los imputados en la causa, dictada este 10 de octubre por Paúl Fuentes Sing, juez del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, valoró estos señalamientos para resolver suspender del cargo a Esquivel y los demás jerarcas investigados.

Fuentes tomó la decisión tras estudiar la advertencia hecha por el Ministerio Público sobre el riesgo de que los imputados obstaculizaran la investigación o procuraran incidir en testigos.

"(…) existe ese antecedente de que el señor Johnny Gómez Pana quiso influir en el testigo Andrey Sánchez Duarte y a su vez, la Junta Directiva, con la finalidad de obstaculizar posibles investigaciones, en la sesión de junta directiva del 12 de setiembre del 2024 solicitó a la Auditoría informar a la Junta Directiva sobre temas sensibles de previo de que sean conocidos por la prensa, lo cual evidenció el peligro de obstaculización no solo por parte del investigado Gómez Pana, sino también, por parte de los miembros de junta directiva quienes requirieron a la Auditoría conocer acerca de situaciones previas sensibles, que podrían involucrarlos (as) en algún tema en específico, lo cual determinó su intención de influir en las investigaciones realizadas a lo interno de la CCSS.

"Así las cosas, de la manifestación del señor Sánchez Duarte se puede denotar la existencia de amenazas con represalias en contra de él y su equipo de trabajo, debido a la molestia por no haber incidido en el equipo de trabajo para que se abstuviera de pronunciarse respecto al procedimiento de compra del 2023, lo que demuestra una evidente intención de intentar silenciar el tema, mediante una supuesta "política institucional" que no era otra cosa más que influir en posibles asuntos que podrían perjudicar a la junta directiva, lo cual fue promovido por la propia junta directiva al solicitar a la Auditoría tener conocimiento de la información sensible de previo que se conociera en la prensa", detalló el juez.

La revisión hecha por Sánchez Duarte detectó un "crecimiento importante de los posibles gastos asociados a la contratación respecto a la condición actual y pese a que no existían elementos sustanciales de una nueva oferta de servicios de salud (nuevos Ebáis, mayor población o cambios de la complejidad de las áreas de salud)".

Con base en los análisis realizados, la junta de adquisiciones de la CCSS recomendó en al menos 2 ocasiones declarar infructuosa la licitación debido a que las ofertas de las cooperativas no cumplían con la razonabilidad de precios adecuada. No obstante, la junta directiva liderada por Esquivel Rodríguez insistió en continuar con el proceso licitatorio y se apoyó en el documento de análisis cuantitativo presentado por Gutiérrez Brenes.

El estudio de razonabilidad de precios hecho por el Área de Contabilidad de Costos de la Dirección Financiera de la CCSS (único ente técnico válido para hacer este tipo de análisis en la licitación) advirtió que los montos ofertados por las cooperativas en la licitación "implicarían en promedio un incremento mensual del 33% respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud (en igualdad de condiciones técnicas)". Es decir, un incremento mensual de ₡1.033.357.539,98 y un incremento anual de ₡12.400.290.479,76.