Diputados presionan a Chaves con proyecto para endurecer beneficios carcelarios
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa exhortaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, a permitir la discusión en el Congreso del proyecto de ley que busca endurecer los requisitos para los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad.
Se trata del expediente 24.019, Ley de Ejecución de la Pena.
Entre los meses de mayo y julio, los diputados no podrán avanzar con esta propuesta de ley hasta que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto en el período de sesiones extraordinarias del Congreso, pues en dicho período legislativo es el Gobierno quien controla la agenda de iniciativas de ley que se discuten en la Asamblea.
Si el Gobierno no convoca el expediente, la discusión del proyecto se postergará hasta agosto.
Este proyecto contó, hasta hace unos meses, con el respaldo del Ejecutivo; sin embargo, actualmente ya no lo tiene, por lo que es poco probable que sea convocado por la Presidencia para su discusión.
La propuesta fue dictaminada desde octubre del año pasado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Actualmente, la iniciativa se encuentra en el trámite de presentación de mociones de fondo.
Ejecutivo ya bloqueó el plan durante tres meses
En el período de sesiones extraordinarias anterior, entre noviembre de 2023 y enero de 2024, los diputados de oposición lamentaron y reprocharon que el presidente, Rodrigo Chaves Robles, y su Gobierno retiraran el apoyo y excluyeran de la agenda legislativa la propuesta de ley de ejecución de la pena.
A pesar de que el propio Ejecutivo —por medio del Ministerio de Justicia— impulsó inicialmente la iniciativa en el Congreso, y de que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros Gallo, la defendió y votó a favor en comisión, el mandatario retiró el proyecto de la agenda de sesiones extraordinarias.
Dicho retiro provocó que la propuesta quedara estancada durante tres meses, en medio de una creciente crisis de inseguridad en el país. Aunado a esto, los diputados no lograron avanzar con su aprobación entre febrero y abril de este año.
Chaves se refirió al proyecto que su propia Administración y sus diputados promovieron como "un mamotreto" y advirtió que, de ser aprobado, él lo vetaría.
"Si lo aprueban, yo lo veto. Búsquense otros 38 diputados", afirmó el mandatario.
Cabe señalar que el cambio de postura del Gobierno se produjo tras la visita al país del presidente salvadoreño, Nayib Bukele Ortez, quien prometió "asesorar al Gobierno sobre el manejo de cárceles".
Desde el Congreso, el diputado liberacionista y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gilbert Jiménez Siles, y la congresista independiente Gloria Navas Montero cuestionaron el discurso de Chaves en contra del proyecto tras la visita de Bukele.
Jiménez Siles aseguró que, antes de que se retirara el texto de la agenda legislativa, ya había adelantado un 70 % de un nuevo texto sustitutivo que sería discutido en las siguientes semanas. En su redacción participaron funcionarios del Ministerio de Justicia, asesores legislativos y representantes del Poder Judicial.
"Ni siquiera conoce el proyecto de ejecución de la pena, ni lo ha leído. Sus críticas se sustentan en los chismes que hacen otras personas. Señor presidente, yo lo reto a que venga, estudie y me diga dónde están las debilidades, los cambios, las acciones y las soluciones. Y que le diga a su gente en el Ministerio de Justicia y Paz por qué no nos dieron los respectivos aportes", reclamó Jiménez.
Por su parte, la diputada Navas censuró al presidente Chaves y advirtió que la decisión del Ejecutivo lesiona "la estructura democrática del país".
Criticó los ataques del mandatario a otros poderes de la República y al derecho a la información, al tiempo que lo instó a repasar la Constitución Política y a alejarse del modelo impulsado por su homólogo salvadoreño.
"El presidente Chaves se ha dedicado a criticar de forma lesiva al Poder Judicial, a la Sala Constitucional y al derecho a la información y opinión de la prensa nacional. Esa posición no ayuda a construir puentes para mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Acá no queremos dictaduras. No pierda el rumbo, repase la Constitución Política y no se acerque peligrosamente a ese estado de excepción de su homólogo salvadoreño, que acá no permitiremos. Busque el camino del diálogo, no el de la amenaza y la arbitrariedad", manifestó Navas.
Tras la decisión del Ejecutivo de retirar el proyecto de ley, el Poder Judicial también alzó la voz y calificó la iniciativa como urgente para ordenar el sistema penitenciario nacional.
La Corte instó a que el tema se trate con altura y responsabilidad, rechazando "los ataques, el populismo punitivo y las narrativas que buscan dividir".
"La construcción de acuerdos en beneficio del país debe prevalecer. Exhortamos a que se retome el análisis del proyecto con la seriedad que merece, pues está en juego la posibilidad de garantizar un sistema penitenciario que responda a los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad", expresó el Poder Judicial en un comunicado.
La iniciativa busca restringir los beneficios carcelarios a los privados de libertad. Propone, entre otras cosas, que quienes sean condenados por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no puedan acceder a dichos beneficios.
Además, establece un marco claro de derechos y deberes para las personas sentenciadas, con el fin de brindar seguridad jurídica al procedimiento de ejecución penal, y desarrolla las funciones del Sistema Penitenciario Nacional como órgano del Ministerio de Justicia y Paz responsable del control y la vigilancia de la ejecución efectiva de la sanción penal.