Diputados piden a Fiscalía investigar injerencia de Chaves en PANI

(CRHoy.com) Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa solicitaron a la Fiscalía General investigar todo lo relacionado con la injerencia del presidente, Rodrigo Chaves Robles, en un expediente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que tiene relación con la esfera privada del empresario y accionista del medio CRHoy.com, Leonel Baruch Goldberg.

Así queda consignado en las conclusiones del informe elaborado por la comisión, tras una investigación de más de un mes.

La petición expresa de los diputados al Ministerio Público fue "determinar si proceden acusaciones penales por posibles delitos tipificados y sancionados en el ordenamiento jurídico costarricense", por este caso que trascendió a finales del mes de julio tras una serie de revelaciones de la expresidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López Fuscaldo (ver nota abajo).

El presunto delito que se habría cometido en este caso, según el informe, es el tráfico de influencias.

Esta solicitud de los congresistas fue 1 de un total de 6 recomendaciones hechas por los congresistas, en el informe votado este martes.

El informe fue firmado por las liberacionistas Monserrat Ruiz Guevara y Sonia Rojas Méndez; el congresista del Liberal Progresista, Jorge Eduardo Dengo Rosabal;  la socialcristiana Melina Ajoy Palma y el frenteamplista, Antonio Ortega Gutiérrez.

De manera extraoficial se menciona que la diputada de Nueva República, Rosalía Brown Young y el oficialista de Progreso Social Democrático, Alexander Barrantes Chacón habrían presentado sus propios informes. De momento esos documentos no han trascendido. 

Además de esta petición a la Fiscalía para que investigue este caso, la comisión legislativa recomendó al plenario legislativo aprobar este informe, lo cual dependerá de una discusión que deberá abrirse – en una fecha aún por definir- mediante un debate reglado.

Hay que recordar que el pasado  25 de julio pasado, Baruch entabló una demanda en contra del mandatario; la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu),Adilia Caravaca Zúñiga; el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez Vives y al jefe de despacho de presidencia Gabriel Aguilar Vargas.

Otras recomendaciones de la comisión

El informe de los diputados aprobado este martes también hace otras recomendaciones a distintas instituciones.

A la Procuraduría de la Ética se le recomienda:

• Investigar las presuntas acciones irregulares de los funcionarios públicos involucrados en el informe para determinar si constituyen faltas a la ética y probidad, así como las posibles sanciones y recomendaciones pertinentes, desde la perspectiva del derecho administrativo y penal.

Al PANI se le recomienda:

• Tomar las acciones necesarias para preservar la integridad y los derechos de las personas menores de edad que se encuentran en albergues, mediante una política institucional que promueva y proteja sus derechos frente a situaciones de violencia, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de la Niñez y el Código de Niñez y Adolescencia.
• Iniciar una investigación a lo interno sobre las posibles responsabilidades administrativas, penales y laborales en las que estarían incurriendo las personas funcionarias encargadas de dar respuesta a las situaciones de violencia en los albergues de personas menores de edad.
• Adoptar un protocolo coordinado e interinstitucional para la atención de casos de violencia en contra de la niñez y adolescencia, que permita la detección temprana y respuesta, de acuerdo con el principio de interés superior de la niñez.
• Realizar una evaluación de clima y cultura organizacional, que permita diagnosticar y atender situaciones que impiden un cumplimiento adecuado de las funciones de la institución.

A la Contraloría General de la República se le solicita:

• Investigar las contrataciones irregulares entre entidades de derecho público hacia el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), con objetos contractuales que no cumplen con los requisitos para la misma, las posibles transgresiones a la Ley General de Contratación Pública, y si se constituyen en infracciones de personas funcionarias públicas.

Entre tanto, a la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público se le solicita:

• Investigar sobre las intenciones de que el PANI adjudicara una pauta institucional de hasta por cien millones de cólones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), sin que se cumplieran los requisitos para una contratación entre entidades de derecho público, y el posible uso irregular de recursos públicos en este caso.

El informe completo de la Comisión de Derechos Humanos puede verlo en este enlace Informe Final 23.848

¿Cómo inició esta investigación?

Esta investigación se originó el pasado 20 de julio. Ese día, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso habían convocado a la expresidenta de esa institución, Gloriana López Fuscaldo, para que rindiera cuentas por su gestión y para que profundizara sobre temas de la condición de la niñez.

Sin embargo, una declaración de López -bajo juramento- encendió las alarmas. La exjerarca reveló que durante su gestión el hoy jefe de despacho de Chaves, Gabriel Aguilar Vargas, la llamó -presuntamente con órdenes de Chaves- para que diera una "atención especial" a un trámite de la esfera privada de Baruch y su familia en el PANI.

De manera inmediata, los diputados se percataron que esa instrucción fue "inapropiada y completamente irregular".

Los congresistas opositores aseguran que este accionar del mandatario y de su gobierno fue inaceptable y que arroja una actitud vengativa del gobernante. Mostraron su preocupación de que, de 87 mil casos sobre menores abiertos en el PANI, Chaves mostrara atención por este caso de Baruch, a quien viene vertiendo desde meses atrás sus ataques producto de la línea crítica del medio CRHoy.com al gobierno.

Además, los legisladores señalaron que el país está bajo un gobierno que persigue y que usa el tráfico de influencias. También señalaron que este es un modo de operar de "las mafias" y que esta injerencia de Chaves representa un acto criminal.

López Fuscaldo, quien en agosto decidió autoexiliarse en Panamá por amenazas en su contra, también dijo a los diputados que recibió amenazas de Chaves para dejar su puesto. Además, la expresidenta del PANI denunció que desde el Gobierno se le ofreció una embajada – presuntamente la de Perú que está vacante- para que renunciara a su cargo y que se le intentó hostigar sexualmente por parte de un funcionario de la Presidencia.

También censuró el proceder de la vicepresidenta Mary Munive Angermüller luego de que en una visita a su casa de habitación y oficina se inmiscuyera en cuestiones relacionadas con sus diagnósticos médicos y vida privada.

A lo largo de los últimos 2 meses, otros hechos sumaron a la preocupación de los diputados en este caso. En julio se reveló que la esposa de Baruch, Yafit Ohana Beladel, visitó 6 veces la Casa Presidencial, 5 de esos encuentros fueron para reunirse con el presidente Chaves en su despacho. Ohana mantuvo estos encuentros en la Presidencia entre el 7 de julio y el 7 de octubre de 2022.

Hay que señalar que la última visita de Ohana a Zapote, en la que participó Chaves, se efectuó cuatro días antes de que el Ministerio de Hacienda trasladara a la Fiscalía una denuncia, con base en un video de TikTok, sobre un falso "megacaso" de evasión contra una sociedad vinculada a Baruch. A pesar de las consultas de los diputados sobre cómo tuvo acceso a estas 6 reuniones en la Presidencia, Ohana declinó a ampliar en una audiencia a la que fue llamada por los diputados la semana pasada.