Diputados llaman a cuentas a Jack Loeb y a Sofía Agüero por campaña de Rodrigo Chaves
Kattia Rivera Soto y Paulina María Ramírez Portuguez, Presidenta y Tesorera del PLN comparecen ante comisión de financiamiento de partidos políticos
(CRHoy.com) Los diputados de la Comisión Investigadora del Financiamiento Electoral de la campaña de 2022 decidieron llamar a cuentas al empresario Jack Frederick Loeb Casanova y a la exasistente del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles durante su campaña electoral, Sofía Agüero Salazar.
La moción fue aprobada de manera por los 7 diputados de la comisión tras ser presentada por el legislador liberacionista, Francisco Nicolás.
Según trascendió en febrero pasado, Jack Frederick Loeb Casanova era uno de los principales donantes del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el cual Chaves ganó la Presidencia.
Según el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Loeb Casanova donó a la fuerza política ¢44.399.387 entre el 19 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021.
El Tribunal Supremo de Elecciones calificó las donaciones en especie de Loeb Casanova a la campaña de Chaves como "no electorales", es decir, que fueron realizadas antes de que iniciara oficialmente la campaña política pasada, el 6 de octubre del año anterior.
En el pasado, el empresario también hizo aportes a la campaña política de Liberación Nacional, en el 2018, cuando Antonio Álvarez Desanti fue el candidato presidencial.
Por su parte, Agüero Salazar era la asistente de Chaves en la campaña.
En abril, el abogado José Eduardo Vargas, fundador y exmilitante del Partido Progreso Social Democrático (PSD), narró a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) que Chaves habría entablado una relación personal con Agüero, de 24 años, con el fin de convencerla para que lo dejara utilizar su cuenta bancaria para movilizar miles de dólares hacia la campaña política.
Esos recursos, según declaró Agüero en esa ocasión, se usaron para financiar la campaña de diputados de Progreso Social Democrático en San José. Los recursos no ingresaron a las cuentas del partido, como lo exigen los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).