Diputados escuchan reclamo de jueces y modificarán proyecto

(CRHoy.com) Los diputados acordaron devolver al primer debate el expediente 22.836, una reforma al Código Penal que permitirá al Organismo de Investigación Judicial y a la Fiscalía General agilizar los allanamientos.

La iniciativa fue aprobada en primera instancia el pasado 31 de julio, tras una solicitud del Fiscal General de la República Carlo Díaz.

Pero, los jueces reaccionaron, luego que al plan se le aplicó una modificación que alegan no estaba en el texto dictaminado.

Fue por medio de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), cuya presidenta es Adriana Orocú, que se expuso a los legisladores la situación.

En un oficio enviado a los diputados el pasado 9 de agosto y suscrito por más de 60 jueces penales se indica:

"Es relevante indicar que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Defensa Pública se pronunciaron en favor de los plazos que se establecían en el proyecto original (5 y 10 días) pero no respecto a los que resultaron en el texto definitivo aprobado en primer debate, lo que afecta la legitimidad y respaldo de la reforma que se pretende hacer".

El proyecto aprobado establece que en los casos de tramitación ordinaria el plazo máximo para resolver del juez será de hasta 48 horas.

Y en procesos con declaratoria de procedimiento especial de criminalidad organizada o tramitación compleja, el plazo máximo de resolución será de hasta 3 días hábiles.

La falencia del proyecto radica en suponer que todos los asuntos penales que se tramitan son similares, sin valorar la diferente complejidad que tienen los casos y que muchos involucran gran cantidad de personas investigadas. De hecho, la investigación de algunos asuntos puede haber tardado meses e incluso años, como de hecho sucedió con los casos conocidos públicamente de alto impacto mediático y de trascendencia institucional como los llamados la Trocha, el Cemento, Cochinilla, Diamante, Aldesa, Crucitas, u otros asuntos de robo de vehículos, venta de drogas, proxenetismo, delitos tributarios, corrupción o trata de personas en los que la cantidad de lugares por allanar puede superar más de veinte viviendas o instituciones

Alegan además, que la redacción del artículo contraviene la propia exposición de motivos del proyecto discutido, que estableció que para determinar la razonabilidad del plazo, se debe tener en cuenta la complejidad de cada caso, haciendo hincapié en que ese aspecto es un derecho fundamental y una garantía que le asiste a las partes del proceso.

El proyecto tampoco se toma en consideración los diferentes tipos de procesos que permiten la diligencia de allanamiento, como la materia Penal de Hacienda y la Función Pública, Penal Juvenil, Supremos Poderes o asuntos contravencionales, entre otros.

"En la implementación del proyecto, surgirían inconvenientes predecibles diarios que lejos de convenir con el ideal de eficacia y celeridad de las diligencias, retrasaría los trámites; por ejemplo, no hay solución legal de prioridad cuando a una misma persona juzgadora le ingresan más de dos solicitudes urgentes al mismo tiempo o el mismo día, siendo que en la redacción actual, el plazo empezaría a correr de forma simultánea. Tómese en cuenta que en una gran cantidad de juzgados penales en el país solo se cuenta con dos personas juzgadoras, lo que conllevaría dejar de atender otros asuntos importantes como las solicitudes de prisión preventiva, medidas cautelares, levantamiento de cuerpos, anticipos jurisdiccionales de prueba y audiencias", indicaron.

La propuesta que sería acogida por los diputados es mantener los plazos establecidos en el texto original.

Para ello, el reglamento legislativo permite que se aprueba una moción de fondo para cambiar el proyecto y luego volver a votar el proyecto de nuevo en primer debate.