Diputado propone crear timbre para financiar gastos del OIJ
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com).-Un proyecto de ley presentado al Congreso pretende crear un timbre especial para financiar gastos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La iniciativa -que se tramita bajo el expediente legislativo 23.411- fue propuesta por el diputado Jorge Antonio Rojas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Los recursos provenientes del timbre se utilizarían para la compra de infraestructura inmobiliaria, remodelaciones y construcción, así como la compra de activos y adquisición de servicios esenciales para la adecuada operación institucional.
También para la compra de equipo policial, mobiliario, licencias, software, equipo en insumos especializados para uso en Medicina Legal y Laboratorio de Ciencias Forenses. Hasta un 25% de lo recaudado se destinaría para el aumento de plazas de personal cuando así lo requiera un estudio técnico.
Según la propuesta, el timbre tendrá carácter de requisito legal obligatorio para la presentación de demandas de cobro judicial que se presenten ante los juzgados. Toda persona, física o jurídica, que figure como actor en esos procesos deberá pagar el timbre correspondiente y adjuntar el comprobante a la hora de presentar la demanda ante el juzgado.
Los bancos del Estado serían los entes recaudadores autorizados para el cobro del timbre. Ellos venderán el timbre y el monto recaudado mensualmente lo dirigirán a la Caja Única del Estado para que desde el Ministerio de Hacienda se dirija al OIJ y al Poder Judicial.
El 60% de lo recaudado sería para financiar gastos del OIJ y la diferencia (40%) para el mejoramiento de los Juzgados Especializados de Cobro.
El valor del timbre sería determinado por el valor de la cuantía del proceso de acuerdo con la siguiente escala:
- ¢10 mil en procesos con estimación hasta de un ¢1 millón.
- ¢15 mil en procesos con estimación de más de un ¢1 millón y que no excedan ¢5 millones.
- ¢20 mil en procesos con estimación de más de ¢5 millones y que no excedan ¢25 millones.
- ¢25 mil en procesos con estimación de más de ¢25 millones y que no excedan ¢50 millones.
- ¢30 mil en procesos con estimación de más de ¢50 millones a ¢100 millones.
- ¢35 mil en procesos con estimación de más de ¢100 millones a ¢500 millones.
- ¢75 mil en procesos con estimación de ¢500 millones en adelante.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, los recursos asignados al OIJ cubren únicamente los costos por aumento de la inflación y el presupuesto de la institución en los últimos tres años ha ido disminuyendo.
"Cabe destacar que en los últimos tres años se ha tenido que tratar de hacer lo mismo con mucho menos ingresos, pero no ha sido posible tener un presupuesto igual al de 2019 en el cual se cubrían diferentes costos de operación, y mucho menos tratar de pretender un presupuesto superior al de ese año. Para los años 2020, 2021 y 2022 el presupuesto ha estado entre ¢1.000 a ¢6.000 millones por debajo del año de comparación. Estos recortes han afectado desde las remuneraciones hasta los gastos operativos", agrega Rojas.