Diputada pide a Contraloría frenar proceso de adjudicación de revisión técnica

De pie, la diputada Carolina Delgado, del PLN. (Asamblea Legislativa).

(CRHoy.com) -La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), pidió a la Contraloría General de la República (CGR) que frene el proceso de adjudicación del servicio de revisión técnica vehicular abierto por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La legisladora presentó una denuncia ante la contralora general de la República, Marta Acosta, sobre la posible ilegalidad en el otorgamiento del permiso que pretende realizar el MOPT, tras el fin del contrato con la empresa española Riteve.

Delgado planteó la denuncia con base en argumentos que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) en respuesta a una consulta anterior que hizo la liberacionista.

"Le solicito respetuosamente realizar las gestiones correspondientes para detener el dictado de un acto contrario a la normativa y que puede lesionar la Hacienda Pública, así como establecer las eventuales responsabilidades administrativas y valorar si es necesario interponer una denuncia por la posible comisión del delito de prevaricato, de conformidad con lo estipulado por el artículo 357 del Código Penal", manifestó la congresista en el oficio dirigido a la Contralora.

Según Delgado, será el despacho del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, el que reciba las ofertas para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular, haga el respectivo tramite y decida.

Sin embargo, sostuvo que eso resulta "jurídicamente improcedente" porque el artículo 25 de  la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial indica que corresponde al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) otorgar las autorizaciones para los centros que realizan la inspección técnica vehicular.

En su criterio, en ese sentido apuntan el dictamen C-139-2022 del 28 de junio de 2022 y la opinión OJ-095-2022 del 14 de julio de 2022, de la Procuraduría, en las cuales se indica que "la revisión técnica vehicular es una función del MOPT, pero una competencia desconcentrada en el Consejo, al que le corresponde contratar, fiscalizar y sancionar a las empresas habilitadas para prestar el aludido servicio. Asimismo, el Cosevi es el órgano competente para establecer los requisitos adicionales a los comprendidos en el mínimo legal del artículo 27 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial que dichas empresas deben cumplir para quedar habilitadas como prestatarias de la citada actividad".

De acuerdo con la legisladora, el jerarca del MOPT, al emitir la invitación para recibir ofertas, tramitar y otorgar el permiso para la revisión técnica vehicular "estaría avocando la competencia dada al Cosevi por ley, lo cual haría que el acto administrativo que eventualmente se dicte violente el ordenamiento jurídico y, por tanto, sea susceptible de ser declarado absolutamente nulo e inejecutable de conformidad con lo señalado por los artículos 158 inciso 2) , 166 y 169 de la Ley General de la Administración Pública".

"Lo más cuestionable es que, al 29 de junio de 2022, cuando el Poder Ejecutivo anunció ante los medios de comunicación que otorgaría el permiso de uso precario para la prestación del servicio de revisión técnica vehicular, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, ya tenía conocimiento de la respuesta dada por la Procuraduría General de la República, mediante oficio C-139-2022, el cual fue emitido un día antes y explica que 'la revisión técnica vehicular constituye un servicio público, de ahí que el Estado, para encargarle su prestación a un sujeto de derecho privado, debe hacerlo por la vía de un proceso de concurso público por mandato del artículo 182 de la Carta Fundamental', y que corresponde al Cosevi 'contratar las empresas habilitadas para prestar el servicio de la revisión técnica vehicular".

"Estamos frente a un acto que a todas luces resulta ilegal e improcedente. En caso de que se avance y se otorgue el permiso de uso en precario para los próximos dos años, como lo pretende el Gobierno, podría generarse una responsabilidad para la Administración e incluso posibles demandas en contra del Estado por parte de aquellas empresas que hayan concursado y que no hayan sido adjudicadas, por no cumplir al pie de la letra lo que la legislación estipula al respecto", agregó Delgado.