Defensoría identificó 8 debilidades en abordaje de programas sociales dirigido a personas en pobreza

La Defensoría de los Habitantes compartió un comunicado de prensa tras una investigación en la que identificó 8 debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos giran en torno a la ausencia de indicadores de resultados o de impacto, así como a la falta de una Política Nacional de la Pobreza.

"En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales", expone el comunicado.

La investigación se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios para el periodo 2019-2024. Los principales descubrimientos fueron los siguientes:

1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiaria. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.
2. Ausencia de indicadores de resultado o de impacto. Esta carencia dificulta la evaluación sobre si realmente se están generando cambios positivos en la sociedad. Asimismo, impide identificar la necesidad de implementar mejoras que beneficien de manera más efectiva a la población.
3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad varían según la región del país. No obstante, en la mayoría de los programas sociales analizados, al realizar los costes, asignaciones o replanteamientos, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria ni el impacto que implica vivir en dicha región.
4. Ausencia de una Política Nacional de la Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de contar con una política pública nacional formal y con un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social. También subraya la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.
5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Es imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes para gestionar la información con precisión y garantizar la accesibilidad de los datos. Además, la Defensoría ha identificado una falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, las cuales no están diseñadas para gestionar datos complejos ni asegurar la integridad relacional.
6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales —como el de Red de Cuido— que permitan a entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI solicitar presupuestos acordes con los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.
7. Reducciones presupuestarias o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90 %. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos, sigue siendo preocupante la subejecución presupuestaria, cuyos efectos equivalen a un recorte presupuestario.
8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual modelo de atención a la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Es urgente rediseñar estos programas para incluir escalonamientos graduales de beneficios y un acompañamiento integral que garantice una verdadera superación de la pobreza. Así se evitaría el retiro abrupto de subsidios cuando las familias apenas comienzan a superar su situación. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona mejora sus ingresos y deja de estar dentro de la línea de pobreza, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.

De acuerdo con la institución, en Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo n.º 43580-MP-PLAN e incluyen entidades clave como:

• Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
• Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
• Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
• Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)