Defensa Pública contará con 14 abogados para jurisdicción de crimen organizado

(CRHoy.com) La Defensa Pública pretende contratar a inicios del próximo año a su nuevo cuerpo de abogados para la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), que se prevé entre en operación en mayo de 2023.

En total, la institución abrirá 14 plazas para juristas que darán representación legal gratuita a sospechosos de narcotráfico y legitimación de capitales, entre otros delitos graves (con extremos superiores de pena de cuatro o más años de cárcel).

Así lo dio a conocer el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, durante el acto de rendición de cuentas efectuado el 15 de diciembre en el Museo Penitenciario, en Bajos de la Unión, en Merced de San José.

"Hemos estado abocados y hemos dado una lucha para que la Jurisdicción de Delincuencia Organizada finalmente aflorara. Luego de algunas vacatio legis y reformas legales finalmente hemos empezado en la ruta de echar a andar esta jurisdicción especializada.

"Y particularmente, en el caso de la Defensa Pública, hemos hecho procesos con personas capacitadas en este tema para dar un buen servicio. Esperamos en los primeros meses del año entrante realizar una convocatoria para el nombramiento de las personas que estarán cumpliendo esa labor", ahondó el vocero en conversación con CRHoy.com.

Pérez Murillo explicó que los cupos serán -por decirlo de alguna manera- una "propiedad temporal", toda vez que las designaciones se harán por máximo ocho años.

Ese periodo es introducido por el artículo 18 de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que dispone adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Específicamente señala:

• Que los nombramientos de los integrantes del Juzgado Penal y tramitadores estarán a cargo del Consejo Superior, mientras que los del Tribunal Penal y del Tribunal de Apelación de Sentencia, serán potestad de la Corte Plena. La duración de la designación podrá ampliarse por el término necesario para finalizar actos procesales en curso que están a su cargo o hasta que se nombre a su sustituto.
• Que el mismo periodo se dará para todos los nombramientos que se hagan en esa jurisdicción.
• Que para ser designado, deberá aprobar un riguroso programa de reclutamiento y selección, conforme al principio de idoneidad comprobada.
• Que todos los funcionarios que se desempeñen en la jurisdicción especializada deberán ser valoradas cada dos años por la Dirección de Gestión Humana, con el fin de constatar que mantienen la idoneidad para desempeñarse en el cargo. En caso de arrojar resultados no favorables, serán remitidos a conocimiento de la Corte Plena y el Consejo Superior, que podrán revocar o suspender sus nombramientos y devolverlos a sus puestos en propiedad.
• Que quienes se desempeñen en la jurisdicción especializada devengarán un incentivo salarial y conservarán su plaza en propiedad.
• Que quienes trabajen en la jurisdicción especializada tendrán protección especial, solamente cuando surjan factores de riesgo por el ejercicio de sus funciones que así lo hagan necesario, según los estudios técnicos respectivos.
• Y que quienes se desempeñen en la jurisdicción especializada también realizarán labores dentro de la jurisdicción ordinaria, cuando los requerimientos institucionales así lo determinen.

"Se ha buscado que estas personas cuenten con un tema con ocasión del puesto respectivo, pero no es algo que, creo yo, resulta tan extraordinario como tal vez debería suceder", indicó el director general en relación con el salario que devengarán estos servidores públicos.

La norma que instaló los órganos jurisdiccionales abocados al procesamiento de la delincuencia organizada establece en su numeral 15 a la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública, la creación de unidades para conocer los asuntos investigados y juzgados en la jurisdicción especializada. Asimismo, determina que a esos órganos les corresponderá definir los requisitos que deberán cumplir quienes se desempeñen en sus oficinas.

El nuevo despacho, de acuerdo con Pérez Murillo, estará complementado por tres auxiliares administrativos, dos técnicos jurídicos, un personero de servicios generales y cuatro investigadores. En total, la Unidad de Delincuencia Organizada de la Defensa Pública estará conformada por 24 funcionarios. La institución tiene una planilla aproximada de 870 servidores.

La Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada fue publicada el 13 de setiembre de 2017, pero se espera que entre en vigencia en cinco meses, dadas varias postergaciones derivadas de limitaciones presupuestarias que han impedido su puesta en marcha.

En la última de esas vacatio legis se estableció que la norma entraría en vigor 18 meses después de que se autorizaran los recursos necesarios para implementación; aval que llegó a finales del 2021 y que incluyó ¢2.900 millones para el financiamiento de las nuevas plazas y el equipo necesario, así como ¢500 millones destinados a las remodelaciones necesarias para la instalación de oficinas y salas de juicio en los tribunales del I Circuito Judicial de San José.