Defensa de administrador pide abrir procesos disciplinarios a peritos en caso de María Luisa Cedeño

El pedido lo planteó el abogado de Luis Carlos Miranda, Érick Gatgens, la mañana de este miércoles ante el Tribunal Penal de Quepos, en su cuarto día de conclusiones por el crimen de la anestesióloga. Durante su exposición, el jurista ahondó en las razones por las que considera que la patóloga Silvia Fernández y el odontólogo forense José Manuel Fernández, incurrieron en tales actuaciones presuntamente irregulares.

Desde la perspectiva del defensor, esos adelantamientos constituyen una falta gravísima, por encajar con una violación al inciso B) del artículo 32 del Reglamento para Regular la Función de los y las Intérpretes, Traductores, Peritos y Ejecutores en el Poder Judicial, que sanciona el adelantamiento de criterio regulado en el inciso 3) del numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La primera de las normas establece como posibles castigos -según el caso concreto- la emisión de una advertencia o una amonestación escrita, así como el dictado de una suspensión por seis meses o de exclusión de la Lista Oficial (banco en el que se indican las personas acreditadas para llevar a cabo funciones específicas).

Respecto a la patóloga, Gatgens detalló que en la solicitud de allanamiento al condominio de su cliente, en Costa Linda de playa Jacó, en Garabito, del 25 de julio de 2020, la fiscala Grettel Rosales apuntó que la médica le informó de las severas heridas encontradas en la vagina y el ano de la víctima, antes de emitir la autopsia, cuya fecha oficial es del mismo día, aunque en horas posteriores. A ello abonó que existe una nota donde se indica que el documento fue enviado por e-mail hasta el 29 de julio de 2020.

El odontólogo, en cambio, incurrió -para el abogado- en varios adelantamientos. Estos se dieron en reuniones que concedió el 24 y 25 de julio de 2020 al especialista en escena del crimen, Ronny León. En la primera de las fechas, Fernández en apariencia dijo que las mordidas no podían haber sido causadas por el bailarín encartado Teodoro Herrera, ya que su boca y mordedura eran de mayor tamaño a las marcas que presentaba el cadáver. En la segunda, apuntó que las tres mordidas (en antebrazo derecho, mejilla derecha y seno izquierdo) habían sido provocadas por una persona con un diastema (es decir, con un espacio entre los dientes). Ambas manifestaciones se dieron en entrevistas posteriores a la toma de muestras dentales de Herrera y Miranda, respectivamente, efectuadas tan solo horas antes.

Dichas aseveraciones también fueron utilizadas por la fiscala en su petición de ingreso al apartamento del administrador.

Tres días después, el 27 de julio de 2020, el entonces jefe de la delegación de la Policía Judicial en Quepos, Donaldo Bermúdez, señaló en un oficio que el mismo perito especificó que la mordida del seno izquierdo (atribuida a Miranda, en grado de no exclusión) no presentaba equimosis, pero sí una huella de arrastre de la que se permitía extraer un patrón coincidente con un diastema.

Desde la perspectiva del defensor, ese es un "resumen" de la pericia que finalmente emitió Fernández, cuatro días más tarde. ¿Cuál es el problema? Para el jurista es que el odontólogo no tenía los elementos necesarios para poder comparar a los potenciales mordedores con las heridas, ya que estos le fueron remitidos hasta el 29 de julio de 2020 (o sea, cinco días después de que hizo los comentarios de por qué descartaba a Herrera como mordedor, y tan solo dos antes de que su dictamen fuera oficializado).

Es por todo lo anterior que, para Gatgens, tanto los informes de los especialistas, como sus ampliaciones y declaraciones, deben se invalidados.

Las mordidas en antebrazo derecho y mejilla derecha son achacadas (también por no exclusión) al empresario sospechoso Harry Bodaan, quien era el dueño del hotel La Mansión Inn, en el que ocurrieron los hechos.