Crimen organizado extrae material minero para procesarlo fuera de Crucitas y evadir autoridades

El crimen organizado que ha asumido la actividad ilegal de extracción de material minero en Crucitas, en la frontera norte del país, ha comenzado a utilizar un nuevo método para evadir a las autoridades y evitar ser capturado o que les decomisen lo extraído.

Las unidades de inteligencia de la Fuerza Pública que operan en el lugar han detectado el desplazamiento y trasiego de materiales extraídos de las montañas de Cutris de San Carlos, para su traslado hacia otras regiones del país, donde cuentan con infraestructura para procesar el oro.

De esta forma, evitan cometer un delito flagrante. El director de la policía, Marlon Cubillo, explicó este lunes que si una persona es detenida con tierra colada en las cercanías de Crucitas, incurre en delitos ambientales de manera flagrante.

Sin embargo, si transportan el material hacia zonas alejadas, donde no es posible determinar con certeza que proviene de Crucitas, no se configura un delito, lo que les permite evadir la acción policial.

"Si nosotros dentro del área identificada de Crucitas logramos detectar a una persona extrayendo materiales, hay una infracción al código minero, entonces los pasamos a la Fiscalía de Flagrancia, donde si los procesan, van a recibir posiblemente una sanción. 

Si lo hacen en un lugar externo, con material de la zona de Crucitas, no configura tipo penal y no configura delito, entonces esa es la modalidad que estamos detectando", manifestó durante una audiencia ante la Comisión Legislativa de Alajuela, que analiza dos proyectos de ley sobre la extracción ilegal de oro en la región limítrofe. 

Cubillo explicó, además, que si no se logra retener a los coligalleros con el material cerca de Cutris, es difícil comprobar su origen, por lo que en esos casos se debe iniciar una amplia investigación para evidenciarlo.

"Normalmente, uno tiene que probar el origen del material y el tema es que lo estén sacando de una zona que está legislada. Si se detiene a una persona aquí en San José centro con tierra o con materiales en saco, tendría que ir a probar el ilícito.

Eso le corresponde a la Fiscalía y al OIJ investigarlo, esa persona que se aprehende aquí no se podría pasar detenida como en Crucitas, que con solo detectarlo extrayendo o con material de la zona, va para la Fiscalía de Flagrancia por un delito de extracción de materiales", añadió.

Años atrás, los coligalleros ilegales realizaban todo el proceso de extracción de oro dentro de la misma finca Vivoyet, epicentro de la crisis minera que afronta el país, donde se ubican los cerros ricos en este mineral.

Ahora han optado por extraer tierra ligeramente colada y sacarla en sacos, para procesarla fuera y así evitar ser capturados por la policía.

Por eso, en los casos en que no se logra interceptar el material minero cerca de la jurisdicción existente para sancionar el delito de extracción, la Fuerza Pública solo puede remitir un informe para que la Fiscalía inicie una investigación.

Las autoridades reconocen que el negocio del oro está controlado por el crimen organizado, con estructuras que se reparten las tres mil hectáreas de terreno donde operan, erigen campamentos, manejan armas de fuego e incluso mantienen plantaciones de marihuana para el comercio local.

Estos grupos se encuentran muy cerca de la frontera y operan de forma binacional, tanto en suelo costarricense como en Nicaragua, con traslados diarios entre ambos países. Actualmente, se calcula que unas tres mil personas se dedican a esta actividad ilícita.

Esta cifra varía, porque en Nicaragua también se registra una importante extracción de oro en la Reserva Biológica Indio Maíz, ubicada a pocos kilómetros. Sin embargo, una vez que allí se agoten los recursos, miles de coligalleros podrían regresar a Cutris.

Pese a este panorama, el Ministerio de Seguridad Pública dice contar con solo unos 40 o 50 efectivos policiales en la zona y carece de instalaciones adecuadas para que los policías puedan dormir, comer y descansar.

También reconocen la necesidad de mejorar el estado de los vehículos patrulleros para atender la situación. Por eso recomendaron a los diputados que, en caso de avalar alguna licitación o autorización para la actividad minera reglamentada, dispongan de algún impuesto o gravamen destinado a la seguridad.

Seguridad Pública reconoce los vínculos del coligallerismo con el narcotráfico y el blanqueo de capitales, por lo que sugieren elevar las penas y sanciones por estas actividades.

Los oficiales que trabajan en la zona requieren un entrenamiento diferente, con técnicas de movilidad y autodefensa en montaña, para no ser víctimas de agresiones ni exponerse a situaciones de riesgo.