#CRHoyVerifica: Chaves se atribuyó participación de policías en desalojo cuando orden fue de un juez

(CRHoy.com).— El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se atribuyó el haberle dado la autorización a la Fuerza Pública para que participara en las demoliciones de los muelles ilegales en las zonas de Cieneguita y Moín, en Limón, cuando la orden de que dicho cuerpo policial estuviera en esa actividad fue emitida mediante un fallo del Juzgado Penal en agosto del 2020.

"Ese día, yo había autorizado que la Fuerza Pública participara en el desalojo y la demolición de estructuras, construidas, de altísimo costo por redes criminales reconocidas que utilizan ese territorio para traficar cocaína, al mayoreo, en contenedores", indicó Chaves la noche del 23 de febrero del 2023 a diferentes medios de comunicación cuando era cuestionado por "actitudes militaristas", cuando se ve en un video a sus escoltas custodiarlo con armamento de grueso calibre.

Sin embargo, la Fuerza Pública no necesitaba ser autorizada por el Presidente Chaves para estar en dicha demolición, ya que el juez Jean Carlo Sandí Chaverri, del Juzgado Penal de Limón, había ordenado mediante el fallo del expediente 12-001282-0063-PE, del 5 de agosto del 2020, que:

"Vista la peligrosidad social de la región, se le ordena al Ministerio de Seguridad Pública acompañar tanto a los funcionarios que realicen el derribo como los propietarios que se deban ver desplazados en todo o en parte del inmueble".

Incluso, la orden emitida por Sandí Chaverri que fue la ejecutada en este caso, señala que la institución responsable de las demoliciones es la Municipalidad de Limón, este es el por tanto completo del juez:

• "1.— Se le ordena a la Municipalidad de Limón, en la persona de su representante, alcalde o alcaldesa, de forma personal, demoler las obras que invaden o detentan el área de protección o dominio público, como corresponda, y disponga de los residuos generados conforme a derecho. Lo anterior, previa notificación a cada propietario identificado de los inmuebles que colindan con las obras invasoras, lo anterior en un plazo no mayor a TRES MESES. 2.— Se autoriza a dicha Municipalidad a cobrar los gastos incurridos a los propietarios de los predios y demás responsables de los ilícitos. 3.— Se le ordena al SINAC que acompañe como asesor técnico las demoliciones con el fin que no se provoquen más daños y se establezca un plan reparador. 4.— Vista la peligrosidad social de la región, que se le ordena al Ministerio de Seguridad Pública acompañar tanto a los funcionarios que realicen el derribo como los propietarios que se deban ver desplazados en todo o en parte del inmueble. 5.— Que en caso de incumplimiento de lo anteriormente ordenado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 314 del Código Penal, se les puede seguir causa por el delito de Desobediencia, al ser una orden impartida por un órgano jurisdiccional".

Incluso, en el punto 5 de la resolución, el juez Sandí Chaverri, dejó claro que en caso de que algunas de las instituciones mencionadas en su fallo incumplieran con lo ordenado, "a tenor de lo dispuesto en el artículo 314 del Código Penal, se les puede seguir causa por el delito de Desobediencia, al ser una orden impartida por un órgano jurisdiccional".

El 12 de setiembre del 2022, CRHoy.com dio a conocer de que pese a existir desde agosto del 2020 una orden de un juez para ejecutar dichas demoliciones, la Municipalidad de Limón no había ejecutado dicha labor y se desconocía, en ese momento, cuándo la ejecutaría.

Este medio, consultó a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, ¿por qué la demolición ordenada por el Juzgado Penal de Limón en la causa 12-001282-063-PE no se había efectuado? y ¿cuál es la justificación de que dicha demolición no se haya ejecutado?

Mediante un correo de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, del 16 de setiembre del 2022, indicaron que "la orden de demolición fue girada hacia la Municipalidad de Limón, concretamente a quien ocupe el cargo de Alcalde Municipal. La Municipalidad alega que no ha ejecutado la orden porque su maquinaria se descompuso al demoler otras obras (no relacionadas con esta investigación) y ha tardado en conseguir presupuesto para contratar maquinaria privada que demuela las estructuras".

Incluso, Ana Matarrita Mc Calla, vicealcaldesa de Limón, reveló a CRHoy.com, el 21 de febrero del 2023, que recibió amenazas y presiones, porque ella fue la responsable de firmar los desalojos y hacer las notificaciones, al ejecutar la disposición ordenada por el Juzgado Penal de Limón, ya que el alcalde Nestor Mattis Williams, en ese momento, se encontraba de vacaciones.