Costa Rica tiene registrados más de 200 grupos ligados al crimen organizado

(CRHoy.com).- Costa Rica tiene más de 200 organizaciones dedicadas al crimen organizado, según un registro de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OPO) de noviembre del 2017 a mayo de este año, de las cuales se sabe la composición del grupo, el espacio territorial en el que actúan y una serie de detalles para identificar su peligrosidad.

El dato se consignó en un estudio de la Auditoría Interna del Poder Judicial llamado "Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno de la oficina Especializada contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial", de agosto pasado. Dicha sección inició sus operaciones en el 1 de marzo del 2017.

Estas organizaciones criminales están consignadas en un software informático llamado "Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre Organizaciones Criminales y la Resiliencia Delictiva" (DECISOR por sus siglas).

"Con información aportada por la OPO, su diseño requirió de 18 meses y a la fecha de esa consulta (11 de mayo 2022) se están ingresando a esta solución informática todas las estructuras delictivas de los grupos criminales, las cuales suman más de 200 y cada una de ellas tiene varios integrantes con sus datos asociados", indicó en su informe la Auditoría Interna del Poder Judicial.

Un ejemplo de estos casos fue el llamado "Caso Turesky", conocido así mediáticamente; sin embargo, a nivel policial el caso fue identificado como "Kaleto" y estuvo a cargo de 8 agentes de la Sección Especializada contra el Crimen Organizado. El año pasado, obtuvo el segundo lugar de los mejores casos de investigación.

Los agentes judiciales lograron desarticular una organización dedicada al tráfico internacional de drogas por medio de la contaminación de contenedores con rumbo a Europa; sin embargo, parte del grupo logró obtener citas y reuniones en la Asamblea Legislativa y otras instituciones públicas con el fin de construir un hotel la zona de Portete en Limón.

"Los tentáculos de esta agrupación delictiva llegaron hasta el ámbito policial, logrando los agentes encargados del caso establecer que esta organización reclutó a investigadores del OIJ, quienes en apariencia brindaban información sensible en cuanto a operativos policiales, se refiere, esto con la finalidad de que el trasiego de estupefacientes no tuviese conflicto alguno", se indica en la Memoria Anual 2021 del OIJ.

Más de 400 días

La Auditoría Interna del Poder Judicial determinó en su informe que es vital para la Sección Especializada contra el Crimen Organizado contar con oficinas especializadas: Juzgado Penal, Tribunal Penal, Tribunal de Apelaciones de Sentencia, Fiscalía y Defensa Pública.

Esto con el fin de ayudar en la resolución de estas causas en temas como levantamiento de secreto bancario, allanamientos o intervenciones telefónicas.

En la Auditoría se analizó el tiempo que transcurre en la contestación de solicitudes que hace dicha sección a otras oficinas. De esta forma se determinó que en uno de los casos, la solicitud y aprobación de apertura de dispositivos electrónicos decomisados duró más de 400 días en resolverse.

En otro de los casos, la sección tuvo que esperar 137 días para que se resolviera la solicitud y ejecución del levantamiento del secreto bancario y en otra de las investigaciones tuvieron que esperar 195 días entra la solicitud y ejecución de los allanamientos.

En setiembre pasado, la Presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, indicó en el foro parlamentario, organizado por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que hacen esfuerzos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado.

"En este momento, para el Poder Judicial, la acción más inmediata para impactar este fenómeno es que finalmente se implemente la jurisdicción especializada contra el crimen organizado; una jurisdicción que cuenta con aprobación legislativa, pero para la cual no se ha contado con el presupuesto necesario, lo que ha imposibilitado materializar estas acciones", manifestó Solano Castro, en un comunicado de prensa de la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

Incluso, la magistrada comentó que en este mes de noviembre se nombraría al personal de dicha jurisdicción; sin embargo, solo había recursos para solventar los meses de noviembre y diciembre del 2022.

A inicios de octubre, el Poder Judicial indicó estar preocupado ante el rebajo de ¢7.838 millones de su presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda, ya que en el plan de gastos se incluyeron recursos para implementar dicha jurisdicción.

"El plan de gastos del próximo año el Poder Judicial incluyó recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado, esta jurisdicción es considerada de gran relevancia para el país desde la aprobación de la Ley 9481 el 13 de setiembre del 2017; sin embargo, por la falta de recursos no ha sido posible su plena implementación", indicaron en el comunicado de prensa.