Contratos a cooperativas para manejar Ebais están en firme: ¿Hay chance de dar marcha atrás?

A este 30 de setiembre, 9 de las 10 contrataciones adjudicadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que 5 cooperativas administren 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) están en firme.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga posibles delitos de influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencia en la adjudicación de dichas contrataciones a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco, bajo el procedimiento 2023LY-000002-0001101142 promovido en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Las adjudicaciones, por el plazo de 10 años, superan los ₡471.555 millones. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la junta directiva de la CCSS, encabezada por Marta Eugenia Esquivel, habría ejercido una injerencia directa para adjudicar la licitación a las cooperativas en detrimento de otra que estaba en curso desde 2 años antes (desde 2021).

Según la Fapta, la adjudicación hecha a las cooperativas representaría un perjuicio económico por sobreprecio de hasta ₡12.400 millones (más de $23,8 millones, según el tipo de cambio vigente a este 30 de setiembre de 2024 en Monex). Es decir, tomando como base los datos aportados por el fiscal y el plazo contractual, el perjuicio económico superaría los ₡124.000 millones al transcurrir los 10 años. Más de $239 millones, según el tipo de cambio vigente al 30 de setiembre de 2024.

La Contraloría General de la República (CGR) detalló que solo está pendiente resolver una apelación planteada en la adjudicación del Área de Salud San Francisco-San Antonio (con 13 Ebais). Es decir, las 9 adjudicaciones restantes están en firme y ya las empresas entregaron las garantías de cumplimiento.

¿Es posible dar marcha atrás con las contrataciones adjudicadas? Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), entidad que denunció las presuntas irregularidades ante el Ministerio Público, indicó que se pueden frenar los procesos en caso de que se encuentre algún vicio de nulidad.

Hernández aclaró que tendría que ser algún miembro el que recurra a la CGR o al Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) para plantear una gestión en este sentido.

"Los miembros de la junta directiva que así lo avalaron (los contratos) no han hecho nada hasta el momento y la mayor sorpresa que se llevaron es que ya había una denuncia planteada ante el Ministerio Público (…) El trámite, la adjudicación de los contratos, ya había pasado el tamiz. De 9, solamente 1 está en apelación. Esos 9 ya están en firme", enfatizó el dirigente sindical.

Para Hernández, las acciones desplegadas por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el fondo de la investigación penal podrían dar pie a frenar las contrataciones ya concretadas.

"No estaba constituida la junta directiva estructural. Para el 6 de julio (día que se acordó la adjudicación) que se reunieron ya no contaban con la presencia de José Luis Loría, representante de las cooperativas. Entonces, la junta directiva solo podía tomar decisiones en ese término que se llama junta directiva funcional o funcionario de hecho, para aquellas decisiones del diario vivir, labores operativas, logísticas o contractuales que no superen el $1 millón. Ahí hay un vicio de nulidad significativo", explicó Hernández.

Si las contrataciones se frenan ¿Hay algún riesgo para la operación de los Ebais? Según el dirigente sindical, no. Las adjudicaciones actuales y vigentes para atender los 138 Ebais están en curso hasta junio de 2025.

"Los 138 Ebais no van a cerrar. Ni 1 solo. Existe el tiempo suficiente para subsanar esos yerros técnicos, legales y financieros con este sobreprecio. Algunas cooperativas se quisieron aprovechar de las circunstancias", externó el secretario general del Sinae.

Durante el proceso previo a la adjudicación, la CGR se encargó de revisar las objeciones realizadas al cartel. En este caso, solo se presentaron 2 que fueron resueltas. Por tanto, es incorrecto afirmar que el ente contralor aprobó o autorizó el cartel licitatorio.

La Auditoría Interna de la CCSS emitió varios informes en los que advirtió que las ofertas presentadas por las 5 cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) adjudicadas eran excesivas, representando el incremento anual ya expuesto, respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas. Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.

También, la CGR remitió informes técnicos y una relación de hechos sobre los procesos de contratación efectuados en este caso.

[tabset tabs='6 puntos aclarados por la CGR'][tabx heading='6 puntos aclarados por la CGR' active='1′]

1) De previo a la adjudicación de la licitación 2023LY-000002-0001101142, en el proceso de licitación ingresaron a CGR varios recursos de objeción contra el pliego de condiciones, que se atendieron en dos rondas, la primera mediante resolución R-DCA-SICOP-00826-2023 y la segunda con la resolución R-DCA-SICOP-01104-2023. Esto no significa que la CGR revisó todo el cartel de dicha contratación sino exclusivamente lo indicado por los objetantes del cartel. Afirmaciones como "la CGR aprobó/autorizó el cartel completo" son falsas.

2) En relación con la licitación 2023LY-000002-0001101142, actualmente se encuentra en trámite en la CGR, únicamente un recurso de apelación, en cuanto a la adjudicación de una de las diez partidas de la referida licitación, específicamente la partida #3 Área de Salud San Francisco – San Antonio. No es correcto afirmar que toda la licitación está en revisión en la CGR.

3) En las otras partidas adjudicadas no se presentaron recursos de apelación ante la Contraloría. Esta es la única adjudicación que se apeló, pues es la única partida en la que participaron dos empresas oferentes, en las demás sólo participó un oferente. Es falso indicar que toda esta licitación no está en firme.

4) El plazo vence el 3 de octubre y existe la posibilidad legal de prorrogar el plazo 10 días hábiles adicionales en caso de así ameritarlo (consultas adicionales para mejor resolver o solicitud de documentos adicionales). No es correcto indicar que no se sabe el estado de este recurso.

5) Las líneas no apeladas están en firme, a la fecha, tal y como se puede verificar en consulta al Sicop, además las empresas ya entregaron la garantía de cumplimiento. Toda la documentación del expediente, incluidas las apelaciones, son públicas y se encuentran disponibles para revisión y descargables en Sicop. Es importante recordar que la Dirección de Contratación Pública (Ministerio de Hacienda) es la administradora del Sicop, por lo que dicha solicitud correspondería atender a la Dirección. Es falso afirmar que no se puede acceder a la información de este caso porque está "en trámite".

6) Es importante confirmar que, en relación a la licitación 2023LY-000002-0001101142, lo que corresponde es el trámite para refrendo interno por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con el Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. R-CO-44-2007.(Reformado por la resolución N° R-DC-00056-2023 del 30 de junio del 2023 publicada en la Gaceta 125 del 11-7-2023). No es correcto afirmar que la CGR refrendó estos contratos ni que les da su "visto bueno".

Fuente: División de Contratación Pública CGR.

[/tabx][/tabset]

Adjudicaciones bajo la lupa

Las adjudicaciones contemplan los servicios de administración de 138 Ebais existentes en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

La fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.

También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.

Entre los detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

Todos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) para ser indagados y luego, tras quedar en libertad, enfrentaron en la última semana la audiencia de solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.

Durante el 23 de setiembre, se realizaron en total 28 allanamientos, en distintos puntos del país, como parte de la investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.