Contraloría halló estas 7 debilidades sobre el fideicomiso CCSS-BCR

Sede central de la CCSS, en San José. Fotografía de Edificar

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría con respecto al fideicomiso que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con el Banco de Costa Rica (BCR).

Este responde a un programa de "mejoramiento de los servicios, infraestructura y equipamiento de los centros de salud, logísticos y financieros a su cargo". Con este, la CCSS pretendía desarrollar 53 obras de infraestructura prioritaria de salud para el primer nivel de atención, incluyendo 30 sedes de áreas de salud, 18 sucursales, entre otros, para el periodo 2017-2024.

Recientemente, la Junta Directiva acordó ampliar el plazo por 7 años más. 

Sobre este programa la CGR halló lo siguiente:

1. La CCSS no estableció una estructura de gobernanza que le permitiera impulsar la planificación oportuna de los proyectos, la sostenibilidad de los recursos en el tiempo y la administración de los riesgos para el logro de los objetivos.
2. La falta de programas funcionales por parte de la CCSS le impidió al Fideicomiso dar órdenes de inicio a las primeras obras hasta 2019.
3. Retrasos importantes producto de modificaciones de alcance, constantes validaciones con partes interesadas que no fueron involucradas con oportunidad y la incertidumbre ocasionada por la pandemia del COVID-19.
4. El programa inició con imprecisiones en la estimación de los metros cuadrados de construcción, así como la omisión de los costos de adquisición de terrenos y el mantenimiento de las obras.
5. En marzo 2023 la Junta Directiva de la CCSS, sin fundamento en estudios técnicos de costo-beneficio y de forma paralela a la gestión del fideicomiso, suspendió proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional, incluidos cerca de 50 proyectos de este programa, reanudando únicamente 30 de estos en mayo 2023.
6. Durante la vigencia del plazo del contrato de fideicomiso (2017-2024) no se concretó la entrega de ninguna obra. Se decidió ampliar el plazo del contrato por 7 años más, pero prevalece la indeterminación en cuanto al alcance del programa.
7. No se tiene certeza del costo final asociado a dicho programa y la Administración no ha determinado la capacidad institucional para la recepción de las obras, lo cual incluye su puesta en marcha, mantenimiento y dotación de personal.