Consejos liderados por viceministra de Salud hicieron fuerte crítica a eliminación de programas de sexualidad
Dos consejos interinstitucionales liderados por la viceministra de Salud, Mariela Marín Mena, criticaron fuertemente la decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar, en enero del presente año, el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral.
La supresión de las clases de afectividad y sexualidad en centros educativos públicos fue anunciada, el 29 de enero, por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la exministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, acuerpados por líderes religiosos de diferentes credos en Casa Presidencial.
Un amplio informe de la Defensoría de los Habitantes enfatizó que el Consejo Superior de Educación tomó esa decisión sin contar con un estudio técnico que permita precisar el impacto de la decisión ni contar con el aval de las áreas técnicas del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Además, la Defensoría de los Habitantes declaró que tampoco se consultó a instancias técnicas interinstitucionales que tienen competencias en esta materia. Dos de esos órganos, son el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA) y el Consejo Nacional de Atención del VIH-Sida (Conasida), presididos por la viceministra de Salud.
El 13 de marzo de 2025, a través de un oficio, Marín contestó una serie de preguntas planteadas por la Defensoría de los Habitantes en las que confirma que el CIAMA no fue consultado por el Consejo Superior de Educación o el Ministerio de Educación Pública (MEP) antes de eliminar las clases de afectividad y sexualidad, una política educativa implementada desde hace más de una década que ha contribuido a la reducción de los embarazos entre adolescentes.
Además, indicaron que el Estado tiene la obligación de ofrecer formación sexual integral. "Esta formación debe ser inclusiva, accesible y basada en evidencia científica, con un enfoque de derechos humanos", afirmó el CIAMA en el documento firmado y respaldado por la viceministra Marín.
También, subrayaron que esa formación debe cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda impulsada por la Organización de las Naciones Unidas que buscan el fin de la pobreza, la igualdad de género, la educación de calidad, la salud y el bienestar, entre otros.
"Las familias no necesariamente cuentan con información actualizada, libre de estereotipos y sesgos, por lo cual la función de la institucionalidad educativa es brindar información científica, mediada acorde con las necesidades, edad y nivel maduración emocional de las personas menores de edad", señaló el CIAMA.
Por su parte, el 18 de marzo, el Conasida también expuso sus preocupaciones al respecto. Primero, ratificó que tampoco recibió una consulta de parte de las autoridades de educación pública.
La eliminación de estos programas se considera un retroceso en el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en derechos humanos, salud y educación, Conasida.
Para el Conasida, la decisión tomada por el Consejo Superior de Educación y respaldada por el presidente de la República podría "contravenir lo establecido en instrumentos normativos y ratificados por Costa Rica". También podría violar, según el Conasida, varias leyes nacionales, entre ellas la Ley General de la Persona Joven, Ley de la Promoción de la Igualdad Social de la Mujer y la Ley General sobre el VIH/SIDA, entre otras.
"La eliminación de este programa podría generar un vacío educativo que expone a posibles situaciones de vulnerabilidad a las personas menores de edad, al privarles de información científica y basada en derechos humanos", agregó el Conasida en el documento firmado por Marín.
En ambos Consejos, los acuerdos fueron tomados de manera unánime.
El su informe, la Defensoría de los Habitantes recomienda a Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, derogar la decisión del CSE, tomada el 16 de enero de 2025 y anunciada por Anna Katharina Müller, exministra de Educación Pública, y Rodrigo Chaves, presidente de la República, el 29 de enero acuerpados por líderes religiosos de varios credos.
Según la Defensoría de los Habitantes, quitar la educación sexual de las aulas "conlleva un retroceso en materia de educación" para los menores de edad. En especial, porque la implementación de esa política educativa, instaurada desde hace una década, ha permitido bajar el número de embarazos en adolescentes.