Conavi pidió corregir 435 aspectos en estudios para ampliación San José-San Ramón

(CRHoy.com). La Unidad Ejecutora del proyecto San José-San Ramón (UERS), en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), advirtió que los análisis hechos sobre los estudios de factibilidad para el proyecto integral de ampliación del corredor vial arrojaron 435 observaciones que deben ser corregidas.

Los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y financieros fueron presentados por el fideicomiso Ruta Uno, administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) y estructurador del proyecto, en diciembre de 2020.

Estos análisis fueron contratados a la consultora española IDOM por un monto cercano al $1 millón.

Según detalló el Conavi, a través de un comunicado de prensa, estos ajustes son necesarios para garantizar múltiples aspectos en la adecuada modernización vial.

"En relación con la aprobación de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del proyecto integral, Camacho agregó que la revisión minuciosa realizada por personeros de la UERS arrojó la emisión de 435 observaciones que se deben de corregir en aspectos como seguridad vial, funcionalidad, niveles de servicio, diseño geométrico, pavimentos, drenajes, riesgos de geotécnica, suelos y estructuras. También, observaciones en el campo socioeconómico y la evaluación financiera, entre otros", indicó Pablo Camacho, gerente de la UERS.

El funcionario recordó que también se efectuaron advertencias por aspectos ligados al plan de obras impostergables (obis), el cual configura la etapa previa a la modernización integral y que es gestionado por Ruta Uno.

"Las primeras advertencias para la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) del BCR se emitieron desde el Conavi en el año 2019, muchas de estas discrepancias aún se mantienen, tal es el caso de las mejoras que requiere la obi del Peaje de Río Segundo, correspondiente al Lote 2b, donde se detectó un traslape crítico de la solución propuesta y el derecho de vía del tren, que en caso de mantenerse implicaría serios riesgos para la seguridad de los usuarios, tanto de la ruta como del tren", señaló el funcionario.

El gerente de la UERS fue claro en que este tipo de aspectos son trascendentales para la ejecución adecuada del proyecto.

"Algunos de estos aspectos se consideran críticos y pueden afectar tanto el alcance como el costo, funcionalidad y seguridad de los usuarios, en caso de no corregirse en las etapas del anteproyecto, se materializarían en el diseño, construcción y operación de la obra, significando un aumento de los costos del proyecto.

"La Administración, por su parte, está analizando actualmente distintas opciones para determinar los pasos a seguir, pues no se ha considerado pertinente aprobar el anteproyecto, ante las debilidades detectadas en el mismo", añadió Camacho, según el comunicado.

Actualmente, el BCR y el Conavi negocian una adenda contractual que limitaría la participación del fideicomiso. La intención de las autoridades estatales es que Ruta Uno quede fuera del proyecto integral y su participación concluya con la estructuración del plan de "obis".

Para esto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Conavi procuran conformar una nueva y única unidad ejecutora, sin la UAP del BCR, que se encargue de la modernización de la vía.

Entre las alternativas puestas sobre la mesa está impulsar la mejora integral de la ruta a través de una concesión o mediante una Asociación Público-Privada (APP).

Los estudios económicos planteados por IDOM detallaban que, ya con la ampliación integral concluida, se requerían cobrar peajes por un total de 3.600 para efectuar el recorrido ida y vuelta, entre San José y San Ramón.

Camacho concluyó señalando que urgen que los anteproyectos, diseños y construcción de las obras estructuradas por Ruta Uno estén en apego a la Ley 9292, "la normativa aplicable y las buenas prácticas constructivas, para evitar de esta manera desviaciones económicas en la fase de ejecución del proyecto, situación que ya ha sido advertida a la UAP".