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Conavi frenó intento de cobrar posibles multas a MECO por ₡1.200 millones

Jerarcas alegaron "anomalías" en notificación de oficio y "riesgos" para intención de retomar obra

Por Pablo Rojas | 28 de Oct. 2022 | 11:01 am

(CRHoy.com). El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) acordó suspender los alcances de 2 oficios suscritos por la dirección de la Región Central, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, para cobrar una multa total de ₡1.200 millones a Constructora MECO S.A. por presuntos incumplimientos en las obras de ampliación entre los puentes sobre el río Virilla y el cruce de doña Lela, en la ruta 32 (San José-Limón).

Esta decisión consta en el acta de la sesión 59-2022 sostenida por el consejo de administración de la entidad estatal el pasado jueves 25 de agosto.

En 2020, para la ampliación vial citada, en 2.8 kilómetros, el Conavi dispuso invertir ₡3.200 millones bajo el esquema de los contratos de conservación y mantenimiento, los cuales estaban a cargo de MECO S.A. y de H.Solís. La intención era que este trayecto pasara de 2 a 4 carriles.

Desde inicios de 2021, el proyecto quedó paralizado por dificultades presupuestarias y administrativas en el consejo sobre los contratos de conservación vial. Ahora, el interés de las actuales es que la construcción se reanude en 2023.

¿Qué fue lo que sucedió y por qué se acordó dar marcha atrás con el cobro de las posibles multas?

Un ingeniero de la entidad, quien fungió como director de la región central en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes hasta agosto pasado, preparó 2 oficios entre el 29 de julio y el 19 de agosto, los que impuso la multa millonaria contra la compañía por presuntos incumplimientos.

En la sesión del 25 de agosto pasado, Mauricio Batalla Otárola, director ejecutivo de Conavi, llevó el tema a discusión y notificó sobre el aviso de MECO S.A. tras la recepción de los 2 oficios.

Según dijo, en semanas previas, la Administración "había estado en conversaciones con la empresa constructora con el propósito de resolver las diferencias surgidas en ese proyecto y encontrar mecanismos necesarios para su continuidad".

Según lo dicho por Batalla, "lo resuelto (la aplicación de las multas) por el funcionario de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes ponía en riesgo el proyecto".

En ese sentido, el director ejecutivo alegó que "al parecer y según averiguaciones que pudo hacer en el escaso tiempo sobre los antecedentes de la situación", el ingeniero que planteó la multa "no tenía la investidura para resolver de la manera en que lo hizo".

Batalla dijo que el ingeniero ostentó el cargo hasta inicios de agosto y que, una semana antes del 25 de agosto, presentó la renuncia al puesto que tenía en propiedad dentro del Conavi, la cual se hizo efectiva el 15 de setiembre.

El director ejecutivo insistió en que tenían "dudas razonables" en relación con los oficios que procuraban la multa de ₡1.200 millones por presuntos incumplimientos y que existía una oposición de la empresa ante esos planteamientos.

Según la cúpula de Conavi, uno de los documentos sobre la imposición de las multas se habría firmado y notificado el 25 de agosto, cuando ya el ingeniero no habría estado en el cargo. Ese fue, con base en el acta, motivo suficiente para desestimar la posibilidad de reclamar el pago de las multas.

Así las cosas, la cúpula institucional optó por suspender la posible aplicación de las sanciones "en virtud de los riesgos en los que se habría colocado a la Administración para gestionar la continuidad del proyecto".

Señalamientos contra ingeniero

Contra el funcionario que propuso la aplicación de las sanciones, el Consejo de Administración del Conavi pidió al despacho del ministro Luis Amador, titular de Obras Públicas y Transportes, abrir una investigación por posibles "anomalías" cometidas en la notificación a MECO S.A. del documento enviado el 25 de agosto.

Incluso, tras dar marcha atrás con el reclamo de las multas, la dirección ejecutiva acordó enviar a vacaciones al ingeniero y optó, hasta que concluyera la investigación preliminar, por impedirle el ingreso a las instalaciones del MOPT y el Conavi.

También, le ordenó la restricción de acceso a sistemas informáticos y "devolver la totalidad de los activos institucionales que tenía asignados".

Aparte de Batalla, como director ejecutivo, en esa sesión de la cúpula de Conavi estuvieron: el ministro Amador, Angela Mata Montero, representante del MOPT y viceministra Administrativa; Carlos Ávila Arquín, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Jenny Núñez Montoya, representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); Marcia Cordero Sandí, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos; Luis Llach Cordero, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y Oscar Romero Aguilar, secretario a.i. de actas.

Dudas con obra

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica (UCR), señaló el pasado 24 de marzo que existían deficiencias en la gestión de riesgos del proyecto, ya que previo al inicio de las obras no se tenía certeza sobre la continuidad de los contratos de conservación vial, por lo que la suspensión de las labores del proyecto favoreció la aparición de deterioros prematuros y riesgos a la seguridad vial.

El análisis determinó que en la base estabilizada se estableció que la utilizada en la vía no se ajustó, desde un inicio, a las especificaciones técnicas vigentes. Además, se encontraron diferencias en la medición de la resistencia a la compresión de la base estabilizada, lo que a su vez puede provocar dificultades en el proceso de control de calidad.

En esa misma línea, se efectuaron estudios geotécnicos que incluyeron la toma de muestras de suelo, el modelado de la superficie de terreno mediante el uso de drones y la revisión de los diseños geotécnicos propuestos por el contratista.

"Se encontró que los estudios geotécnicos efectuados fueron insuficientes y deficientes para el diseño de los taludes y muros de refuerzo", apuntó el Lanamme, a través del informe publicado en marzo.

La ampliación es fundamental debido a que por ahí circulan vehículos provenientes de Santo Domingo, Moravia o San Isidro de Coronado.

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