Chaves y Amador imponen jornada laboral de hasta 12 horas y sin extras a tráficos
Jerarcas alegan que se debe cumplir con Código de Trabajo y directrices de auditoría interna
(CRHoy.com). Un decreto ejecutivo firmado por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, pone en hasta 12 horas (sin extras) la jornada laboral ordinaria de los oficiales de la Policía de Tránsito.
La decisión emitida este lunes a través del diario oficial La Gaceta reforma el decreto ejecutivo 39603-MOPT, publicado el 2 de marzo de 2016, en el cual se emitió el reglamento para autorizar el pago de horas extras en funcionarios policiales de la Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT). Esa normativa mantenía entre 8 y 12 horas la jornada laboral ordinaria, con posibilidad de efectuar horas extras.
Según el nuevo decreto ejecutivo formado por Chaves y Amador, existe un pronunciamiento emitido en enero de 2019 por la Procuraduría General de la República (PGR) que señala que los oficiales deben respetar el Artículo 143 del Código de Trabajo. Es decir, que deben cumplir con la jornada laboral de 12 horas y no habrá pago de horas extras debido a que eso es lo que dispone que se debe trabajar diariamente.
Además, los jerarcas advirtieron también que la Auditoría General del MOPT apuntó en 2019 la existencia de irregularidades en el decreto ejecutivo 39603-MOPT y que debían corregir la situación para cumplir con lo dispuesto en el Código de Trabajo.
En 2019, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), los oficiales de la Policía de Tránsito reclamaron ante la intención de aplicar la jornada laboral ordinaria de 12 horas.
Ahí, hubo un diálogo con intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
En esa oportunidad, se determinó crear una comisión técnica en la que particiarían representantes de los trabajadores y del Poder Ejecutivo para reformar los artículos 2, 8 y 12 del Reglamento para la Autorización, Reconocimiento y Pago del Tiempo Extraordinario a los Funcionarios Policiales de la Dirección General de la Policía de Tránsito.
Esa comisión tenía un plazo máximo de 3 meses para afinar la propuesta. No obstante, nunca se presentó nada oficial.