Chaves veta pensión anticipada de oficiales del OIJ
Chaves vetó la ley
Rodrigo Chaves , presidente de la República , vetó ley
El gobierno de Rodrigo Chaves envió a la Asamblea Legislativa el veto al proyecto de ley que los diputados aprobaron para permitir la pensión anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El plan vetado por Chaves buscaba que los oficiales del OIJ se pensionaran a los 55 años. El texto que fue remitido al Congreso este martes 6 de mayo, a través del oficio OF-0285-2025.
El proyecto corresponde al expediente 22.817, titulado "Adición de los artículos 226 bis y 226 ter a la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.
El proyecto fue presentado por el exdiputado Dragos Dolanescu, que lo presentó durante el anterior período constitucional.
La iniciativa proponía permitir que funcionarios de la Sección de Cárceles del OIJ con permiso de portación de armas accedan a una pensión equivalente al promedio de sus últimos 120 salarios, al cumplir los 55 años.
También contemplaba modalidades proporcionales según años de servicio y edad, siempre que se contara con al menos 20 años en el Poder Judicial. El cálculo se basaría en una fórmula que promediaría el salario y lo ajustaría según los años laborados.
El oficio remitido por el Ejecutivo al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, incluye dos estudios actuariales sobre el fondo de pensiones del Poder Judicial. Esos documentos fueron utilizados por el Gobierno para justificar la negativa a firmar la ley.
Según el documento, el veto total se aplicó porque, a criterio de Casa Presidencial, la propuesta violenta el marco normativo vigente y es inconstitucional.
"Tras un análisis detallado del contenido del decreto, se ha determinado que la norma contiene graves vicios de inconstitucionalidad que imposibilitan su sanción, al transgredir principios fundamentales del ordenamiento jurídico costarricense y afectar derechos constitucionalmente protegidos", indica el documento.
Al respecto, agrega que la iniciativa transgrede el principio de igualdad ante la ley, pues de acuerdo con la Sala Constitucional, otorgar beneficios a determinados puestos produce discriminación.
"Genera una diferenciación significativa en términos jubilatorios, estableciendo requisitos de jubilación y cálculo de beneficios mucho más favorables para un grupo específico de funcionarios respecto al resto de servidores del Poder Judicial", expone.
El gobierno también alegó que las condiciones bajo las que se buscaba otorgar las pensiones a los agentes carecían de fundamentación técnica.
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