Chaves amenaza con cerrar fondo de pensiones judiciales si resellan ley para ajustar jubilación en OIJ
Gobierno vetó ley para adelantar pensión a los 55 años y diputados tienen votos para volverla a aprobar
El gobierno de Rodrigo Chaves Robles amenazó con intentar cerrar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en caso de que los diputados resellen la ley que permitiría equiparar la edad de retiro de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este martes, el Poder Ejecutivo remitió el veto a dicha iniciativa, la cual fue aprobada a finales de abril en segundo debate legislativo. Solo faltaba la firma del mandatario para que se convirtiera en ley; sin embargo, optó por no dar su aval.
Este miércoles, Marta Eugenia Esquivel, exfuncionaria judicial y actual ministra de Planificación, anunció que el Ejecutivo ya tiene listo un proyecto de ley para intentar liquidar el fondo judicial de jubilaciones, en caso de que la Asamblea Legislativa pase por encima al veto presidencial.
"Ya este gobierno en caso de que esta ley sea resellada, ya tenemos una propuesta de un proyecto de ley para liquidar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial", señaló la jerarca durante el programa televisivo semanal de Chaves y su gabinete.
Los diputados pueden convertir el proyecto en ley a pesar del veto si lo aprueban nuevamente en el plenario con al menos 38 votos. Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de al menos 48 legisladores, por lo que tiene grandes probabilidades de ser ratificada.
En caso de que ese escenario se materialice, el gobierno de Chaves impulsará un plan para trasladar todas las pensiones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que implicaría la clausura del Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
"El gran error no va a ser el resello ni la gran corrección va a ser no resellarlo. ¿Cómo lo van a resolver? Que vayan a la Sala (Constitucional), que pidan un informe a la medida a servicios técnicos (del Congreso), etc", señaló el mandatario.
La propuesta legislativa vetada busca habilitar la opción de que los agentes judiciales puedan jubilarse a los 55 años, debido al desgaste físico y la cantidad de horas laborales que acumulan, al trabajar un 50 % más que otros funcionarios públicos con jornada ordinaria.
La jornada de un oficial del OIJ es de 12 horas, y las extras se pagan solo a partir de la duodécima hora. Es decir, si un agente labora 15 horas en un día, solo se le reconocerán 3 como tiempo extraordinario, a diferencia del resto de los funcionarios públicos.
En la policía judicial se trabajan cinco días de 12 horas y se descansan dos, mientras que un funcionario público trabaja 8 horas diarias durante cinco días.
Bajo esta comparación, un trabajador de cualquier institución pública labora 40 horas semanales y 2.000 horas al año. En el caso del OIJ, son 60 horas semanales y 3.000 horas anuales.
Las 2.000 horas, divididas entre 8 horas por jornada, equivalen a 250 días trabajados al año para cualquier funcionario público. En el caso de las 3.000 horas en la policía judicial, equivalen a 375 días trabajados, una diferencia considerable.
En el Organismo explicaron que, como sus oficiales siempre laboran un 50 % más de horas al día, 30 años de servicio equivalen a 45 años de cualquier funcionario público. Para llegar a la edad de jubilación, tendrían que trabajar casi dos décadas más bajo el mismo esquema.
En la actualidad, un investigador o agente debe trabajar prácticamente 45 años de servicio, porque en términos de horas habría laborado lo equivalente a 67 años, al acumular cuatro horas más por jornada que cualquier otro funcionario público.
Allí radica la diferencia: un servidor público habrá trabajado en su vida laboral unas 83.000 horas, mientras que un agente del OIJ habrá alcanzado unas 126.000 horas en el mismo período.