CCSS adjudica administración de 7 áreas de salud a cooperativas por 30 meses
Institución adjudicará contratos de forma extraordinaria para evitar que miles de asegurados queden sin servicio a partir del 30 de junio

Área de Salud de Pavas es operada por Coopesalud (Cortesía)
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicó este viernes los contratos para la administración de siete áreas de salud en la Gran Área Metropolitana, como parte de un proceso de contratación extraordinaria destinado a evitar que miles de asegurados se queden sin atención médica a partir del próximo 30 de junio.
Las áreas que ya cuentan con propuestas aprobadas son: Pavas, Tibás, Desamparados, Barva, San Pablo, Escazú y Santa Ana, cuya población estimada es de 550.000 habitantes.
"La Junta de Adquisiciones, conformada por los gerentes, tomó la decisión en la sesión de este viernes 25 de abril, tras conocer los estudios técnicos, administrativos, financieros y legales de las instancias correspondientes, así como la recomendación de la Gerencia Médica", indicaron en la CCSS a través de un comunicado de prensa.
Las cooperativas adjudicatarias fueron:
• Coop. Cogestionaria de Salud de Santa Ana R.L.
• Coop. Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L.
• Coop. Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral R.L.
• Coop. de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva R.L.
De acuerdo con las autoridades médicas, el contrato tiene una vigencia de 30 meses, sin posibilidad de prórroga, y comenzará a regir el 1.º de julio de 2025. El monto adjudicado es de ₵64.738 millones.
Dos áreas sin oferentes
En las áreas de salud Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho fueron declaradas infructuosas debido a que el proveedor actual no presentó ofertas.
"Para dar continuidad a los servicios a los 90 mil usuarios adscritos a estas últimas áreas de salud, el doctor Alexander Sánchez Cabo, gerente médico, manifestó que se están realizando todos los esfuerzos, desde las instancias técnicas de la gerencia médica para activar el plan de contingencia que se presentó ante la Junta Directiva en la sesión del 27 de marzo, para garantizar el acceso a la salud de esta población", agregaron en la Caja Costarricense de Seguir Social.
Asemeco es la asociación médica dueña de la Clínica Bíblica que administra 24 Ebais de esas 2 áreas de salud, pero, a partir de este 30 de junio, dejará de atender a 100 mil asegurados.
En el marco del caso Barrenador, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió una contratación de urgencia para asegurar la continuidad de los servicios en nueve áreas de salud por 30 meses. Cuatro cooperativas presentaron sus ofertas para continuar brindando el servicio, pero Asemeco no participó en el proceso.
Asemeco estuvo involucrada en dos partidas del contrato investigado en el caso Barrenador. De hecho, según un estudio de razonabilidad de costos, sus servicios presentaban algunos de los mayores incrementos con respecto al costo actual.
De acuerdo con el análisis del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, el servicio en el Área de Salud de San Sebastián-Paso Ancho, con una jornada de 48 horas semanales, debería costar ₡201 millones al mes. Sin embargo, el contrato —que ya fue anulado— establecía un cobro de ₡327 millones, lo que representaba un sobrecosto del 63 %.
La misma situación se presentó en el Área de Salud de Carpio-León XIII, donde el contrato estipulaba pagos superiores a ₡381 millones mensuales. Según el cálculo de la CCSS, el monto estimado debía rondar los ₡252 millones al mes.
Durante los allanamientos realizados en septiembre de 2024 por el caso Barrenador, se registró una oficina en el edificio principal del Hospital Clínica Bíblica, perteneciente a Gerardo Sánchez, director de ese centro hospitalario.
El contrato para la administración de San Sebastián-Paso Ancho —el de mayor incremento— representaba un gasto total de más de ₡39.000 millones en 10 años, por rubros como mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades, según el pliego de condiciones.
Estos rubros permitieron identificar excesos en los contratos y evidenciaron variaciones de hasta un 63 %.