Caso PetroCoke: sospechosos derramaron combustible en río al soltar mangueras para borrar evidencia

Operativo PetroCoca

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón detuvieron la mañana del pasado viernes a Gilbert Bell Fernández, conocido policialmente como "Macho Coca": un presunto criminal de alto perfil que en esta ocasión es investigado por figurar líder de una organización dedicada al robo de combustible en el Caribe.

Según el informe preliminar, a los sospechosos se le relacionan con la aparente sustracción de combustible desde el poliducto propiedad de Recope,utilizando una línea marina hasta diferentes predios ubicados en el sector de Moín. 

En ese lugar se cree que llenaban recipientes como pichingas, estañones o incluso tanquetas, para finalmente trasladarlo a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos y camiones, entre otros.

Solo en setiembre el presunto robo significó un perjuicio económico para Recope que asciende a los ₡80 millones de colones. Las tomas ilegales se encuentran al margen derecho del río Bartolo, donde aparentemente se sumergían las mangueras que daban hasta el poliducto, lo que constituye un riesgo muy elevado de contaminación.

Hace aproximadamente 2 meses el personal de Recope detectó patrones irregulares en propiedades cercanas a la terminal de Moín.

Además de la casa de Macho Coca, se allanó un hotel, 4 predios y varias casas de habitación, donde se ubicó maquinaria sofisticada para cometer posibles actividades delictivas.

También se inspeccionaron autobuses, vagonetas, vehículos de carga, tanques de almacenamiento, camiones cisterna, mangueras de alta presión y hasta dispensadores de combustible (como los que se encuentran en estaciones de servicio), entre otros implementos en esas propiedades.

La orden de allanemiento señala que la estructura criminal habría sustraído 279 mil litros de gasolina y diésel solo durante setiembre.

El informe técnico PB-0407-2024 incorporado al al expediente 24-001772-0063-PE, señala que si se hace una medición utilizando la capacidad de una cisterna promedio de 30 mil litros, el faltante representaría 9,3 camiones cisterna.

El hecho inicial que marcó el rumbo de esta investigación fue el reporte número 9391-2024 hecho al Centro de Información Confidencial, donde se exponía el aparente robo de combustible en el sector de Moín a un costado de un hotel de la localidad.

Según el documento judicial, los sospechosos contaban con un predio al que accedían por medio de un portón metálico de color verde, ubicado dentro de la misma propiedad del establecimiento a donde almacenaban el producto robado y las herramientas para cometer las intervenciones a la tubería de Recope.

Los investigadores entrevistaron a un funcionario de la refinadora de apellido Meneses, quien las confirmó que habían detectado gran cantidad de tomas ilegales en Limón, Matina, Siquirres y Turrialba durante este año, pero recientemente tuvieron informes directamente de las líneas marinas.

El experto les explicó que esos conductos provienen del muelle de Recope y existe mucha presión en las tuberías, pero aun así las personas dedicadas a estas sustracciones se arriesgan a realizar las perforaciones, por lo que han recibido muchas alertas por derrame de combustible, ocasionando una gran contaminación ambiental y dejando sin abastecimiento de agua potable a varias comunidades.

"Generalmente, estos delincuentes se las ingenian para sustraer el combustible, en algunas ocasiones realizan túneles desde edificaciones alquiladas o lotes baldíos hasta llegar a los poliductos de líneas marinas o aprovechan predios cerrados, cuando ubican el poliducto le soldan una llave de cañería o industrial, perforan desde la parte interna de la llave con un taladro hasta lograr hacer un orificio a la tubería", reveló Meneses.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que el modo de operar de la presunta organización era esperar a que llegara un barco a puerto a transferir combustible para poder llegar hasta las tomas ilegales y poder extraer el combustible. Por cada barco, según el jefe policial, podían llenar hasta 5 cisternas.

Añadió que las intervenciones para demoler estructuras usadas como predios o bodegas en meses anteriores, en esa misma zona, estarían relacionadas con el caso, pues se usaban como puntos intermedios entre el barco y el punto final, que son los depósitos de Recope.

"De estos lugares intermedios tenemos que se utilizaron buses donde se transportaban pichingas y envases de combustible, así también se ha logrado ubicar vagonetas, siendo que en la parte de la góndola se trasladaban pichingas y envases también", dijo.

La orden de allanamiento señala que los sospechosos también utilizaban vehículos tipo pickup y camiones que usualmente se mantenían en el predio del hotel mencionado, el cual tiene conexión interna con otros predios ubicados al costado oeste.

En la operación delictiva se usaban mangueras especiales que tenían un valor cercano a los ¢30 mil cada metro. Es decir, hicieron inversiones millonarias o tomaron insumos de alto valor de su capital para poner en marcha el plan.

"(…) cuando lo logran cierran inmediatamente, luego instalan una manguera de alta presión de 3/4 0 1/2 pulgada de diámetro, en algunas ocasiones han detectado de más capacidad, cada metro de esa manguera tiene un costo aproximado en el mercado de ¢30 mil el metro, dependiendo el diámetro, el combustible lo almacenan en estañones con capacidad de 208 litros, pichingas para 18, 30 y 50 litros y tanquetas para 1000 litros", dice el documento judicial.

Investigación profunda

En los seguimientos realizados por los agentes se deja ver que a las 5.30 a.m. del 5 de setiembre del año 2024, un sujeto no identificado llegó a ese predio en un camión de color blanco con cajón metálico e ingresó hasta el fondo a donde está el río para varios estañones plásticos de color azul "que se aprecia llenos de líquido, esto debido al esfuerzo que realizan para cargarlos al camión".

Tras salir del sitio se dirigió por la ruta 32 hasta que se perdió de vista de las autoridades. No obstante, un día después, a las 6 a.m. desde el mismo sitio divisaron salir un autobús color blanco, placas CB2585, hasta llegar a otro predio ubicado 500 metros antes de la entrada de APM Terminals.

Allí cargaron el combustible en un camión cisterna con mangueras, acción supervisada por un sujeto de apellidos Soto Rivera, quien llegó a bordo de otro carro.

Esa misma fecha, pero a las 12:44 p.m. en la bodega detrás del hotel, los agentes observaron un camión color blanco, cargando más estañones en otro predio cerca de la entrada del hotel.

En ese momento identificaron que el sujeto de apellidos Hide Alvarado era quien daba las órdenes de como hacer el traslado del combustible, acciones que fueron captadas por medio del uso de un dron con cámara de video.

En otras fechas como el 25 y 28 de setiembre identificaron el mismo patrón de movimiento de los vehículos con estañones hacia los puntos ya identificados y fue gracias a esas vigilancias que dieron el primer golpe, pues identificaron un nuevo punto de resguardo del combustible.

"(…) a las 10:02 horas, en Moín, contiguo al hotel Laguna Azul, el encartado González Jones, salió del citado predio o propiedad, conduciendo el autobús placas CB2582, hasta ruta 32, tomando hacia limón centro, siendo detenido por oficiales de la Fuerza Pública de Limón, en el sector de Colina, frente a la gasolinera Costa Caribeños, al realizar la revisión del vehículo, se logró determinar que este estaba todo polarizado y no contaba con los asientos, además de expedir un fuerte olor a combustible. Por lo que se identificó plenamente al chófer y se dejó en libre tránsito. Una vez en movimiento personal del OIJ de Limón, le dio seguimiento, logrando observar que el autobús fue  guardado en el predio localizado en Limón, Pueblo Nuevo, las Brisas", añade el texto.

Finalmente el pasado 7 de octubre a las 2:25 p.m. también Moín, contiguo al hotel captaron una nueva movida en la que se trasladaron varios pickup y un camión blanco con cajón metálico cerrado, el cual tuvo como destino final una vivienda en barrio Los Cocos, permitiendo así identificar la otra bodega, donde nuevamente estuvo a cargo de dirigir la operación Soto Rivera.

Más de una

La Fiscalía Adjunta de Limón tiene tres procesos judiciales en curso contra el sospechoso. El Ministerio Público confirmó que contra este sujeto ya existían dos expedientes abiertos, uno más por robo de combustible y otro por contaminación de aguas.

Estos son los expedientes abiertos contra el cuestionado empresario limonense, nacido en Turrialba:

• Causa 17-000913-0063-PE: en investigación por el presunto delito de robo agravado.

Este caso está ligado con una investigación de robo de combustible que se desarrolló hace 5 años en Limón, en la cual imputan a Bell, como uno de los miembros de un grupo de 14 personas al que se le atribuye la sustracción de gasolinas de oleoductos de Recope, generando pérdidas por ¢1200.713.455, entre noviembre del 2016 y febrero del 2018.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos extraían de las tomas ilícitas cuatro tipos diferentes de gasolina: Súper, Plus 91, Diésel y Jet A-1.

"Las autoridades judiciales investigan a uno de los detenidos, de apellidos Bell Fernández, como la persona que ha puesto el capital para que el resto de integrantes del grupo extraigan ilícitamente los diferentes tipos de combustible", indicó la Fiscalía cuando desarrollaron la operación para desmantelar a la presunta banda.

• Causa 23-001265-0063-PE: en investigación por el presunto delito de contaminación de aguas.

Sobre este caso, el Ministerio Público no reveló detalles, únicamente confirmaron que el empresario formaba parte de las personas investigadas, sin mencionar su rol en la presunta comisión de ese delito por el cual se abrió el expediente.

"Ambos casos se encuentran en la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de prueba. Esta fase es privada, por lo que no es posible dar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", respondieron en la Fiscalía.

• Caso PetroCoke: Causa 24-001772-0063-PE

Esta es la relacionada con los allanamientos del viernes 11 de octubre. En esta causa se investiga a los imputados por robo de combustible y asociación ilícita.

A estas se suman otras dos causas en las que finalmente la Fiscalía no logró imputarle los delitos a Bell. Se trata de la 14-000303-1219-PE por tráfico de drogas y la 15-012144-0042-PE por legitimación de capitales.

Sobre la primera, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó sobreseimiento definitivo el 23 de enero del 2019, mientras que de la segunda ante gestión del Ministerio Público, el mismo despacho de la capital, ordenó mediante resolución del 5 de abril del 2019, la desestimación de la causa, por lo que actualmente no registra expedientes abiertos ligados con narcotráfico o lavado de dinero en Costa Rica.

"La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos informó que no registra causas penales en contra de la persona de su interés", informó la oficina de prensa del Ministerio Público a este medio.

Cara familiar

Esta no es la primera vez que la policía judicial interviene la casa de Bell por este delito, pues en el 2017, fue objeto de una operación en la que se allanaron 19 propiedades y se detuvieron a 13 personas.

Es públicamente conocido como un empresario pesquero que se dedica a esa actividad desde la década de los noventa, sin embargo, adquirió notoriedad  luego de que se le vinculara con delitos de infracción a la ley minera, narcotráfico, usurpación de bienes de dominio público y legitimación de capitales.

Sus primeras causas se remontan al 2012, cuando se inició una investigación en su contra por una presunta infracción a la ley minera, por una supuesta extracción de piedra de un terreno en Río Blanco de Limón, sin tener autorización. En ese caso, incluso se ligó a la Municipalidad de Limón por la contratación de una empresa de excavaciones vinculada a Bell Fernández y a su esposa.

El 6 de agosto de 2013 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la casa de Bell, en la investigación que se seguía en ese momento por supuesta malversación de fondos, entre otros delitos.

En ese momento crhoy.com informó que el alcalde de Limón Néstor Mattis, realizó una contratación directa a la empresa Excavaciones Araya S.A., compañía que, al parecer, no cumplía con el requisito para poder extraer material minero y que estaría ligada a la esposa de Bell.

En 2015, se le vinculó con el caso conocido como Portete, donde se le atribuía un delito de usurpación de bienes de dominio público por la construcción de un complejo pesquero compuesto por un muelle y 10 edificaciones en la zona marítimo terrestre en Portete de Limón, sin contar con ninguna autorización del gobierno local ni del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Luego de que saliera a la luz pública una fotografía en la que participaba en una reunión con dirigentes del sector pesquero, incluyendo a Ann McKinley, expresidenta del la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el exministro de Trabajo y exdiputado del Partido Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora.

Esa reunión provocó una investigación de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, la cual emitió un informe solicitando incluso una investigación al Ministerio Público, entre otras cosas.

El 8 de octubre del 2015, el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos donde se detuvo a Bell Fernández, a quien vincularon con un grupo de narcotraficantes. Sin embargo, tras varios meses quedó en libertad y luego habría sido separado de esta causa, aunque las autoridades judiciales aseguraron en ese momento que el caso por tráfico de drogas en su contra no estaba cerrado.

En febrero del 2023, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que algunas lanchas decomisadas en un allanamiento en Limón, ligadas al trasiego de drogas marítimo, pertenecían a Macho Coca.

"Aquí como que fabrican las lanchas, es un golpe muy certero. Una de las propiedades que estamos demoliendo la usaban para fabricar las eduardoño (modelo de lancha).

Verificamos una de las lanchas que está en el lugar y sale como propiedad y construida por Gilbert Bell, no sabemos qué tiene que ver en eso, si tiene alguna fábrica de ese tipo de lanchas, posiblemente tenga su negocio de fabricación de lanchas", aseveró el exministro de Seguridad, Jorge Torres a crhoy.com en ese momento.

De acuerdo con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Macho Coca ha estado relacionado a algunos negocios vinculados con la construcción, con la obra pública y transporte de materiales, así como la pesca, comercialización de mariscos, lanchas, entre otros.

"Se ha hablado de la posibilidad de que esta persona tenga negocios, a través de estas empresas, con la Municipalidad de Limón, pero no es un hecho que se pueda confirmar", explicó tiempo atrás el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi.

"De alguna forma ha logrado permanecer inadvertido, porque tiene una función de cabecilla, cuando usted tiene ese rol no da las órdenes directamente, sino a través de un tercero.

Se cuida mucho en el manejo de telefonía celular y comunicaciones, tiene un esquema de seguridad interno que evita o busca evitar que se le relacione con otras personas, por eso ha sido relativamente difícil llegarle, pero nosotros si sabemos de la evidencia que tiene la DEA de él", añadió Zúñiga.

Conocido internacionalmente

De 60 años, volvió a estar nuevamente en el ojo público en noviembre de 2023 cuando se dio  a conocer una orden ejecutiva emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la cual, congela todas las cuentas, bienes y operaciones que posee. Ese mismo organismo lo definió como uno de los más grandes narcotraficantes de Costa Rica. 

"OFAC designó a Bell de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O. por sus siglas en ingles) 14059 por haberse comprometido, o haber intentado comprometerse en actividades o transacciones que materialmente contribuyeran, o representaran un significante riesgo material para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción", indicó la Policía Judicial.

Según el Departamento del Tesoro, esa designación ejecutiva se hizo por "el volumen de drogas que mueve y la violencia con la que opera", pues aseguran que ha desempeñado un papel importante en la reciente transformación de Costa Rica en un importante centro de tránsito de narcóticos.

En el documento publicado sobre la inclusión de su nombre en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, informaron que "es uno de los mayores traficantes de Costa Rica, trasladando cocaína desde Colombia a lugares como Estados Unidos y Europa".

Este sujeto también es catalogado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más importantes y "más violentos" de Limón. Por esta razón, desde suelo norteamericano país se ordenó congelar sus cuentas bancarias. Sin embargo, su abogado ha negado que él esté involucrado en estos negocios.

Pese a que ha sido cuestionado a nivel nacional por vínculos con crimen organizado para exportación de droga, no existe ningún expediente judicial abierto actualmente con una causa relacionada con estos hechos.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que pese a no tener ninguna acusación por narcotráfico contra este hombre, conocen el historial y su crecimiento patrimonial, en apariencia utilizando sus compañías en esa trayectoria de aproximadamente 30 años.

Además reconoció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos tiene informes sobre el limonense, información de la que ya se tiene conocimiento en la policía judicial.

Bell por medio de una carta enviada al OIJ y un video que también hicieron llegar entonces a crhoy.com, rechazó las aseveraciones expuestas por las autoridades costarricenses y estadounidenses en ese momento, aduciendo que no tiene ninguna relación con actividades ilícitas, debido a que todos sus activos provienen de "negocios absolutamente legales de muchos años de trabajo y esfuerzo".

"Aunado a lo anterior, me pongo a disposición de las Autoridades Judiciales, para que, en el caso de requerirme me presentaré sin demora alguna ante cualquier despacho, las puertas y portones de mi casa de habitación estarán abiertas, por lo que NO es necesario, el uso de la fuerza o la orden de allanamiento para ingresar, NO hace falta mi detención, puesto que como lo he demostrado en procesos anteriores, SIEMPRE enfrento los procesos de manera directa, responsable y si  requerimiento de medidas cautelares. Además, pongo a disposición mis cuentas bancarias, mis bienes y cualquier otro elemento de interés de esas autoridades, puesto que todo ha sido ganado con mi esfuerzo legal", escribió.