Caso Diamante: Defensores buscan anular intervenciones telefónicas
Derogatoria parcial de Ley contra la Delincuencia Organizada e ilegalidad en rebaja de datos móviles de los imputados entre los alegatos
(CRHoy.com) Los defensores de alcaldes y empresas en el caso policialmente conocido como Diamante buscan anular las intervenciones telefónicas.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública conocerá la mañana de este martes tres actividades procesales defectuosas -figura que cuestiona una actuación judicial por posible irrespeto a las garantías de una persona, con el fin de que se declare nulo- formulados por las partes entre el 2 de febrero y el 18 de noviembre pasados.
"Se están conociendo actividades procesales defectuosas que presentaron distintas defensas. Quizás la principal es la relacionada con el tema de crimen organizado, que es una gestión que se está haciendo en virtud de que todas las defensas consideramos que el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizado (8.754) está derogado (por la fugaz entrada en vigencia de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada – 9.481).
"Además, hay un tema relacionado con la disminución de datos móviles de las operadoras telefónicas que planteamos directamente nosotros, y otro tema que se relaciona con los allanamientos (del 15 de noviembre de 2021)", explicó a su entrada a los tribunales del Goicoechea el abogado Alfonso Ruiz, representante legal del alcalde de San José, Johnny Araya.
Respecto al segundo punto mencionado por el jurista, este amplió que un juez ordenó el año pasado a dos empresas de telefonía a reducir la capacidad de datos móviles para obligarlos a migrar de aplicaciones de mensajería o llamadas por internet (como WhatsApp) a la línea particular, para poder intervenirlos, pues las primeras comunicaciones son cifradas de extremo a extremo. Lo anterior aún y cuando existía un contrato privado firmado por los imputados, que les garantizaba el servicio.
"Esta gestión ya ha sido presentada en otros procesos y ha sido declara ilegal. Así que nosotros planteamos la gestión en este asunto y esperamos que el resultado sea el mismo", agregó Ruiz.
Consultado sobre el efecto que tendría esa actividad procesal en el caso, el abogado comentó que, de declararse ilegal el acto, por la teoría del "fruto del árbol envenenado", debe ser anulada.
Ruiz aclaró que su gestión no anularía la totalidad de las intervenciones telefónicas, como sí lo haría la gestión sobre la Ley contra la Delincuencia Organizada, de determinarse que sí está derogada.
"Ahí es diferente. Si se declara con lugar esa (actividad procesal) todo cambia, porque no habría motivo para que el proceso se haya manejado como crimen organizado y, por ende, no habría legitimación para las intervenciones telefónicas", señaló el jurista.
Respecto a esto último, el defensor del empresario Daniel Cruz y su compañía MTS Multiservicios de Costa Rica S.A., Juan Marcos Rivero, indicó a este medio: "El problema con eso es que el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado, que nosotros creemos que está derogado, es la base para la declaratoria de crimen organizado. Y todo lo que se ha hecho en el proceso Diamante gira en torno a esa declaratoria de crimen organizado. Por eso es que las consecuencias tendrían un efecto, por decirlo así, de irradiación sobre todo todo el proceso".
Cuando se le preguntó si esto afectaría específicamente las intervenciones telefónicas, respondió que sí los afectaría.
Valga aclarar que la gestión de este defensor, en vez de una actividad procesal defectuosa, se presentó como una apelación de la resolución que declaró el caso como de crimen organizado.
La vista en cuestión fue asignada a la jueza Laura Villarreal Loáiciga y estaba previsto que esta iniciara a las 8:30 a.m. de este martes en la sala 3. Pero un problema con el equipo de grabación hizo que a las 9:40 a.m., las partes fueran trasladadas a la sala 10. Además, tan pronto arranque la audiencia, la decisora deberá conocer una apelación contra una resolución que emitió el lunes, y de la que CRHoy.com tiene copia, con la que rechazó una solicitud de suspensión de la vista de la defensora de Ingeniería Técnica de Proyectos S.A., Jenny Quirós, por una incapacidad médica. La juzgadora declinó la reprogramación por considerar que la abogada sabía desde hace más de un mes de su estado de salud y formuló el pedido hasta el 8 de diciembre; al tiempo que le dispuso nombrar a algún otro representante legal del bufete Zurcher Odio & Raven o de lo contrario resolvería conforme a la agenda del despacho.
Diamante es un escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública que salpica a Araya, así como a los alcaldes Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa). También figura el exgobernante local Alfredo Córdoba (San Carlos).