Caso Cochinilla: Juez levanta arresto domiciliario a Carlos Cerdas y Mélida Solís

(CRHoy.com) El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública levantó la noche de este lunes el arresto domiciliario que recaía en contra de los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, en el caso policialmente conocido como Cochinilla.

La información fue confirmada a CRHoy.com por los abogados Érick Ramos Fallas y Érick Gatgens Gómez, defensores -en el mismo orden- de los dueños de las constructoras MECO y H. Solís.

Esta decisión también aplica para el empleado de la primera de las compañías, Tobias Arce Alpízar, con lo que ninguno de los encartados descontara alguna de las medidas más gravosas contempladas en el Código Procesal Penal.

Sobre Cerdas Araya y Solís Vargas recaerán a partir de este 26 de setiembre y por los próximos seis meses las disposiciones de impedimento de salida del país, entrega obligatoria del pasaporte y prohibición de acercarse a testigos, así como la inhabilitación de hangares y la prohibición para emitir nuevos pasaportes. A ambos se les levantó el impedimento de comunicarse con otros imputados en la causa.

En el caso del primero se le mantuvo una caución real -suerte de fianza- de $10 millones, mientras que a la segunda una de $5 millones.

Por su parte, a Arce Alpízar, al igual que los gerentes de MECO, Abel González Carballo y Alejandro Bolaños Salazar, se les mantiene con impedimento de salida del territorio nacional y entrega obligatoria del pasaporte. El primero tendrá que firmar periódicamente en una sede judicial; a los otros dos más bien se les eliminó esa disposición.

A los funcionarios investigados se les levantó la suspensión que recaía desde hace año y tres meses, pero se ordenó su reubicación en otras instituciones públicas, confirmó el jurista Federico Gutiérrez Madrigal, representante legal de una servidora de apellidos Chaves Mora.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) pretendía que todas las medidas que se tenían hasta antes de la audiencia se prorrogaran por nueve meses.

A las mismas se opuso la barra de la defensa, algunos de ellos por la supuesta derogatoria de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y otro tanto se basó en el nulo avance que tiene la pesquisa tramitada bajo el expediente 19-000025-1218-PE, asignado al escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública.

 

Daño "inexistente"

El decisor Félix Castellón Ruiz también determinó que el supuesto perjuicio económico de ¢78.000 millones causado por Cochinilla -como lo sostienen el fiscal Glen Calvo Céspedes y el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza- no es tal.

Al final de la audiencia de medidas cautelares, el juzgador dio por superada cualquier discusión en relación con el daño material, señalaron a este medio los abogados Érick Ramos Fallas y Francisco Campos Aguilar.

El 24 de febrero pasado, CRHoy.com dio a conocer que la superintendente general de Entidades Financieras y de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya, descartó en una declaración como testigo que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) hubiese recibido alguna vez los ¢78.000 millones que presuntamente fueron sustraídos, en el tanto que estos no fueron transferidos por un diferendo entre la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) en cuanto al monto que este último pretendía cobrar por concepto del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), como rubro del marchamo 2019.

Su interrogatorio es clave en el tanto que ella dirigió el Ministerio de Hacienda entre el 8 de mayo de 2018 y el 23 de octubre de 2019; cuando supuestamente se dieron los hechos en investigación.

De igual manera, Castellón Ruiz descartó que por el momento se haya acreditado con alguna prueba un daño social derivado del escándalo de aparente corrupción, según los juristas consultados.

Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a las 11:00 p.m. del 26 de setiembre de 2022.