Caso Cementazo ya tiene fecha para audiencia preliminar
9 personas fueron acusadas por la Fiscalía General
Juan Carlos Bolaños. (CRH)
El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José informó que ya hay fecha para la audiencia preliminar del sonado caso de corrupción conocido como Cementazo o crédito del "cemento Chino-BCR".
La misma se llevará a cabo del 1 de julio al 29 de noviembre del 2024 y será una audiencia privada.
En total son nueve las personas imputadas por este sonado caso que se tramita bajo el expediente 16-000013-0033TP, que es de tramitación compleja.
¿Quiénes son los acusados?
El empresario Juan Carlos Bolaños Rojas: 8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 11 delitos de peculado, 3 delitos de uso de falso documento, 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública, 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
Dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica
Javier Rojas Segura: 8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 11 delitos de peculado, 3 delitos de uso de falso documento.
Mario Cortés Zúñiga: 2 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 3 delitos de uso de falso documento.
Los siguientes acusados son o fueron funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR):
Andrés Víquez Lizano, exsubgerente de Banca Mayorista del BCR: 11 delitos de peculado, 3 delitos de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo del BCR: 2 delitos de peculado, 2 delitos de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Marvin Corrales Barboza, exsubgerente de Banca Minorista del BCR: 3 delitos de peculado, 1 delito de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Gilberth Barrantes Campos, exgerente corporativo de Riesgo y Control de Crédito del BCR: 1 delito de peculado, 1 delito de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito BCR: 1 delito de peculado, 1 delito de tráfico de influencias, 1 delito de falsedad ideológica agravada, 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada.
Paola Mora Tumminelli, expresidenta del BCR: 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública, 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
En esa lista también estaba el exgerente general del BCR Mario Barrenechea Coto, pero este murió en noviembre del 2020.
¿Qué es el Caso Cementazo?
A mediados del 2017 trascendieron las circunstancias presuntamente irregulares en las que el BCR le aprobó un crédito por $31,5 millones al empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
Las investigaciones posteriores destaparon la presunta red de tráfico de influencias más grande descubierta hasta ese momento, que operó, en apariencia, en favor de Bolaños para que iniciara con la traída de cemento producido en China.
Se descubrió además que la Casa Presidencial fue el epicentro de las gestiones de Bolaños ante el Gobierno.
La investigación legislativa del "cemento chino" concluyó que las intervenciones de Casa Presidencial en favor de Bolaños se pueden resumir en cuatro ámbitos:
- Nombramiento de algunos directores y jerarcas en Bancos del Estado.
- Las siete reuniones concedidas a Juan Carlos Bolaños en Casa Presidencial, sus requerimientos y sus resultados.
- Acciones y presiones ejercidas sobre mandos medios de algunas instituciones.
- Agilización de trámites de publicaciones en el diario oficial La Gaceta.
Además, el escándalo pringó a varios ministros y viceministros del entonces presidente Luis Guillermo Solís que modificaron reglamentos e hicieron gestiones que favorecieron a Bolaños.
También a funcionarios del sector bancario estatal, a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala III y al Ministerio Público, y a las representaciones en la Asamblea Legislativa de los partidos políticos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
En febrero del 2020, el Ministerio Público acusó a Bolaños por tres delitos de influencia contra la hacienda pública por otro de los créditos que recibió, en este caso del Banco Popular, por $5 millones, para operar el negocio del cemento.