Búnkers de grupos narco desarticulados serán destruidos
Medida se podrá aplicar a estructuras construidas al margen de la ley o en terrenos del Estado
(CRHoy.com) Los búnkers construidos al margen de la ley o en propiedades del Estado serán destruidos tras la desarticulación de las estructuras que los utilizan como centros para la comercialización de sustancias ilegales.
Esa medida forma parte de una estrategia coordinada que el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD) echaron a andar el lunes anterior, que tiene como objetivo asestar importantes golpes a bandas de pequeño tamaño dedicadas a la venta de estupefacientes.
Los últimos detalles de ese proyecto fueron discutidos en una reunión interinstitucional celebrada el 21 de abril pasado, pero fue hasta la semana siguiente que el director general interino de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga López, ahondó en los detalles del mismo en entrevista con CRHoy.com.
"Parte de la idea es que una vez que nosotros podamos abordar un grupo criminal, lo desarticulamos, se le pide prisión preventiva y lo demás, poder también demoler la estructura física donde se está vendiendo la droga. Si es un búnker que no esté en regla, nosotros a través de maquinaria o la municipalidad, o de alguna forma.
"Lo que queremos es no quitar al vendedor terminal y que en la tarde o al día siguiente esté alguien más ahí vendiendo droga", explicó el jefe del Organismo.
Al ser consultado sobre qué tipo de inmuebles encajarán en el proyecto, el director enfatizó en los búnkers.
"Lugares donde exista alguna actividad y, por ejemplo pertenezca a la municipalidad y que se esté utilizando para vender drogas, cosas así por el estilo, digamos que permita de alguna forma que el Estado pueda intervenir directamente en esto", amplió.
"Evidentemente si son casas de habitación o propiedades de alguien en particular, pues no podría ser", aclaró.
Sin precisar, Zúñiga López aseguro que "son bastantes" lo terrenos estatales que tienen este tipo de estructuras cerradas levantadas y que sirven para que los adictos se acerquen a comprar droga y luego puedan quedarse a consumirla.
"La idea es poder generar un tipo de seguimiento para que no se pueda volver a dar la actividad criminal", resaltó.
"Y si no se pudiera porque le permanece la propiedad, nosotros le estaríamos dando seguimiento para volver a generar otra actividad policial para volver a sacar de circulación a esta gente. La idea es búnker o lugar que nosotros abordamos y desarticulamos, que no vuelva a trabajar más", acotó.
Cuando se le cuestionó qué instituciones estarían involucradas en el proceso de demolición, el entrevistado detalló que los ayuntamientos correspondientes, además, del Ministerio Público, que actuará como coordinador. Descartó que para llevar a cabo esas inhabilitaciones se requiera aval de un juez. "Y si se ocupara de un juez, ni modo, se hace la solicitud", recalcó el vocero.
¿Y es necesaria una reforma legal para esto? No.
"Esto ya se había hecho hace unos cinco años, tal vez. Pero llegaron diferentes fiscales generales, habían otras políticas e ideas. Y ahora lo estamos retomando. Ahora hay una gran apertura del fiscal general (Carlo Díaz Sánchez) en ese sentido. Nosotros estamos en la mayor disponibilidad de volverlo a trabajar.
"Nosotros de común acuerdo con Policía de Control de Drogas nos hemos dividido al país por áreas para nosotros trabajar en esos lugares y ellos en otros. Somos respetuosos de esa división que se hizo hace unas semanas en la Fiscalía General", mencionó el jefe policial.
El desmantelamiento de un búnker en María Reina de Hatillo, San José, efectuada el 19 de julio de 2022 durante los operativos con los que se desintegó el grupo liderado por supuesto líder narco conocido como "Pioja" puede ser un ejemplo de las pretensiones de la nueva estrategia. También la destrucción de puertos construidos ilegalmente en terrenos del Estado en Moín de Limón, en allanamientos realizados el 21 de febrero de 2023.
En marcha
La estrategia informada por el Ministerio Público busca atacar la comercialización de sustancias ilícitas al menudeo; es decir, a pequeña escala. Esto con el objetivo de disminuir el crimen en las calles, ya ese tipo de actividad origina las disputas de territorio para la venta y, en medio de esas luchas, se dan los homicidios.
El plan -explicó el Rándall Zúñiga López- es abordar a los principales grupos inmersos en el expendio de estupefacientes, para sacarlos de los barrios más conflictivos en un intento por apaciguar la crisis que atraviesa el país en inseguridad.
"Nos encontramos comprometidos en buscar los recursos, que incluso no tenemos, para dedicarlos a la atención de este tipo de asuntos. La idea es conformar equipos de trabajo con personas de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y la Fiscalía de Narcotráfico, liderados por el fiscal Henry Meza Mata, como una lucha contra este tipo de criminalidad, pero, además, para que las comunidades se sientan más seguras", explicó el fiscal Carlo Díaz Sánchez.
Por su lado, el director general de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden Barrientos, hizo énfasis en la preocupación que existe en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por el narcomenudeo y su incidencia en otros tipos de violencia. De hecho, el titular del ramo, Jorge Torres Carrillo, anunció a su llegada al puesto que daría un golpe de timón en el enfoque de los cuerpos policiales, abocándose a las estructuras pequeñas que operan en el país.