Avanza plan para obligar a Hacienda a usar recursos de impuesto a personas jurídicas en seguridad

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminaron de manera afirmativa un proyecto de ley que busca asegurar el giro de los recursos para seguridad provenientes del impuesto a personas jurídicas.

Se trata del expediente 23.973, propuesta por el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado Bogantes con la firma de otros congresistas de su bancada.

Aunque los recursos provenientes de este impuesto están destinados por ley para la seguridad, lo cierto es que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -en 2018 –rigen un conjunto de normas que habilitan al Ministerio de Hacienda a no presupuestar o no girar en su totalidad el dinero. Según se ha estimado, entre 2021 y 2023 se dejaron de presupuestar  ¢21.274,7 millones. 

La propuesta de ley dictaminada este jueves reforma los artículos 10, 11 y 13 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas para que se destine la totalidad de los recursos de la siguiente manera:

• Un 90% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
• Un 5% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
• Un 5% de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.

También, propone que la Contraloría General de la República incluya en la certificación de la efectividad fiscal de los ingresos del presupuesto de la República, la estimación de recaudación de este impuesto.

A su vez, se establece que el Ministerio de Hacienda deberá incorporar la actualización de los montos contenidos en la certificación señalada en el párrafo anterior, en las modificaciones presupuestarias del periodo respectivo o en los presupuestos extraordinarios que presente ante la Asamblea Legislativa.

El proyecto también señala que las entidades beneficiarias con la distribución de recursos de este impuesto deberán presentar de forma anual, al cierre del año presupuestario, un informe con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto ante las Comisiones Permanentes Especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.