Logo

Aunque no lo juzgó, Tribunal responsabiliza a Óscar López por estafa al TSE

También se implica a Víctor Emilio Granados, quien alega violación a presunción de inocencia y defensa

Por Paulo Villalobos | 6 de Jun. 2023 | 5:45 pm

(CRHoy.com).-El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José determinó la participación de los exdiputados Óscar López Arias y Víctor Emilio Granados Calvo, en un supuesto plan criminal con el que el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) estafó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La tarde del lunes, durante la lectura de la parte dispositiva (conocida como por tanto) de la resolución que condenó a la también excongresista Rita Chaves Casanova y a una exregidora de apellidos Montoya Calderón, el órgano jurisdiccional destinó unos minutos a puntualizar la responsabilidad de personas que no afrontaron el juicio.

Inicialmente, la jueza Ilem Meléndez Monge hizo una breve referencia a la implicación del excandidato presidencial, quien sí fue acusado por estos hechos, pero fue separado del debate el 14 de abril anterior por problemas relacionados con la accesibilidad del expediente 13-000010-0033-PE. Pero fue más adelante, en una segunda intervención de la decisora Mariela Villalobos Soto, que se hizo una explicación más amplia.

"Si bien se encontraron a las señoras Chaves Casanova y Montoya Calderón como coautoras responsables del hecho delictivo, es importante hacer notar que, efectivamente, para este Tribunal, ha existido una autoría en la participación criminal de ambas imputadas. Es claro que se ha explicado un plan defraudatorio en el que ambas sentenciadas han participado en la ejecución.

"Lleva razón Chaves Casanova, y así lo ha hecho ver el Tribunal, respecto a que este plan criminal no pudo haber sido diseñado y ejecutado únicamente por ellas. Para el Tribunal existe prueba suficiente de la responsabilidad y la participación en este plan criminal de Óscar López Arias y de Víctor Emilio Granados Calvo, quien ni siquiera fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) o por el Ministerio Público", señaló la juzgadora.

Villalobos Soto ahondó en que también se logró implicar a otro grupo de aparentes contratantes, colaboradores con la agrupación política y arrendadores de vehículos, que aceptaron una propuesta de los miembros del Comité Ejecutivo Superior de Accesibilidad Sin Exclusión, para falsear la información que en esos acuerdos se incluyó. En este caso no se detallaron nombres.

"Además de eso, quiere hacer ver el Tribunal que no entra en excesos respecto de invocar la participación criminal de Óscar López Arias en estos hechos, a pesar de no haber sido juzgado en este proceso, y cuya culpabilidad deberá determinar un tribunal distinto a este.

Y es justamente por haberse determinado el plan criminal en dominio funcional del hecho. Cada uno de los imputados, Chaves Casanova, Montoya Calderón y los demás, tuvo una función necesaria y esencial en la ejecución del plan criminal y en la consumación del delito que finalmente llevó al Tribunal Supremo de Elecciones a reconocer una liquidación de gastos, a aprobar esta liquidación de gastos, y que respecto de los 37 contratos que fueron insumo de esta liquidación de gastos, se estimó un perjuicio económico un poco mayor a los ¢164 millones para los beneficiarios, para los tenedores de (bonos de) cesión que los cambiaron en la Tesorería Nacional", amplió.

Es así como el órgano jurisdiccional arribó a la conclusión de que el delito fue perpetrado en coautoría, en aplicación de la teoría de dominio funcional del hecho.

CRHoy.com consultó al respecto a Granados Calvo, quien apuntó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), así como la Procuraduría, analizaron el caso y lo excluyeron de la pieza acusatoria, en el tanto que determinaron que su participación fue nula en el proceso electoral de 2010, ya que no firmó ningún pacto ni cambió bonos.

"Que la jueza me mencione como uno de los supuestos responsables, viola los más elementales principios del derecho constitucional como lo son el principio de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso, pues por lo visto me responsabiliza solo por haber ostentado el cargo de secretario general, sin siquiera haber sido parte del juicio. Tengo mi conciencia tranquila y paz", dijo el exdiputado.

Sobre el particular, CRHoy.com solicitó una reacción a López Arias, pero explicó que se referirá con posterioridad.

De la curul al banquillo

En ese mismo acto, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José impuso ocho años de cárcel a la exparlamentaria Rita Chaves Casanova, por una estafa con contratos de arrendamientos de vehículos de Accesibilidad Sin Exclusión en perjuicio del Estado, que osciló los ¢206 millones.

La exlegisladora fue hallada culpable de un cargo de estafa mayor y uso de documento falso; pena que deberá descontar en un centro penitenciario. No obstante, el órgano jurisdiccional determinó que, mientras la resolución adquiere firmeza, la excongresista descontará las medidas cautelares de impedimento de salida del país y firma periódica en una sede judicial.

En la misma resolución fue sentenciada a dos años de prisión una exregidora y periodista de apellidos Montoya Calderón, señalada como colaboradora de confianza del Comité Ejecutivo de la agrupación política. Esta última estará obligada a mantener un domicilio fijo.

Según los decisores, ambas imputadas participaron en la simulación de hechos para acceder a deuda pública por gastos correspondientes al proceso electoral 2010, por los que el Tribunal Supremo de Elecciones -inducido a error- aprobó una liquidación de gastos por unos ¢206 millones, al darle credibilidad a, por lo menos, 37 contratos falsos por concepto de carros alquilados para el transporte de votantes con discapacidad.

De esta manera, el partido canjeó certificados de cesión (bonos) en la Tesorería Nacional, cancelados con cargo de contribución estatal, por acuerdos, así como pagos inexistentes y/o menores a lo establecido en los escritos.

Además, se declaró parcialmente con lugar una acción civil presentada por la Abogacía del Estado, pero en abstracto. Así las cosas, el monto a cancelar solidariamente por parte de Chaves Casanova, deberá ser definido en la fase de ejecución de sentencia, en el tanto que resta por juzgarse al fundador y líder del partido, Óscar López Arias, así como a un notario de apellidos Ruin Céspedes.

Respecto a Montoya Calderón se dio por desistida la demanda, ya que tanto la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), como la Abogacía del Estado, solicitaron la absolutoria de la comunicadora y el procurador Rándall Aguirre Mena no hizo una solicitud como tal. No obstante, el órgano jurisdiccional se apartó de tal solicitud y se inclinó por condenar a la encartada.

Comentarios
5 comentarios