Agente judicial vinculado a presunta banda que inscribía carros robados fue suspendido 3 meses
Según proceso disciplinario víctima se dio cuenta que había comprado un carro "gemeleado"
(CRHoy.com).- Un agente judicial vinculado a una banda dedicada, aparentemente, a inscribir automóviles robados fue suspendido 3 meses sin goce de salario, según determinó el Consejo Superior del Poder Judicial, luego de un proceso disciplinario que se realizó en contra del funcionario por parte del Tribunal de la Inspección Judicial.
El funcionario judicial enfrentó una investigación por incorrecciones en su vida privada; consulta indebida e injustificada al Sistema Expediente Criminal Único (ECU) y aprovecharse de su puesto en forma indebida.
El agente fue detenido el 19 de mayo del 2020, tras una serie de allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El policía judicial fue identificado con los apellidos Daniel Johnson; y dos abogados de apellidos Sibaja Ureña (hombre) y Morales Ugalde (mujer).
Dos carros iguales
El Tribunal de la Inspección Judicial hizo una narración, en sus hechos probados, del caso. Una mujer, quien compró un vehículo en el que habrían participado los dos abogados, se dio cuenta sobre la existencia de otro carro, que estaba inscrito con las mismas características físicas y mismo número de placa metálica de circulación al que había comprado.
Las víctimas fueron a los tribunales de justicia y narraron al agente judicial lo sucedido y les dijo que eran carros "gemeleados".
El agente judicial les dijo, según determinó el Tribunal de la Inspección Judicial, que existían dos formas de proceder, la manera correcta y la manera inteligente. La manera correcta era la interposición de la denuncia y con ello, les quitarían el vehículo, perderían dinero y tiempo y la manera inteligente, era arreglar con la abogada que realizó el traspaso y con el vendedor, para que este último les devolviera el dinero, devolverle el vehículo, revocar el traspaso y que él se ofrecía para acompañarles a firmar el documento para deshacer la venta y las ayudaría.
"Que el encausado incurrió en una conducta indebida, ya que, valiéndose de su puesto, aconsejó de una manera inadecuada a la señora, mostrando un interés injustificado en el asunto y ofreciendo sus servicios no solo como mediador, e incluso como escolta en caso de requerirlo. Asimismo, valiéndose de su posición, trató de ejercer presión para que la señora no denunciara situaciones ilegales", determinó el Tribunal.
Empatía desinteresada
La defensa del funcionario judicial interpuso un recurso contra la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial y argumentó que su defendido no cometió ninguna conducta delictiva, sino que más bien mostró empatía desinteresada para con la señora, quien había sido estafada.
"No se acreditó que su representado haya hecho algún acto ilegítimo o que haya inducido a la denunciante a realizarlo, pues fue ella misma la que inicialmente decidió no denunciar con la finalidad de recuperar su dinero (…) aunque hay abierta una causa penal, su representado no ha sido acusado de ningún delito y en consecuencia le asiste el derecho de inocencia consagrado en la Constitución Política", indicó la defensa.
Además, se defendió ante el presunto daño a la imagen del Poder Judicial, señalando que él no tuvo ninguna ingerencia en las publicaciones de medios de comunicación por los allanamientos efectuados por el OIJ.
"En el expediente penal lo que está acreditado en los informes policiales es que el día 12 de abril de dos mil veinte en que se hizo la supuesta consulta en el sistema ‘ECU', su representado no se encontraba trabajando, pero eso no quiere decir que él haya hecho tal consulta, es más, por el contrario, existe una imposibilidad material de que la haya hecho si como se dice en la resolución recurrida lo que se probó es que ese día no estaba trabajando", explicó la defensa.
Sin embargo, el Consejo Superior rechazó los argumentos confirmando la sanción de 3 meses sin goce salarial.
Siete allanamientos
Wálter Espinoza, Director del OIJ, informó el 19 de mayo del 2020, que en este caso se realizaron siete allanamientos en Alajuela, con el fin de desarticular una parte de una organización dedicada al robo de vehículos, que además buscaban documentación que permitía la circulación de los automotores.
Con respecto al agente judicial, comentó que el investigador les daba soporte, colaboración, y ejecutaba actividades dirigidas a evitar que se interpusieran denuncias contra ese grupo criminal y que las mismas no tuvieran un resultado positivo.
"La ubicación de un funcionario nuestro dentro de una estructura criminal nos obliga a actuar de manera muy fuerte, precisa y efectiva, porque el OIJ se autorrevisa y ejecuta acciones prontas cuando detecta que alguno de sus funcionarios de alguna manera está vinculado con un grupo criminal", señaló el OIJ.