MOPT busca que fideicomiso estatal alquile vehículos eléctricos a transportistas

(CRHoy.com). Un fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica (BCR) es el arma que afina el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que autobuseros y taxistas alquilen vehículos eléctricos con el afán de implementar flotillas más amigables con el ambiente.

La cartera ya solicitó fondos a la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por las siglas en inglés) para que, a través del fideicomiso, se adquieran y se administren las unidades de transporte eléctrico que arrendarían los transportistas.

"Con la Irena le mandamos un proyecto donde le pedimos que nos dé fondos para poder empezar el reemplazo de autobuses diésel, que echan esas bocanadas de humo por autobuses eléctricos, que se haga a través de un mecanismo de alquiler a los operadores. De manera tal que nos garantizamos que los buses están en buena condición porque son controlados por el Banco Nacional con un fideicomiso que está por debajo de ellos y que va permitiendo realmente  que ese recambio se dé", comentó Luis Amador, ministro del MOPT, en una entrevista radial sostenida en el programa Nuestra Voz, que se emite por Radio Monumental.

El jerarca enfatizó en que los taxis eléctricos también estarían cobijados en este fideicomiso. "Estamos en el proceso de pedir fondos para iniciar con este proyecto. La transición energética de este país requiere realmente de pensar, no solo a nivel de los combustibles, porque usted sabe que importamos todos los combustibles del país. Los de avión, que se usan en los aeropuertos, los que se usan en los autobuses, en taxis, en la flota vehicular. Hay que ir permitiendo ese reemplazo y ese recambio. Nosotros le apostamos fuertemente a esa figura que hemos generado y hemos hablado con las empresas distribuidoras (de energía) para que ellos nos ayuden", apuntó el titular de la cartera.

En esa misma línea, Amador brindó una opinión personal en la que revela que está a favor de la eventual exploración y explotación del gas natural.

"Le voy a dar una opinión personal. Se empezó un debate con respecto al gas natural. No sé si usted lo ha visto. Yo viví muchos años allá en Medio Oriente, en Catar y en Emiratos. Yo vi la transformación en los siete años que estuve allá de lo que apalancarse con esos recursos naturales, el ingreso que le podría dar para hacer nuevas carreteras, nuevos intercambios y realmente daba gusto Si Costa Rica realmente tiene gas, podría ser un combustible para el uso de la flota vehicular", puntualizó el funcionario.

Plan en marcha

La propuesta para que el Estado alquile vehículos a los operadores de transporte no es nueva, y está sobre la mesa desde hace varios meses, es una de las alternativas propuestas por la Administración 2022-2026 para paliar la crisis financiera que alegan muchas compañías, las cuales sostienen que no cuentan con la capacidad económica para efectuar los cambios de unidades que ya cumplieron la vida útil (15 años).

El pasado 31 de diciembre se cumplió la antigüedad de aproximadamente 290 autobuses que operaban distintas rutas en el territorio nacional. Esta situación, con la pandemia por el coronavirus COVID-19 como antesala, provocó que los empresarios del sector clamaran para que se amplíe la vida útil de 15 años a 20 años.

Actualmente, existe un proyecto de ley que plantea ampliar la antigüedad de las unidades en 2 años. Es decir, extender la vida útil de los vehículos hasta los 17 años para compensar las dificultades económicas producidas por la emergencia sanitaria.

"Está el proyecto de ley que usted ya lo mencionó, que ha venido teniendo una serie de transformaciones. En paralelo, el gobierno viene moviéndose a través de un fondo con el BN, recursos para poder facilitar un alquiler de vehículo, como quien va y alquila, sin tener que comprar para que los empresarios puedan tener una forma fácil de disponer. Sin embargo, eso es algo difícil que toma su tiempo. Lo cual, lo hicimos ver el año pasado, cuando pedimos tiempo para poder habilitar esto", había dicho Amador, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 15 de marzo pasado.

¿Para qué querría el Estado tener sus propios buses de transporte público, si las rutas están concesionadas a empresas privadas? Según dijo el ministro en diciembre de 2022, si el Estado cuenta con su propia flotilla, se podrían atender situaciones específicas y adversas a los usuarios, como el abandono de rutas o la reducción de frecuencias en los servicios, debido a que las empresas no cuentan con unidades óptimas para operar.

En esa oportunidad, Amador afirmó que bajo el contexto actual requieren, por lo menos, que se amplíe por 1 año la vida útil de las actuales unidades. Según sus estimaciones, brindadas en enero, si el Estado o las empresas compran buses, se podría tardar hasta 8 meses en afinar los pedidos y recibir las unidades.

El Consejo de Transporte Público (CTP) giró una notificación con la que advirtió que las unidades de autobús de transporte público de ruta regular, que ya cumplieron la vida útil (15 años), no pueden circular en carretera.

La institución señaló que la legislación vigente estipula que las compañías tienen 3 meses para sustituir los vehículos que debieron salir de circulación.

La junta directiva del CTP acordó, a finales de 2022, emitir una notificación a través del diario oficial La Gaceta para advertir sobre este asunto y reiterar que las unidades que ya cumplieron la vida útil no pueden operar.