Ministerio de Justicia dio jefatura a funcionaria investigada por hostigamiento contra 13 compañeros

El Ministerio de Justicia y Paz asignó como jefa de Centros de Atención Semi-Institucional a una funcionaria que tiene abierto un procedimiento administrativo por presunto hostigamiento laboral, el cual fue presentado en su contra por 13 compañeros con los que trabajó en la oficina del Programa Nivel de Atención a la Mujer, con la mayoría de intervenciones en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling.

Contra la mujer de apellidos Ortega Arce se abrió el procedimiento administrativo disciplinario 406-2024, luego de que la Asesoría Jurídica de la cartera determinara, con la resolución 001-406-2024, en octubre del año pasado, que se debían indagar las presuntas faltas cometidas por la denunciada.

"(…) a los efectos de determinar si, como funcionaria de este ministerio, habría incurrido en acciones que, conforme a la normativa institucional, podrían constituir hostigamiento psicológico y moral, tales como: gesticulación y palabras ofensivas, persecución laboral, expresiones ultrajantes, entre otras, además de faltas de respeto, consideración y alteración de la cordialidad que debe prevalecer en todo momento en su entorno laboral, así como extralimitación en sus funciones o deberes que le están encomendados", dice la documentación a la que tuvo acceso CR Hoy.

Ortega compareció el 25 de noviembre de 2024 ante la Asesoría Jurídica, dependencia que ordenó instruir como órgano director a Luanna Alfaro Varela, Lordtan Madriz Zúñiga y Jazmín Arias Masís, para analizar las 13 denuncias, la mayoría interpuestas por mujeres.

Tres semanas antes, Juan Carlos Arias Agüero, viceministro de Justicia, firmó una medida cautelar contra la funcionaria y un mes después, a inicios de diciembre, Justicia le asignó la jefatura de semi-institucionales.

En su lugar pusieron a otra funcionaria de apellido Villegas en la oficina del Programa Nivel de Atención a la Mujer, pese a que también tenía cuestionamientos, pues no cumplía con los requisitos del Servicio Civil para ocupar el cargo.

 

En cuanto a los hechos señalados en contra de Ortega, en Adaptación Social, ente del Ministerio de Justicia a cargo de los centros penales, indicaron que no podrían referirse, pues se trata de un asunto que está en plena investigación.

"Por parte de esta Dirección General (Adaptación Social) se solicitó la apertura de una investigación sobre aparentes faltas disciplinarias en contra de la funcionaria Ortega Arce, misma que actualmente se encuentra en trámite, por lo que es de índole privado. Así las cosas, no podremos referirnos al respecto", indicaron.

En la documentación que obtuvo este medio también se menciona el supuesto nombramiento irregular en las plazas que ostenta desde que comenzó el gobierno de Chaves Robles (2022-2026); sin embargo, el ministerio no confirmó ninguna investigación al respecto.

Los casos

El primero de los denunciantes señaló que Ortega interrumpía reuniones importantes para dar órdenes de acciones a ejecutar dentro del centro penal Vilma Curling, pese a que no tenía un puesto de jefatura como tal, y en varias ocasiones lo hizo con tono de voz alto, dando indicaciones de aspectos que no podían cumplirse en el tiempo que ella pedía.

La denuncia apunta que, en otra ocasión, "se dirigió de manera irrespetuosa y arrogante" hacia la víctima y coordinadores de varias secciones profesionales del centro penal, al confrontarlos por las limitaciones existentes y descalificando su trabajo técnico-profesional, diciéndoles de forma "intimidante e irrespetuosa" que no sabían hacerlo.

Entre otros aspectos, se señala convocatorias a reuniones donde ignoraba sus consultas, omisión de labores, comunicación no asertiva que generó inacciones de otros departamentos, e imposición de órdenes que afectaban la dinámica de los equipos de trabajo "provocando afectaciones emocionales en quienes lo conformaban".

También este mismo afectado denunció que Ortega se dirigió a él de manera altanera e irrespetuosa, solo para ordenarle reacomodar una oficina del edificio administrativo, sin consultar las razones por las cuales se encontraba en esas condiciones.

Entre otros aspectos, la señalan por convocar reuniones sin consultar previamente el criterio de la dirección del centro penitenciario Vilma Curling, que es la entidad encargada de la toma de decisiones sobre lo que se ejecuta o no. Además, en estas reuniones se le acusa de usar "un tono amenazador y restarle autoridad" a las jefaturas del centro.

Uno de los hechos más directos ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando el afectado le hizo saber varias inconformidades y señalamientos que tenía su equipo de trabajo con ella, con el fin de mejorar la relación, y ella le respondió de manera sarcástica: "¿Qué quieren, que les felicite? Ah, ¿eso quieren?".

El segundo denunciante relató ante el órgano investigador que también vivió cuestionamientos, en los que se le levantó la voz y se le cuestionó sus capacidades para trabajar junto a otro grupo de compañeros.

La tercera persona en interponer su queja alegó ser víctima de frases intimidantes y despectivas, así como entrar en problemas porque Ortega omitió firmar documentación que era necesario pasar con su debida autorización, provocándole situaciones que ponían en entredicho su trabajo y su estado emocional.

Otra funcionaria relató que la señalada se dirigió a ella de forma altanera e irrespetuosa cuando la llamó a una reunión en el CAI Vilma Curling. A ella se sumó otra que alegó que se le dieron plazos irrazonables para cumplir con tareas, "minimizando su trabajo", pese a que la denunciada conocía que existían tiempos legales establecidos para esas labores.

A otras tres les solicitó documentación de manera inmediata, pese a que se encontraban terminando informes de extrema urgencia y Ortega tenía conocimiento. Sin embargo, les insistió en cumplir con su orden, a sabiendas de que era prácticamente imposible.

A una funcionaria la amenazó, recordándole que ella tenía padrinos dentro del Ministerio de Justicia y "puedo moverlos a ustedes si yo quiero", al confrontarla por no firmar una denuncia.

Esta misma persona denunció que Ortega grabó una sesión de trabajo sin autorización de los presentes y luego se negó a entregar la grabación cuando ellos se dieron cuenta de lo que había hecho. Además, estableció procedimientos no estipulados en la oficina que coordinaba, como solicitar informes de valoración de cada sección profesional adicional a la Comisión de Regionalización, afectando el quehacer profesional y retrasando las labores del equipo.

La misma denunciante reprochó que la funcionaria, después de una reunión con el grupo de trabajo, se dirigió de manera irrespetuosa y arrogante, confrontándolos sobre las limitaciones existentes, "descalificando su trabajo técnico-profesional de manera intimidante e irrespetuosa".

Una más alegó sentirse humillada frente a sus compañeros por el trato denigrante que sufrió por parte de Ortega, cuando estaba exponiendo un tema relacionado con sus funciones, pues le respondió a una consulta levantándole la voz sin dejarla terminar de explicar el trabajo. Además, intentó mal informarla al decir que nunca estaba en las reuniones, cuando tiene constancias de sus participaciones en todos los encuentros a los que fue citada.

Sobre estos testimonios se tiene planteado entrevistar a 14 testigos que admitieron conocer de los supuestos malos tratos, por lo que serían citados durante el avance del proceso.