Marta Esquivel reclamó su pasaporte para salir del país tras allanamiento

La inhabilitada presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, le pidió a la Fiscalía que le devolvieran el pasaporte decomisado antes de que el Juzgado Penal de Hacienda dictara las medidas cautelares en su contra, debido a que tenía un viaje al extranjero y de lo contrario no podría salir del país.

Así lo devela el recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, que presentó la jerarca suspendida por 6 meses debido al caso Barrenador: el escándalo por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en torno a los presuntos multimillonarios sobreprecios de una contratación para la administración de 10 áreas de salud en manos de cooperativas.

En dicho recurso, solicitó intervención de los magistrados y refutó que la detuvieran como a cualquier otra persona investigada en una causa penal.

Menciona que solicitó a la fiscalía la devolución de los pasaportes, debido a que tiene un compromiso institucional con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para presentarse la tercera semana de octubre; empero, se le indicó que no se le devolverán hasta que el Juez dicte la resolución de medidas, generando esto prácticamente una imposición de medida restrictiva de sus libertades sin que un juez dicte la orden.

Es decir, Esquivel estaba pidiendo la devolución de su pasaporte para salir del país como representante de la CCSS, sin conocer todavía si sería separada o no de la presidencia ejecutiva. Finalmente, la medida cautelar se aprobó.

Además de argumentar que no entendía por qué se ordenó la orden de captura en su contra, si de forma verbal "se puso a la orden de la Fiscalía General", la jerarca insistió en el habeas corpus en varias ocasiones en reclamar el decomiso de su pasaporte.

"En la resolución de 8:00 horas del 18 de setiembre de 2024  no se autoriza el secuestro de pasaportes y dinero efectivo; sin embargo, sí lo hicieron", impugnó.

Según Esquivel, la orden de allanamiento no decía que se debían incautar tanto el documento de identificación personal como el oficial. Además, la funcionaria solicitó anular el allanamiento a su vivienda.

Además, la presidenta ejecutiva apartada indicó que existía un "ensañamiento e interés persecutorio en su contra", dado que el vehículo de uso institucional no fue allanado, tampoco las oficinas de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ni la Dirección de Redes (unidad contratante de los servicios tercerizados), ni la Unidad de Contabilidad de Costos.

Según Esquivel, la denuncia del Ministerio Público incluyó a funcionarios que ella considera no tienen ninguna participación en los hechos que se imputan, lo cual en algunos casos lo que provoca es "negociar declaraciones para que se puedan excluir de las denuncias".

El habeas corpus presentado por presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, fue para "denunciar" la detención que le hicieron debido al caso Barrenador y el traslado en perrera, dado que le provocaron un "agobio" y "trastorno emocional". 

"Al momento de ser trasladada en una "perrera", se me hizo entrega de una bolsa plástica, pues me informaron que era un hecho que sentiría náuseas en ese vehículo. El vehículo iba bajo una lluvia copiosa a gran velocidad. Por momentos, ponían una sirena que suena muy fuerte y venía golpeándome en las paredes del carro", parafrasea parte del relato.

La jerarca insistió en refutar que interpusieran una orden de captura en su contra, en lugar de citarla. La presidenta ejecutiva separada insistió en que para ella, no era necesaria la detención, sino que con una orden de presentación bastaba.

"Bajo ese contexto, la imagen del indiciado, su prestigio, su buen nombre queda social e imperecederamente mancillado públicamente", aseguró Esquivel ante la Sala Constitucional.

Otros recursos

Además del habeas corpus presentado por la propia Marta Eugenia Esquivel, terceras personas presentaron otros dos recursos ante la Sala Constitucional por la detención de la funcionaria. Así lo confirmó el alto tribunal, a continuación el detalle de los hechos impugnados.

• Expediente 24-027071-0007-CO (amparo vicario a favor de Esquivel y otros directivos de la CCSS):

El recurrente alega que el 23 de setiembre de 2024, fueron detenidos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, por orden del fiscal general, para iniciar una investigación y la presidente ejecutiva de dicha institución fue trasladada en una perrera, desde San Isidro del General.

Considera que, lo anterior violó el debido proceso, pues, para iniciar una investigación se debe enviar una citación al interesado; y solo si no obedece a la orden de comparecer, se lo hace traer con la fuerza pública, que no es lo mismo que una orden de detención.

Señala que, existió un abuso de poder al detener a los amparados, ya que los mismos no habían sido declarados en rebeldía, no se había dispuesto en su contra una captura.

• Expediente 24-026638-0007-CO (amparo vicario a favor de Esquivel)

La parte recurrente, en resumen, señala: que el 23 de setiembre de 2024, en horas de la noche, se mantenía a la tutelada, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, como detenida en las instalaciones del II Circuito Judicial de San José, quien fue objeto de un operativo de allanamiento realizado por el Ministerio Público.

Durante este operativo, la señora Esquivel fue detenida y trasladada en un vehículo conocido como "perrera", destinado al traslado de personas ya condenadas o en estado de detención preventiva en casos graves, situación que, en este caso, resulta desproporcionada e innecesaria.

Indica que la tutelada no ha sido acusada formalmente de ningún delito, ni existe sentencia en firme que justifique un trato similar al de una persona condenada.

Expone que es de conocimiento público que la señora Esquivel se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales en Pérez Zeledón, lo que demuestra su disposición de colaborar con cualquier investigación que se esté llevando a cabo. Afirma que la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ha señalado públicamente que las acciones de la Fiscalía fueron "absurdas" desde el punto de vista moral y legal.

Señaló, además, que la adjudicación del contrato en cuestión ni siquiera está en firme, ya que se encuentra en revisión por la Contraloría General de la República y que no se ha pagado un solo colón por dicho contrato.

 

Cabe señalar que crhoy.com ha intentado obtener una entrevista con Esquivel al ponerse en contacto con su abogado, con uno de sus asesores y con ella misma vía WhatsApp, dado que durante la audiencia de medidas cautelares por el Caso Barrenador, la jerarca se competió a que atendería a los medios de comunicación uno por uno. Semanas después, no hemos obtenido respuesta.