Auditoría: “Ley Jaguar” si puede afectar al Poder Judicial

El proyecto de ley impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, conocido como "Ley Jaguar", en el cual pretende hacer una serie de modificaciones sobre las funciones de la Contraloría General, sí tiene incidencia sobre el funcionamiento y organización del Poder Judicial. 

Así lo determinó un informe de la Dirección Jurídica que incluye el criterio de la Auditoría Judicial, y que fue conocido por la Corte Plena este lunes.

Para determinarlo, el informe analizó los posibles efectos que tendría el proyecto de ley, en el escenario de que la Asamblea Legislativa apruebe someter la propuesta del Gobierno a referéndum y esta se apruebe por voto popular.

En un supuesto que la reforma impulsada por el Gobierno modifique la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para derogar algunas competencias, se podría afectar algunas funciones que tiene la entidad y que se prevén en otras normas del ordenamiento jurídico administrativo de control.

"Existirían consecuencias significativas en las competencias del órgano contralor y las auditorías institucionales, al vaciar de contenido una parte significativa de las mismas y al introducir en un umbral de dudas otras de las atribuciones que se le otorga por parte del ordenamiento jurídico, que discrecionalmente los sujetó", indica el Oficio N.º DVV-SP-118-2024.

Es decir, según el informe de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, aunque la "Ley Jaguar" propone ajustes a la ley que señala las responsabilidades de la Contraloría, esto podría reflejarse en otras normas que no se señalan expresamente en la propuesta del Gobierno, al hacer unas modificaciones tácitas que por ende tocarían a la Auditoría Judicial, sí incidiría en el funcionamiento y organización del Poder Judicial.

En este escenario analizado, se provocaría un serio debilitamiento del control interno a todas las instituciones, entre ellas el Poder Judicial, dado que como reflejo de la reducción de potestades del ente contralor, se vaciaría de contenido las competencias de control de la auditoría judicial, que depende funcionalmente de la Contraloría.

Roy Díaz Chavarría, subauditor judicial, recordó que la Contraloría General emite los lineamientos de control en el sector público, y por esa razón, limitar el trabajo de esa entidad modificará las competencias de las auditorías en el resto de instituciones.

"En nuestro criterio, sí existe afectación al sistema de control interno con esta propuesta, porque se pueden ver limitadas las competencias para advertir y asesorar. El control preventivo se deja de lado y volvemos a la época de las auditorías "de autopsia", porque si la administración activa puede hacer todo, tomar todas las decisiones y Contraloría General no puede llegar y advertir, entonces las auditorías tampoco", indicó.

Magistrados divididos

Pese a estas opiniones de la Auditoría Judicial y la Dirección Jurídica de ese Poder, la magistrada Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, remitió un informe en el que según su criterio, la "Ley Jaguar" no trastoca al Poder Judicial.

Con 10 votos de magistrados, la Corte Plena aprobó el informe en el cual se señala que las reformas que el Gobierno impulsa sobre la Contraloría no afecta al Poder Judicial. No obstante, 7 magistrados votaron en contra del informe, al considerar que sí tiene un impacto.

Según la magistrada Vargas, el proyecto de "Ley Jaguar" no afecta el funcionamiento y organización -y por ende no necesita 38 votos para su aprobación-, debido a que considera que el proyecto de ley no modifica ninguna ley que tenga relación directa al Poder Judicial.

"No se considera procedente para este informe, efectuar un análisis sobre la eventual reforma a otras leyes, que podrían resultar como consecuencia de la propuesta, ya que al no haber sido planteadas como tal en el proyecto, este se esgrimiría con base en suposiciones, por lo que la norma en estudio es la que se presentó en consulta", señaló Vargas.

La magistrada considera que incluso, si se limitan las competencias de la auditoría judicial para hacer advertencias, esto no tendría mayor incidencia en el Poder Judicial, que tendría que redireccionar el control en las oficinas administrativas de Control Interno y de Cumplimiento.

Para la magistrada no se deben contemplar modificaciones tácitas, porque el proyecto de ley no los menciona. La Corte no analizó la pertinencia, procedencia, oportunidad, conveniencia o constitucionalidad de la reforma impulsada por la administración Chaves Robles.