Jueces advierten presuntas faltas de fiscales en “Caso Azteca”

El caso Azteca, que investigó a una supuesta estructura de tráfico internacional de drogas que en apariencia logró conseguir contratos con Acueductos y Alcantarillados (AyA) para lavar sus ganancias, estaría en el limbo debido a fallas constantes del Ministerio Público. 

Tres jueces del Tribunal de Apelación de Goicoechea advirtieron las graves falencias que han cometido funcionarios de la Fiscalía, al tramitar este expediente judicial.

En una resolución emitida el 13 de mayo pasado, cuatro supuestos líderes narco quedaron en libertad: no se extendieron las medidas cautelares, al parecer, por presuntos errores de dos fiscales que manejaron el caso.

En esencia, se pidió el sobreseimiento del sospechoso que al inicio aparecía como cabecilla de la banda, tras 9 meses de prisión preventiva. Se trata de un sujeto de apellidos García Junior, que quedó completamente en libertad pese a que supuestamente era quien giraba órdenes dentro de la agrupación. Luego, se trató de atribuir el liderazgo del caso Azteca a otro sujeto.

Otra presunta inexactitud de los fiscales es que en varias ocasiones dijeron que tenían la acusación en un 50% lista, cada vez que pedían extender la prisión preventiva, provocando que los imputados estuvieran más de 2 años en la cárcel.

Cambio en lista de delitos

Otro de los cuestionamientos que los jueces le marcaron a los fiscales es que han cambiado la lista de delitos en contra de los sospechosos.

Si los hechos son "referenciales" y no se están imputando, no solo son circunstancias que el Ministerio Público ocultó faltando al deber de lealtad, sino que no pueden ser contemplados dentro de la pieza acusatoria siquiera para intentar sustentar un cuadro de estructura dedicada al narcotráfico.

Fueron los abogados defensores quienes le informaron a los jueces esta situación, y por eso reprendieron al fiscal:

El Ministerio Público (…) está en la obligación de llevar a cabo una investigación apegada al principio de legalidad y a brindar información en forma completa, transparente y prístina al órgano jurisdiccional.

(…) Bajo el cariz de una investigación de gran envergadura y complejidad, que incluía delitos de cohecho asociados con una estructura criminal que involucraba a funcionarios de la institución pública Acueductos y Alcantarillados, la prisión preventiva ordinaria se prolongó por espacio de dos años.

Los jueces Rosa Acón, Laura Murillo y Edwin Jiménez, aclararon en el documento que a ellos les corresponde únicamente analizar las medidas cautelares y no les compete examinar la acusación y si cabe ir a juicio.

No obstante, al analizar el actuar de la Fiscalía para concluir que ya la prisión preventiva resultó excesiva e injustificada, debido a la ambigüedad de las peticiones. Los jueces incluso señalan que los fiscales por escrito piden una cosa, y en audiencia piden otra. 

 

El fiscal en el presente caso ha brindado en sus solicitudes escritas y en las vistas, información inexacta, pues en un principio sostuvo que tenía la pieza acusatoria confeccionada en un 50%, para luego señalar en una tercera audiencia, que lo que tenía preparado era la parte de los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales, no así lo relativo a la participación de los funcionarios públicos.

Al Tribunal le preocupa que los fiscales no revisan los documentos que presentan, sino que usan borradores previos sin corregirlos. 

En todas sus solicitudes de prórroga de medidas cautelares, invariablemente utilizó siempre el mismo "machote" para asentar su gestión, con los mismos errores del anterior, al punto que, en esta nueva gestión, ahora del fiscal Esteban Chavarría Araya, quedó en la primera página del documento que quien solicita es el fiscal José Pablo Jiménez Trejos.

Bajo todos estos argumentos, los jueces determinaron que no era viable ampliar más las medidas cautelares a los sospechosos, que quedaron completamente en libertad.

 

El plazo de prisión preventiva, de 2 años y 6 meses resulta excesivo para que a estas alturas se esté apenas por iniciar una audiencia preliminar para examinar una acusación limitada a los delitos de narcotráfico y legitimación de capitales, que, además, se cae en cuenta, hay hechos que ya fueron juzgados en el expediente 20-000215-0622-PE. 

 

Fiscalía General sabía de fallos

Todos estos fallos se alertaron a los supervisores de los fiscales del caso e inclusive, notificaron a la Fiscalía General comandada por Carlo Díaz. Así consta en la resolución:

(Hemos) venido advirtiendo sobre las graves falencias en las actuaciones del Ministerio Público en este proceso (incluso comunicando a la Fiscalía General para lo de su cargo) y, principalmente en lo que atañe a sus gestiones de prórroga de prisión preventiva señalándose que, de parte de la fiscalía, en específico, del fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada, se han advertido actuaciones erráticas que reflejan desidia, irrespeto al proceso y a las partes. 

CRHoy preguntó a Díaz directamente sobre las falencias de cómo se ha manejado en caso Azteca, dicho así por los jueces. El fiscal general se negó a responder en concreto sobre este expediente judicial, diciendo que no maneja el caso. Sobre la generalidad de las críticas al Ministerio Público dijo:

Cuando viene de la defensa sea pública o privada, es un criterio que ellos tienen y que obviamente lo que hacen es externar una posición respecto a la teoría del caso. 

Cuando viene de la judicatura, que ellos hagan lo que les corresponde conforme a derecho. Los requerimientos que hace el Ministerio Público siempre son de forma objetiva y fundamentados. 

La investigación de las autoridades judiciales inició en 2019, tras el decomiso de varios kilos de cocaína a un mexicano. Entonces, determinaron que la banda aparentemente usaba varias empresas como mampara, para obtener contratos de obra pública y así, legitimar el dinero de la droga.

Se sospecha que esa organización obtenía dinero en efectivo como ganancias del narcotráfico, lo colocaba en dichas empresas que participaban en licitaciones y luego bancarizaban los fondos para hacerlos legales.

En unos 8 meses, la agrupación consiguió unas 17 licitaciones por alrededor de ₡700 millones, principalmente con Acueductos y Alcantarillados.

La red estaba conformada por personas de origen costarricense, mexicano y colombiano. Trece funcionarios de AyA fueron incluso separados temporalmente de sus cargos debido a los supuestos actos irregulares.

Adicionalmente, la Oficina de Prensa del Ministerio Público remitió una respuesta adicional emitida por la Fiscalía Adjunta Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FAEDO), que en resumen indica que gestionaron una prórroga de medidas cautelares por considerar que ninguna circunstancia había variado y aún había plazos de ley vigentes.

La acusación ya fue presentada y la audiencia preliminar se programó para el 3 de junio en adelante.

Según FAEDO, el Tribunal que rechazó extender la prisión preventiva y el monitoreo, el Tribunal se apartó de la valoración de pruebas que ya fueron recopilados, y por ello no comparten la resolución. Dado que es una instancia de Apelación, la Fiscalía ya no puede refutar más esa decisión.

Finalmente, señalan que el 7 de febrero pasado, los mismos jueces destacaron "una labor investigativa fuerte que además no había concluido, (…) el que fue puesto en conocimiento de las partes, (…) Lo antes expuesto permite sostener que no ha habido dilaciones indebidas e injustificadas en el manejo de esta investigación como lo alegan los defensores (…)".

Esta Fiscalía Adjunta continuará, como corresponde, con el ejercicio oportuno de la acción penal en esta investigación, hasta las últimas consecuencias e instancias, apegada siempre al principio de legalidad.