Jóvenes que salgan de albergues del PANI recibirán respaldo financiero
La diputada Luz Mary Alpízar (al centro) impulsó el proyecto. Foto: Cortesía.
(CRHoy.com).-Los diputados aprobaron por unanimidad este martes en primera debate el expediente 23.305, un proyecto de ley de la diputada Luz Mary Alpízar que buscar que el Estado brinde seguimiento a jóvenes egresados de algún albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) u otra organización del Sistema Nacional de Protección Especial, solucionando vacíos sustanciales en la legislación actual.
El proyecto propone la creación de un programa de prestaciones alimentarias denominado "Programa Hijos e Hijas de la Patria", el cual estará a cargo del PANI.
El objetivo es beneficiar a estos jóvenes egresados de algún albergue del PANI que estén en riesgo socioeconómico al carecer de recursos familiares, personales o laborales suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Además, deberán ser estudiantes activos en cualquiera de los ciclos educativos y menores de 25 años.
Se trata de jóvenes que salen de la institucionalidad por el simple hecho de cumplir 18 años, así no cuenten con recursos familiares o de un ingreso para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación o servicios de salud. El objetivo es que sean cubiertos por el programa que en adelante se denominará Hijos e Hijas de la Patria, siempre que sean estudiantes activos en cualquiera de los ciclos educativos, menores de 25 años y carezcan de respaldo financiero suficiente, explicó Alpízar.
La Ley de FODESAF establece la obligatoriedad de utilizar un 0.25% a prestaciones alimentarias como las requeridas por estos jóvenes.
Entre el 2018 y el 2019 solamente se ejecutó un 20% de los 1600 millones de colones disponibles en ese rubro, según se desprende de información suministrada por el propio IMAS, en respuesta a una consulta planteada por la diputada Alpízar sobre la situación las y los jóvenes egresados del PANI beneficiarios del inciso k) del artículo 3 de la Ley del FODESAF.
El proyecto llena los vacíos legales que provocaron esa subejecución de, aproximadamente, el 80% de los fondos.
Según datos de la Contraloría General de la República, en el país hay más de 13.000 niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.