Intervención de taludes inestables en ruta 32 podría tardar hasta 5 años

(CRHoy.com). El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estima que para efectuar las intervenciones necesarias en la ruta 32, entre San José y Limón, para estabilizar los taludes vulnerables en los tramos de montaña, se requieren 5 años.

Esa vía, la principal para conectar el Valle Central con la Zona Atlántica, sufre constantemente cierres preventivos por la caída de material sobre la calzada. Esta situación se agrava todos los años durante la época lluviosa.

Mauricio Batalla, director ejecutivo de Conavi, indicó que así lo detalla un cronograma de intervención elaborado por el geotecnista costarricense Sergio Sáenz.

El Conavi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) apuntan a la necesidad de intervenir los taludes, con cortes de montaña, para estabilizar los puntos de mayor riesgo. Sin embargo, al impactar porciones del Parque Nacional Braulio Carrillo, es necesario gestionar permisos ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Meses atrás, Luis Amador, titular de la cartera, explicó que se requería construir muros anclados en los sitios de mayor riesgo a deslizamientos o derrumbes.

El muro anclado es una metodología constructiva que se implementa en obras para la estabilización de taludes o excavaciones profundas. Este es un tipo de muro de contención que está anclado al suelo mediante barras resistentes a la tracción.

"Estos tipos de trabajos son los que tenemos que hacer. Esto es topografía lidar (medición de distancias con láser para generación de mapas a gran escala), donde se pueden determinar cuáles son los puntos calientes de la ruta, porque los recursos son muy limitados. Conavi tiene $240 millones anuales y si lo dividimos en una matemática burda, donde tenemos 8 mil kilómetros de carretera, nos da que tenemos que invertir $30 por metro", expresó Batalla.

El funcionario puntualizó que existen riesgos latentes, por condiciones topográficas y climáticas, en rutas como la 1 (Interamericana Norte e Interamericana Sur), la ruta nacional 3 (Aguacate), la 34 (Costanera Sur) o la 141 (Naranjo-Ciudad Quesada).

"Lo que sucedió en Cambronero no es extraordinario. Es lo ordinario. Lo que sucede todos los inviernos. Todos los inviernos hay cientos de pequeños, medianos o grandes derrumbes que, si tenemos contratos de mantenimiento, tendremos empresas recogiéndolos. El riesgo no se elimina. El riesgo nunca se va a eliminar. Tenemos montañas, tenemos microclimas, tenemos pendientes y escarpes. Podemos minimizar y administrar ese riesgo a través de elementos tecnológicos", apuntó el director ejecutivo del consejo.

Batalla agregó que requieren de más recursos para atender el deteriorado estado en el que está la red vial nacional. Desde febrero de 2021 no hay contratos para mantenimiento y conservación, por deficiencias administrativas en la entidad. Las nuevas adjudicaciones ya están en proceso y se espera que en este primer trimestre se retomen las tareas.

"Le pido desde ya a los señores diputados a que me ayuden a quebrar la regla fiscal, porque la inversión en infraestructura no es gasto. Es inversión. Por cada dólar que recibimos invertimos 4 de vuelta", citó.

La Administración Chaves Robles (2022-2026) confía en que los diputados aprueben un crédito de $700 millones para intervenir infraestructura pública deteriorada a causa de fenómenos climáticos. De esos recursos, el Conavi captaría $300 millones: $200 millones para arreglar 82 puentes y 15 puntos con riesgo de deslizamiento.

"Necesitaríamos unos $250 millones netos anuales para invertir. Esto no se recupera en 1 año. Esto es para hacer una recuperación paulatina en unos 5 años. En este momento, hay un pago de deuda por Circunvalación Norte, que le quita un porcentaje importante al Conavi. Cuando empezamos a quitar los diferentes elementos y le quitamos todo, nos quedan alrededor de $100 millones para todo y cuando llegamos a conversación vial nos quedan $70 millones", concluyó Amador.

El ministro indicó que están preparando un proyecto de ley que permita al MOPT intervenir rutas nacionales de montaña sin la necesidad de los avales emitidos por el Minae.

La intención es que la cartera pueda efectuar trabajos en 200 metros sobre la red vial estratégica (100 metros a cada lado de la vía).