Informe alerta sobre incremento de violencia del Gobierno hacia periodistas

Un reciente informe sobre la libertad de prensa y expresión en Costa Rica señala un aumento de la violencia contra el trabajo de periodistas, principalmente en los dos últimos años de la Administración Chaves Robles.

El reporte "Libertad de Expresión en Costa Rica" que fue elaborado por la Universidad para la Paz, refleja un incremento de la violencia de parte del Gobierno contra periodistas en el 2023.

La jurista internacional Mariateresa Garrido, coordinadora de la Oficina de Asistencia Legal para periodistas en Costa Rica, quien tuvo a cargo la supervisión del reporte, indicó como los comunicadores en el país experimentaron ataques verbales y físicos e incluso la intimidación de medios judiciales, para limitar su trabajo.

Los motivos principales para atacar a los periodistas fueron aquellos que buscaron la divulgación de información sobre posible corrupción gubernamental, divulgación de información considerada crítica al Gobierno, y cobertura de hechos noticiosos.

Garrido explicó que el año pasado la iniciativa denominada: "Asistencia Legal para Periodistas en Costa Rica", brindó respaldo legal a 24 periodistas: 19 hombres y 5 mujeres, lo que refleja la dinámica comunicacional que vive el país actualmente.

El informe resalta, además, como el país se ha convertido en receptor de periodistas nicaragüenses y salvadoreños que han tenido que migrar para poder seguir reportando lo que ocurre en sus naciones.

"Las amenazas que reciben los periodistas no están limitadas a ataques verbales o físicos, sino el uso de nuevas tecnologías para limitar la libertad de expresión y el uso de mecanismos judiciales para silenciar a periodistas", comentó Garrido.

Explica que los ataques verbales hacia los periodistas se traducen en ataques físicos.

Varios periodistas de distintos medios de comunicación esperaba la salida de la jerarca para informar del hecho, y un grupo de manifestantes adeptos del presidente Chaves, encabezados por una mujer de apellido Quirós, obstaculizaron la labor de la prensa abriendo sombrillas para evitar las tomas de las cámaras o incluso empujando a los periodistas.

La mujer, señalada como la líder del movimiento, incluso hizo un "en vivo" en sus redes sociales, donde lanzó insultos a la prensa.

"Quiten a esos animales, quiten a esos salvajes, doña Marta estamos con usted, quítense salvajes, jueputa esa gente son como animales", refería Quirós a los periodistas.

Caso crhoy.com

El reporte apunta en una de sus conclusiones que "es posible afirmar que uno de los medios más afectados en 2023 por ataques verbales fue crhoy.com".

Se apunta ejemplos concretos como ataques que periodistas de este medio han sufrido por parte del Gobierno, como fue el caso del periodista Jason Ureña.

El informe hace un recuento de lo ocurrido el 9 de enero de 2023, cuando el presidente, Rodrigo Chaves, descalificó a periodistas durante una conferencia de prensa a propósito del pago a un troll por la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón.

Chaves calificó entonces como "sicarios políticos" a los periodistas de crhoy.com, La Nación y Telenoticias.

Ureña interpuso un recurso de amparo el 18 de enero ante los ataques verbales recibidos.

En particular, cuestionó las declaraciones de la exministra Chacón, quien indicó: "Si ha leído la palabra maldito desde el término que yo la uso, y si usted busca, significa una persona perversa, que distorsiona la realidad y eso es don Jason Ureña para mí".

En virtud de esto, en el recurso de amparo, Ureña acotó que el discurso emitido por los altos funcionarios "sobrepasa por mucho los límites del debate democrático y que constituye un ataque furibundo a la libertad de expresión, por cuanto genera un efecto amedrentador, atemorizador, que provoca autocensura".

El 23 de mayo de 2023, la Sala Constitucional condenó las declaraciones de Chaves y de Chacón y ordenó al Estado el pago de costas, daños y perjuicios.

Las magistraturas afirmaron en la sentencia que "ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos".

Adicionalmente, la Sala Constitucional, siguiendo criterios esbozados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que "la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa, de ahí que por unanimidad los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo únicamente para efectos indemnizatorios".

Falsa acusación

El informe resalta como el Gobierno incluso atacó no solo a los periodistas en particular, sino a los dueños de medios de comunicación "para desprestigiar empresarios", como fue el caso del presidente de la Junta Directiva de crhoy.com, Leonel Baruch.

Señala el reporte lo ocurrido el falso caso de fraude fiscal, atribuido a Baruch y que el ministerio de Hacienda, hizo público en enero del 2023.

Apunta el informe como el caso inició en 2022, sin embargo, luego de realizar las investigaciones correspondientes, el 22 de octubre de 2022 Hacienda recomendó archivar la denuncia "al señalar que no se podía determinar fraude alguno y que las supuestas pruebas eran 'simples' operaciones comerciales".

"A pesar de la existencia de la decisión de 2022, el Ministro de Hacienda anunció el 'megacaso' el 19 de enero de 2023, ante lo cual el Ministerio Público informó el día 20 de enero que la causa se encontraba con solicitud de desestimación en el Juzgado Penal, y, por consiguiente, no se encuentra en trámite o en investigación, como incorrectamente se informó", resalta el documento.

El tema incluso llegó a la Asamblea Legislativa, donde los diputados llamaron a cuentas al ministro de Hacienda Nogui Acosta que en una segunda audiencia en el plenario reconoció que no existía un informe técnico que validara el actuar del ministerio, sino que además, la información supuesto fraude fiscal, había salido de un video de TikTok.

El informe detalla como este hecho, perpetrado desde el Gobierno, "ejemplifica el uso de procedimientos legales (administrativos y penales) como una forma indirecta de restricción a la libertad de expresión".

"Producen presiones indebidas al principal accionista de dicho medio, y que cuando son analizadas en conjunto, reflejan una situación de hostilidad contra el empresario y contra el trabajo desarrollado por el medio", concluye el informe.

Dicho informe fue posible gracias al apoyo financiero de UNESCO.

El informe completo se puede leer aquí: UPAZ Libertad de Expresion en CR 2023